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Los espinosos casos que se le vienen a la Comisión de Acusación
Gustavo Malo

Gustavo Malo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en su declaración en la Comisión de Acusación de la Cámara.

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Juan Fe

Los espinosos casos que se le vienen a la Comisión de Acusación

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En medio de un agudo ambiente político, la corporación tiene casos que involucran a expresidentes.

La Comisión de Acusación de la Cámara, encargada de investigar a los magistrados, al fiscal general y al presidente de la República, entre otros altos funcionarios, tendrá este año la oportunidad de sacudirse del desprestigio histórico al que ha estado sometida, pues tiene en carpeta procesos de ‘pesos pesados’.

Actualmente, según fuentes de la Comisión de Acusación, en la corporación hay “más de 1.000 procesos” en trámite. Cada representante tiene asignados entre 40 y 60 procesos, muy pocos de los cuales avanzan o no pasan de la etapa preliminar. Pero entre los expedientes figuran nombres como el del expresidente Juan Manuel Santos y del también exmandatario Álvaro Uribe, quien en la historia ha recibido cerca de 40 denuncias ante esta célula legislativa, ninguna de las cuales ha prosperado.

El caso más reciente que se movió en la corporación es del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, quien fue citado por la Comisión de Acusación de la Cámara a rendir versión libre por una investigación que se lleva en su contra por supuestas interceptaciones ilegales al expresidente Álvaro Uribe por parte del alto tribunal.

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Según explicó el representante Mauricio Toro, uno de los representantes investigadores del caso, Barceló será escuchado “hacia el mes de enero”.

También ha tomado impulso en la Comisión el caso por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido hace 25 años. En este proceso fueron citados a declarar en noviembre en noviembre del año pasado el expresidente Ernesto Samper, el senador de la Farc Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Antonio Lozada y la exsenadora Piedad Córdoba.

La línea de investigación del caso está basada en el testimonio del narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, que aseguró que varios políticos estaban involucrados al igual que el asesinado abogado de la mafia Ignacio 'Nacho' Londoño. No obstante, en una carta dirigida a la JEP, las Farc reconocieron su autoría en este magnicidio.

Santos

El expresidente Juan Manuel Santos tiene actualmente una investigación preliminar por presuntos ingresos de dineros a su campaña presidencial, provenientes de Odebrecht. En este proceso fueron llamados a declarar en calidad de testigos al exsenador Bernardo Miguel “Ñoño” Elías, al exsenador Otto Bula, al expresidente Álvaro Uribe, al expresidente Andrés Pastrana, a Roberto Prieto, gerente financiero de la campaña, y a los funcionarios de Odebrecht Luis Antonio Bueno, y Luiz Eduardo Da Rocha.

En la corporación hay más de 1.000 procesos en trámite

Contra el exmandatario llegó también una denuncia en diciembre del año pasado en la que se pide que se le investigue por seis presuntos delitos que habría cometido al supuestamente omitir las cartas que le envío el exfiscal Néstor Humberto Martínez, en las que le advertía que miembros de las Farc seguían delinquiendo después de la firma del Acuerdo de Paz.

Otro de los casos que se ha venido moviendo es que el que lleva contra el presidente Iván Duque por el caso de la 'Ñeñepolítica'. En este proceso, ya se escuchó la ampliación de denuncia de parte del representante Fabián Díaz, quien fue el que pidió investigar al jefe de Estado.

La célula legislativa indaga por una serie de audios del extinto ganadero y señalado narcotraficante José 'Ñeñe' Hernández, en los que se investiga si se habla de una supuesta compra de votos para la campaña del presidente Iván Duque.

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Contra Duque también hay otra línea de investigación, tras denuncia interpuesta el año pasado por el congresista David Racero, basándose en las declaraciones hechas por la excongresista Aída Merlano desde Venezuela, donde señaló supuestos vínculos entre esa campaña y una supuesta red de compra de votos.

Otro de los nombres que figura entre los denunciados es el del fiscal general, Francisco Barbosa, a quien el representante Mauricio Toro pidió que se le investigue por el viaje que hizo a San Andrés en plena época de confinamiento producto del covid-19.

Desprestigio

En las últimas décadas, hasta antes de 2016, solo un caso de los aforados había pasado del Senado a la Corte Suprema, y solo dos más habían logrado llegar a la plenaria de la Cámara.

El primero fue el del general Gustavo Rojas Pinilla (presidente entre 1953 y 1957), a quien el Congreso declaró indigno por abuso de autoridad y concusión en 1959, pero siete años después fue absuelto y se le restituyeron sus derechos.

Los otros dos hacen referencia al del expresidente Ernesto Samper por el llamado proceso 8.000, quien fue absuelto por la Cámara en pleno, y otro es del exministro Humberto Salcedo, quien en esa misma instancia se libró de la acusación por irregularidades como servidor público.

El desprestigio llegó a tal punto que en 2015, en la reforma del equilibrio de poderes, la Comisión de Acusación había sido reemplazada por un tribunal de aforados, pero un año después la Corte Constitucional la revivió al considerar que hubo un vicio de trámite al discutir esta propuesta.

Desde 2016 y hasta 2019 hubo un despertar de la Comisión de Acusación, pues tres exmagistrados se tuvieron que enfrentar a una acusación de esta corporación, dos de los cuales perdieron su fuero y tuvieron que ir a juicio penal en la Corte Suprema de Justicia.

El caso más reciente es el del exmagistrado Leonidas Bustos, investigado por el ‘cartel de la toga’, cuyo caso ya está en las manos de la Plenaria del Senado, y de ser vencido en esta corporación, podría perder su fuero y ser investigado por la Corte Suprema.

En 2019, se dio un hecho pocas veces visto en el país: la captura del exmagistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo, cuyo caso, por el ‘cartel de la toga’, se inició en la Comisión de Acusación, de donde luego de surtir el proceso llegó a la Corte Suprema, tribunal que ordenó su captura.

El otro caso que llegó al alto tribunal, iniciado en 2016, fue el del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, también acusado de corrupción.

POLÍTICA

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