La idea de que las listas al Congreso sean cerradas ha creado históricamente tensión entre los partidos políticos, y la reforma electoral que radicó el Gobierno, y que las propone a partir de 2018, no ha sido la excepción.
El pasado 17 de mayo, cuando la reforma política y electoral se radicó en la Cámara de Representantes, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo dejó claro que este modelo era el único camino para “democratizar a los partidos” y “disminuir los costos que trae el voto preferente” o las listas abiertas.
Sin embargo, el Gobierno también ha dicho que la aplicación de ese esquema desde las próximas elecciones no es un punto de honor y que, dependiendo del debate en el Congreso, se podría modificar la fecha.
Las listas cerradas son aquellas planchas en las que los electores votan por un listado y, dependiendo de la cantidad de votos que obtenga, se van eligiendo miembros a corporaciones públicas.
En este modelo, el nombre de quien tenga el número uno o encabece la plancha es vital para que ‘jale’ a los demás aspirantes, como lo demostró la lista del Centro Democrático al Senado en las elecciones de 2014, la cual fue liderada por el expresidente Álvaro Uribe y eligió veinte senadores.
En las listas abiertas, en cambio, cada candidato tiene su número, y los votantes sufragan por el aspirante de su preferencia. En ese modelo son elegidos quienes más votos obtengan.
Uno de los principales temores de los congresistas a que se cierren las listas es que para las siguientes elecciones tendrían que ocupar el lugar que las directivas del partido les asignen en cada plancha, lo cual, en algunos casos, pondría en riesgo su elección.
Por ejemplo, para competir por el Senado los partidos elaboran listas de cien candidatos, que es el cupo que tiene esa corporación. Si a un aspirante se le asigna el número 75, por decir algo, su elección está más en duda que si tiene el quinto puesto.
Este hecho ha provocado que varios representantes a la Cámara que quieren saltar al Senado hayan congelado sus campañas debido al riesgo de que les asignen números en los cuales no podrían ser elegidos.
Aunque en un principio varios partidos manifestaron su decisión de acompañar el cierre de las listas a corporaciones públicas en 2018, los últimos días a varios les han surgido algunas inquietudes.
El senador y presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, dijo que aunque a su colectividad le “gusta” la idea; la “gran mayoría” de los ‘azules’ la aprobaría, “pero para 2022”.
Las razones del jefe del conservatismo son múltiples: “No están dadas las condiciones, los partidos no están organizados internamente para ello, no hay manera de organizar las listas cerradas –salvo el bolígrafo– y significa cambiar las reglas de juego ya acordadas para 2018”.
Bérner Zambrano, representante a la Cámara y copresidente de ‘la U’, usó los mismos argumentos para explicar la resistencia de varios sectores de su partido al modelo.
“Según las charlas que hemos tenido con varios congresistas, la intención es que no sea para este periodo sino para el que sigue”, dijo el congresista.
Jorge Enrique Vélez, jefe de Cambio Radical, fue más allá. “No vamos a votar la reforma política, ni un solo artículo, y no lo haremos por las listas cerradas, que son una improvisación. El cronograma electoral ya comenzó y no se puede cambiar”, anunció Vélez.
El senador por el Partido Liberal Guillermo García Realpe afirmó que “la mayoría” de su colectividad apoya la aplicación de ese modelo “a partir de las elecciones del 2018”.
“El tema del cambio en las reglas de juego es una inquietud planteada por algunos sectores del partido, pero otros creemos que no violenta en nada los derechos de todos los partidos para los comicios del próximo año”, dijo García.
Por obvias razones, el Centro Democrático se mostró favorable a la idea de que haya planchas cerradas. Su vocero en Senado, Jaime Amín, advirtió, no obstante, que no es seguro que el partido vote la reforma política en el Congreso.
Amín puso en duda que los demás partidos políticos “se den la pela” de aprobar ese esquema. “Queremos ver que voten las listas cerradas. Ver para creer, como santo Tomás”, añadió.
Antonio Navarro, senador por Alianza Verde, manifestó que hay una “discusión interna” en los ‘verdes’ alrededor del tema.
“Hay quienes dicen que no, pero mi criterio y el de un sector es que sí debe haber listas cerradas a partir de 2018”, afirmó Navarro, quien agregó que tiene “la certeza” de que ese punto de la reforma política “no pasará” en el Congreso.
Para Javier Torres, politólogo de la Universidad de los Andes, a los partidos políticos “no les gusta la idea” de las listas cerradas “porque conlleva una disciplina” y “un trabajo que los partidos no están en capacidad de hacer”.
“Las colectividades tendrían que organizar el electorado y a sus candidatos. Llevamos muchos años tratando de organizar eso, sin éxito. Ni los partidos políticos ni el sistema electoral están listos para esto”, expresó el experto.
Así las cosas, el reto para el nuevo ministro del Interior, Guillermo Rivera, es tratar de conciliar las posiciones de los partidos sobre la reforma y que el tema de las listas cerradas desde 2018 no se convierta en la piedra en el zapato para esta iniciativa.
La Comisión Primera de la Cámara será la encargada de iniciar la discusión de la reforma política.
El tema fue un acuerdo entre el Gobierno y las Farc, aunque su contenido fue el fruto de recomendaciones de una misión electoral especial y reuniones con los partidos políticos.
El trámite de esta reforma de la Constitución será por la vía rápida, o ‘fast track’, con la cual se desarrolla lo pactado con las Farc.
Aunque el proyecto fue radicado hace casi dos semanas, su texto no ha sido enviado a la célula legislativa y, por ende, no tiene ponentes todavía.
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