Defendiendo con vehemencia el acuerdo de paz con las Farc y cuestionando la decisión del presidente Iván Duque de objetar parcialmente la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los partidos de oposición estrenaron en la noche de este martes su derecho de réplica.
El pasado domingo en la noche, el mandatario anunció que objetaba seis apartes de esta iniciativa, los cuales tienen que ver con la extradición de los exintegrantes de las Farc que incumplan sus compromisos ante la JEP, las responsabilidades penales de los máximos responsables de delitos de lesa humanidad y el futuro de quienes reincidan después de firmado el acuerdo de paz, entre otros.
Estas objeciones desataron todo un debate político y jurídico en el país y pusieron el tema de la justicia para los excombatientes nuevamente en la agenda nacional.
Ante este hecho, los sectores opositores al Gobierno Nacional han manifestado sus críticas al jefe de Estado y han expuesto sus argumentos en contra de los reparos presidenciales.
La posición formal de los movimientos políticos opositores al Gobierno Nacional, expuesta en la réplica de este martes en la noche, estuvo en cabeza de la representante a la Cámara por Alianza Verde Juanita Goebertus, quien hizo un balance de los impactos que tiene en el acuerdo de paz los reparos presidenciales.
“La decisión del presidente Duque de objetar apartes de la ley de la Jurisdicción Especial de Paz pone en grave riesgo la separación de poderes, atenta contra la construcción de paz y busca distraer a la ciudadanía de una agenda política nacional que realmente nos una y que nos permita concentrarnos en resolver los principales problemas del país”, afirmó Goebertus.
La congresista, quien tuvo un papel activo en la construcción del acuerdo de paz con las Farc, también afirmó que “no es cierto” que no se genere “un choque de trenes” por cuenta de la decisión del mandatario.
“Por supuesto que hay un choque de trenes. Las seis objeciones del Presidente implican, en la práctica, desacatar una sentencia de la Corte Constitucional”, dijo la congresista.
Sobre las objeciones presidenciales, Goebertus afirmó que la misma Corte Constitucional “ya ha señalado” que “cualquier beneficio penal” para los exmiembros de las Farc “estará condicionado” a la “contribución individual a la reparación de las víctimas”, otra de las objeciones presidenciales.
“La Corte ya ha señalado que en casos excepcionales la JEP puede ajustar los listados de guerrilleros reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, porque la decisión del Gobierno de acreditar o no, no puede comprometer las decisiones de la justicia sobre su competencia en cada caso”, contrargumentó Goebertus sobre otro de los repartos.
Agregó que esta decisión afecta “la construcción de paz” y dijo que “genera gran incertidumbre jurídica entre los excombatientes” y “desestabiliza” los territorios en los que el proceso de construcción de paz es aún “muy frágil”.
“Después de ser percibidos a nivel internacional como un país pionero en procesos de negociación y construcción de paz, Colombia empieza a ser percibido como un país que retrocede. Las demoras en los procesos de investigación, juzgamiento y sanción podrían incluso activar la competencia de la Corte Penal Internacional”, aseguró.
Por último, la congresista envió un mensaje de “tranquilidad” sobre el funcionamiento de la JEP y advirtió que existen otras normas que le permitirán seguir operando mientras se resuelve la suerte de esta norma.
Anunció que los partidos de oposición emprenderán “todas las acciones políticas y jurídicas” a su alcance para evitar que las objeciones "tengan éxito" e invitó a una movilización en defensa de la paz el próximo lunes 18 de marzo.
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