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Los puntos claves del proyecto anticorrupción que radicó el Gobierno
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Los puntos claves del proyecto anticorrupción que radicó el Gobierno

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Protección de los denunciantes y responsabilidad de las personas jurídicas, entre lo planteado 

En la Comisión Primera del Senado este miércoles está previsto que se inicie la discusión, en primer debate, del proyecto por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Es la apuesta del Gobierno para prevenir este delito y enfrentarlo.

¿Cuál es el objetivo del proyecto?
Implementar herramientas que contribuyan a la prevención de los actos de corrupción, fomentar la cultura de la legalidad, la corresponsabilidad, la integridad y el buen manejo de los recursos públicos. Igualmente pretende fortalecer la institucionalidad para tener más y mejores competencias para adelantarse o atacar la corrupción.

 ¿Cómo surgió?
La Vicepresidente de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, inició un trabajo de recopilación y estudio de proyectos de ley que fueron archivados, así como de recomendaciones internacionales y vacíos o falencias legales que impiden un mejor desempeño de las instituciones que luchan contra la corrupción.  Participaron 25 entidades del Estado, con el fin de hacer un trabajo conjunto y coordinado. Cada entidad aportó la solución desde su competencia y conocimiento directo, sobre los temas que requieren una regulación urgente. 

Entre las entidades se encuentran: la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Interior, Ministerio de Educación Nacional. la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Agencia Nacional de Contratación -Colombia Compra Eficiente-, la Unidad Nacional de Protección - UNP y la Auditoría General de la Nación.

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 ¿Cómo se estructura el proyecto?

El proyecto tiene tres grandes pilares: prevención y pedagogía, sanción y fortalecimiento institucional, que se desarrollan en 11 capítulos temáticos y 90 artículos.

Cuáles son los capítulos

1. Medidas de protección para los quejosos, denunciantes o quien informe actos de corrupción.
2. Fortalecimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción.
3. De los sistemas de administración de bienes de la Fiscalía General de la Nación y extinción de dominio.
4. Beneficiarios finales.
5. Sistemas de intercambio de información, articulación y colaboración para la lucha contra la corrupción.
6. Pedagogía para la promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción.
7. Fortalecimiento administrativo para la lucha contra la corrupción.
8. Disposiciones en materia de daño y reparación de los afectados por actos de corrupción.
9. Modificaciones a la acción de repetición.
10. Ajustes al régimen disciplinario para combatir la corrupción.
11. Disposiciones en materia contractual para la moralización y la transparencia.

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¿Qué otras herramientas tiene?

Con este proyecto de Ley se busca fortalecer e implementar herramientas que permitan mayor prevención y pedagogía, estableciendo un sistema que comprende la protección del denunciante, canales seguros de denuncia, programas de transparencia y ética empresarial de obligatorio cumplimiento para todos los sectores, los cuales contienen un fuerte componente de cultura de legalidad e integridad.

También se conocerá quienes son las personas naturales que manejan los hilos de los entramados societarios corruptos. Así como la posibilidad de resarcir a los ciudadanos por los actos de corrupción y el reintegro de los dineros públicos.

Con ello, se promueve la prevención de los hechos de corrupción, la transparencia en las instituciones del Estado y se cierran espacios para cometer hechos ilícitos.

El texto propone que la prescripción de la acción disciplinaria sea de cinco (5) años para las faltas leves y graves

¿Hoy, cuál es el principal obstáculo de la denuncia de actos de corrupción?
El temor a las represalias. 

¿Cómo se busca proteger al denunciante?

Para las personas que entreguen información relacionada con los delitos contra la administración pública, el patrimonio económico, el medio ambiente, el orden económico y social, la financiación del terrorismo y grupos de delincuencia organizada y faltas o infracciones disciplinarias relacionadas con estas conductas y soborno transnacional, el proyecto de ley establece la protección en el ámbito físico y laboral, así como la reserva de su identidad.

 ¿Por qué es necesario establecer la responsabilidad de las personas jurídicas? 


Las empresas, entramados societarios y estructuras sin personería jurídica, no podrán ser utilizados para cometer actos punibles, difuminar la responsabilidad de las personas naturales e imposibilitar las investigaciones de carácter penal y administrativo.

¿En qué caso se sancionará a la persona jurídica?
Cuando exista un fallo condenatorio o principio de oportunidad, en firmes, contra directores, administradores, representantes legales, revisores fiscales u otros funcionarios o empleados, que con su delinquir beneficiaron a las personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en Colombia, a las personas que integren uniones temporales o consorcios, a las empresas industriales y comerciales del Estado, empresas de economía mixta y entidades sin ánimo de lucro.

Incluir a los ciudadanos como víctimas de hechos de corrupción
En la legislación colombiana las víctimas de corrupción son invisibles, aún cuando muchos ciudadanos han sido afectados por estos actos. Por ello, dar un lugar central a los afectados, en el ordenamiento jurídico, debe ser una prioridad del Estado colombiano, máxime cuando esos actos de corrupción, derivan en la vulneración de derechos fundamentales.

 ¿Cuál es el propósito de la ampliación de sanciones por actos de corrupción
Entre otras disposiciones está promover una indemnización efectiva de las víctimas individuales y colectivas de actos de corrupción; y por otro, garantizar que las indemnizaciones por estos actos, sean invertidas en el resarcimiento y restablecimiento de los derechos colectivos.

¿Cuáles son los principales ajustes a la Acción de Repetición?
• Se deben simplifican los supuestos que sirven para las presunciones de dolo y culpa grave.
• Se reduce de seis a tres meses el término previsto en el artículo 8 para ejercitar la acción.
• Se propone ampliar el término de caducidad de la acción de 2 a 5 años con el fin de poder ejercer la acción y recuperar los dineros públicos.
• Para el llamamiento en garantía se propone que no se exija la prueba sumaria de la conducta dolosa o gravemente culposa, y, por el contrario, que sólo sea exigible identificar el o los servidores que desplegaron la acción u omisión respecto de la cual se reclama la responsabilidad en la demanda y la prueba de esta situación.
• Se propone flexibilidad de la entidad pública en torno a una conciliación, que le permita, si ésta se adelanta en el curso de la acción de repetición o de manera prejudicial.
• Con base en lo anterior, se modifica lo relacionado con la conciliación judicial y extrajudicial y se propone un nuevo artículo relacionado con acuerdos de pago

 ¿Qué consecuencias habrá para los contratistas que tengan multas?
Las entidades públicas que adelanten cualquier proceso de contratación, durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual, deberán reducir un punto de la calificación a los proponentes, sea persona natural, jurídica, uniones temporales o consorcios, que registren una o más multas de conminación durante el último año, sin importar la cuantía

* Con información de la Vicepresidencia de la República

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