Este domingo se votará la consulta anticorrupción. En Colombia están habilitados para sufragar 36, 4 millones de personas.
Son siete preguntas las que votaran los colombianos a favor o en contra. EL TIEMPO le presenta los puntos claves para tener en cuenta.
1. Reducción del salario de congresistas y altos funcionarios del Estado:
Pretende reducir el salario de los congresistas de 40 salarios mínimos legales vigentes a 25. Aunque algunos juristas alegan la inconstitucionalidad de esta pregunta, otros coinciden que en caso de aprobarse esto serviría para presionar al Ejecutivo con el fin de que se disminuyan los salarios de altos dignatarios del Estado.
2. Sin casa por cárcel para corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado:
Busca que quienes sean hallados como culpables de delitos asociados a la corrupción no puedan acceder al beneficio de casa por cárcel ni puedan celebrar nuevos contratos con el Estado. Actualmente los únicos que no pueden pedir casa por cárcel son quienes cometen delitos contra menores de edad.
3. Contratación transparente obligatoria en todo el país:
Se busca obligar a las entidades del Estado a adoptar los llamados pliegos tipo en la contratación pública. Actualmente es obligatorio para la contratación de obras públicas, pero esto haría que se aplicara a todos los demás contratos del Estado.
4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía:
Se plantean audiencias en las que “la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y la priorización del presupuesto”. El debate en torno a esta pregunta está en el uso de la palabra “decisión”, pues actualmente no es posible que se decidan temas presupuestales a partir de consultas.
La conformación de fuerzas políticas en la Comisión Primera del Senado
Leonardo Vargas. Prensa Senado.
5. Congresistas deberán rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión:
El parágrafo 2 del artículo 14 de la Ley 1147 obliga a los congresistas a rendir cuentas sobre sus funciones legislativas (debates adelantados, proyectos de los cuales fueron autores y ponentes). Sin embargo, esta pregunta busca que además sea obligatorio presentar su declaración de renta y sus respectivas actualizaciones.
6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinción de dominio:
La pregunta busca que para posesionarse, los elegidos hagan público sus bienes y conflictos de interés, entre otros; que se les investigue penalmente de oficio cuando haya lugar y sus bienes se puedan extinguir.
7. Máximo tres períodos en corporaciones públicas:
La Constitución actual no prohíbe la reelección de los congresistas ni señala un periodo máximo para los cargos en corporaciones públicas. Sin embargo, algunos abogados plantean que esta, al igual que la primera pregunta, no podría decidirse en una consulta popular, pero sí podría ser una presión para el ejecutivo.
Para que la Consulta Anticorrupción sea válida se necesita que al menor el 30 por ciento del censo electoral.
Archivo particular
-Reposición de votos:
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, dijo que “no hay devolución de recursos, no hay anticipos, ni reposición de votos. No es cierto que le vayan a dar dinero a alguna organización política. Los movimientos que promueven la consulta anticorrupción lo hacen sin ningún origen de recursos del Estado”.
-Reducción del salario mínimo:
La consulta no reducirá el salario mínimo. Este se define a través de una consulta popular si no a través de una concentración cada año entre el Gobierno Nacional, empresarios y trabajadores. Si no hay concertación, el Gobierno lo hace por decreto.
Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), se inscribieron 34 comités promotores para la consulta. De esos 33 van por el ‘Sí’, no hubo inscritos por el ‘no’ y uno por la abstención.
Por el ‘Sí’ van comités de Barrancabermeja (Santander), Cali (Valle), Tocancipa (Cundinamarca), Barranquilla (Atlántico), Medellín (Antioquia), Popayán (Cauca), Apartadó (Antioquia), Villamaría (Caldas), Malambo (Atlántico), Manizales (Caldas), Valledupar (Cesar), Espinal (Tolima), Bogotá, Funza (Cundinamarca), Usiacuri, Bucaramanga (Santander), Piedecuesta (Santander), La Dorada (Caldas), Anserma (Caldas) y Pitalino (Huila).
Los promotores de la consulta consideran que no será difícil conseguir cerca de 15 millones de votos.
@angelicalozanoc
Por la abstención solo está un comité en Yopal, Casanare, denominado ‘Unidos por la verdad constitucional’.
¿Por qué vale tanto hacer una consulta?La consulta costará 310.479 millones de pesos. El costo será 30.000 millones más que para el plebiscito del 2016 y 270 mil millones más que la consulta del partido liberal de noviembre de 2017.
Según el abogado de la Universidad Libre Diego Murillo, “el pliego de esta consulta es mucho más grande que la de otras consultas” y esta sería una de las razones para justificar el elevado costo.
Según anunció en junio el registrador nacional Juan Carlos Galindo, la realización de esta consulta “equivale a algo más complejo que una elección presidencial porque son siete preguntas que tienen que contarse y verificarse, con el fin de que cumpla las condiciones legales en cada caso”.
En este caso se tendrán en cuenta dos umbrales distintos. Por un lado está el de participación. Es decir, la cantidad de votos que se necesitan para que la consulta sea válida.
En este caso, se exige que se alcance la tercera parte del censo electoral, lo que corresponde a más de 12 millones de votos depositados en las urnas. Cada persona significa un voto, independientemente de qué opción haya marcado y por cuántas preguntas haya votado.
El segundo umbral es el de aprobación. En este no se tienen en cuenta los votos anulados ni los no marcados. Para que cada pregunta sea aprobada, al menos la mitad más uno de los votos deben ser positivos.
Es decir, es probable que una vez superado el umbral de participación, se aprueben unas preguntas y otras no.
La tercera parte del censo electoral corresponde a más de 12 millones de votos.
Vanexa Romero / EL TIEMPO
El debate en torno a la constitucionalidad o no de algunas de las preguntas de la consulta está basado en que a través de un mecanismo de votación popular no es posible modificar la Constitución Política y según algunos expertos esta iniciativa buscaría cambiar cosas estipuladas en la carta.
Según Jefferson Dueñas, un demandante de la primera pregunta, la Consulta iría en contra a lo que se estipula en la Ley 134 de 1994 “que prohíbe realizar consultas populares sobre temas que impliquen modificar la Constitución Política, en este caso el artículo 187” y se refiere al salario de los congresistas.
El exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández añade a este argumento que la primera pregunta, por ejemplo, necesariamente implicaría una reforma constitucional que debería hacerse a través de un acto legislativo en el Congreso, un referendo o una Asamblea Constituyente.
Claudia López, una de las promotoras de la iniciativa, dijo que "la clase política y los corruptos están cruzando los dedos para que no logremos los 12 millones de votos que obliguen al Congreso a hacer las Leyes que cumplan los 7 mandatos de la consulta anticorrupción".
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