El presidente Iván Duque sancionó la ley que establece límites al uso de objetos electrónicos en las instituciones educativas del país.
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Según el autor de la iniciativa, el representante por el Partido Liberal Rodrigo Rojas, el proyecto pretende garantizar la inmersión segura de niños, niñas y jóvenes en las nuevas herramientas tecnológicas.
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“Con esto vamos a garantizar la seguridad, la salud, la vida de nuestros niños y evitar los riesgos que hoy corren por un uso inadecuado de estas herramientas sin ningún tipo de límite ni supervisión”, afirmó el representante Rojas.
La norma parte de la base de que “el uso adecuado de las herramientas tecnológicas es una responsabilidad compartida entre el Estado, los establecimientos educativos y los padres de familia”, según el texto de la ponencia discutida en la Cámara de Representantes.
La ley ordena que el Ministerio de Educación establezca la reglamentación necesaria en esta materia, que deberá ser adoptada por las instituciones educativas.
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Dichos establecimientos también incluirán las nuevas disposiciones en los manuales de convivencia, así como en los mecanismos que posibiliten un uso adecuado de las herramientas TIC.
Adicionalmente, la medida faculta de manera excepcional a los establecimientos educativos para que, previo aval del comité escolar de convivencia y el consejo directivo, puedan restringir el uso de dispositivos de telefonía móvil en determinados horarios o lugares.
No obstante, aclara el texto de la ponencia, en cualquier caso, “se garantizará el derecho a la comunicación que establece la libre opción que tiene toda persona de establecer contacto con otras mediante el uso directo del lenguaje, la escritura o los símbolos, o por aplicación de las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones”.
Asimismo, el representante Rojas resaltó que siempre se garantizará el derecho de los estudiantes a la comunicación.
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La ley contempla algunas sanciones en relación con la omisión, el incumplimiento o retraso en la implementación de la Ruta, las cuales se sancionarán de acuerdo con lo establecido en el Código General y de Procedimiento Penal, el Código Único Disciplinario y el Código de la Infancia y la Adolescencia. En este mismo sentido, las entidades territoriales certificadas podrán sancionar a las instituciones educativas de carácter privado que incumplan con la ley.
Las sanciones podrán ir desde una amonestación pública que será fijada en lugar visible de la institución educativa hasta la cancelación de la licencia de funcionamiento.
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