En promedio, cada cinco días se aprueba una nueva ley en Colombia

En promedio, cada cinco días se aprueba una nueva ley en Colombia

Es costumbre que para cada nuevo problema surge una ley. En el último año se aprobaron 69 normas.

Congreso

Solo el último año fueron radicados en el Congreso 362 proyectos de ley y reformas constitucionales.

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César Melgarejo. Archivo EL TIEMPO

Por: Javier Forero Ortiz
26 de julio 2020 , 10:43 p.m.

En Colombia se ha vuelto costumbre que para cada nuevo problema, hay una ley. A tal punto que el país se ha visto ‘sepultado’ por decenas y decenas de nuevas leyes que ingresan al ordenamiento jurídico para ‘normatizar’ la vida cotidiana de los ciudadanos.

Por ejemplo, en el último año, entre julio de 2019 y junio de 2020, se aprobaron 69 nuevas normas en el Congreso, entre ellas cinco reformas constitucionales. Es decir, en promedio, cada cinco días se aprueba una nueva ley.

El fenómeno se debe a que, como lo dijo el profesor y abogado Hernán Olano, “existe el problema de medir a los congresistas por el número de proyectos presentados y la cantidad de iniciativas aprobadas, pero no por la eficacia de estas”.

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Solo el último año fueron radicados en el Congreso 362 proyectos. Y esta semana, cuando arrancó la nueva legislatura del Congreso, fueron radicados cerca de 50 nuevos. Y vendrán más, pues el Centro Democrático anunció que este semestre radicará 138 proyectos. ¿Qué tan conveniente es ese volumen normativo en un país en el que muchos ciudadanos se suelen pasar por la faja las normas?

“Las leyes no cambian el mundo. Algunas veces son más una forma de evasión que un instrumento para la solución de los problemas”, dijo recientemente el rector de los Andes, Alejandro Gaviria, durante un discurso de grado. 

El profesor Olano, durante su paso por la Universidad de La Sabana, publicó un informe en el que asegura que el 30 por ciento de las normas tramitadas cada año por el Congreso son “inútiles”, entre estas las leyes de honores. Entre 2010 y 2017 se aprobaron más de 100 leyes de este tipo, que buscan, por lo general, exaltar a ciertas personalidades.

El jurista llama la atención sobre estas porque generan un compromiso económico y obligan a la Nación a realizar publicaciones o construir monumentos. Miles de millones de pesos se tienen que destinar para su cumplimiento.

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“La ley se ha convertido en parte del discurso político: en los procesos electorales, parte de las promesas, incluso así no sea para el Congreso, proponen generar una ley y los electores consideran que ello es válido”, indica el Ph. D. en Derecho de la Santo Tomás Jairo Angarita.

En esto coinciden algunos congresistas, quienes se cuestionan sobre la eficacia de algunas leyes aprobadas.

“Hay que dejar de ver al Congreso como una fábrica de leyes. Se debe trabajar para que las leyes que salgan no sean reformas sobre lo mismo de lo mismo, sino que ataquen las razones por las que en Colombia tenemos pobreza, marginalidad y ausencia de empleo”, expresó el representante César Lorduy, quien se preguntó: “¿Cuántos nuevos puestos de trabajo se generaron con las leyes aprobadas?”.

La tendencia reformista llevó a que Colombia sea uno de los países que más reforman su carta política. Desde 1991, la Constitución ha sido modificada 56 veces, se han reformado 110 artículos de los 380 que contiene. Es decir, los legisladores, en menos de 30 años, ya modificaron una tercera parte de la carta política.

Estados Unidos, con una Constitución de 230 años, registra apenas 27 reformas; Bélgica, con 186 años, muestra solo 13 modificaciones; México, con 100 años, reporta 77 ajustes.

“Este exceso de reformas a la Constitución indica la inestabilidad política y la relativización de la norma fundamental”, expresó el constitucionalista Juan Manuel Charry en un artículo publicado en Razón Pública.

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Lo más preocupante es que, a pesar de este volumen normativo, los ciudadanos poco cumplen la ley.

Así lo demuestra el estudio ‘Cultura de la legalidad en servidores públicos y ciudadanos’, de la Universidad Javeriana, según el cual 45,8 por ciento de las personas creen que el entorno legal y la autoridad no son eficaces. Y solo el 59 por ciento consideran que las autoridades investigan los actos ilegales.

La ley se ha convertido en parte del discurso político: en los procesos electorales, parte de las promesas, incluso así no sea para el Congreso

Errores costosos

Este afán ‘reformista’ conduce a que, en ocasiones, se comentan errores que pueden llevar a que se caiga una norma. Por ejemplo, en el 2000, el Congreso aprobó una reforma para cambiar el nombre de la capital del país de Santa Fe de Bogotá a Bogotá D. C. Esto exigió que se tuviera que cambiar papelería oficial, placas de carros y las vallas de la Administración Distrital. Todo se hizo según la norma, excepto por un detalle particular.

Los congresistas modificaron el artículo 322 de la Constitución, que hace referencia a la capital del país, pero se les olvidó cambiar el artículo 324, en el que también se hace referencia al nombre de la ciudad.

Más preocupante resultó un error cometido el año pasado, cuando durante la aprobación de la ley que eliminaba más de 10.000 normas obsoletas que había en el ordenamiento jurídico, a los legisladores y al Gobierno se les fue en este paquete la Ley 600 del 2000, que contiene el código de procedimiento del antiguo sistema penal, con el cual la Corte Suprema lleva expedientes claves como el del magnicidio de Luis Carlos Galán. La ley fue objetada.

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A esto se suma que, a veces, los legisladores caen en el llamado ‘populismo legislativo’ y aprueban normas que generan altos gastos para el Estado. Así ocurrió con dos proyectos aprobados en 2018 que disminuían las semanas de cotizaciones para las mujeres que ganaran menos de dos salarios mínimos y bajaban los aportes a salud de los pensionados. Esto le costaba al país 5 billones de pesos al año.

Esta ‘reformitis’ no solo aqueja al Congreso, también son muchos los casos de alcaldes y gobernadores que buscan solucionar cada problema con decretos. En algunos municipios se han emitido normas para prohibir la circulación de burros, el uso de alpargatas o para sancionar a quienes no icen la bandera.

Lo anterior no implica que el Legislativo no apruebe leyes valiosas y que han significado avances claves para el país, entre las que están, por ejemplo, la ley de víctimas y restitución de tierras y la que crea los llamados pliegos tipo, considerada como una gran herramienta para combatir la corrupción.

Pero la reflexión de fondo es, como lo señaló Angarita, “si merece un país como el nuestro demandar tantos esfuerzos económicos e institucionales para dictar un marco jurídico que no parece cumplir su propósito”.

Otras normas extrañas
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En 2014, en algunos corregimientos de Montería se prohibió la circulación de burros. 

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CEET

La ‘reformitis’ aguda no solo se presenta en el Congreso. La ‘moda’ de solucionar cada problema con una norma también está presente a nivel municipal.

Por ejemplo, en 2013, Roberto Carlos Celedón, entonces alcalde de Baranoa, Atlántico, anunció un decreto para prohibir que la gente se muriera en el pueblo. El cementerio no tenía más espacio para los difuntos. Pretendía que quienes estaban próximos a irse de este mundo debían “mudarse del municipio”, so pena de pagar una multa. Al final, el municipio consiguió los recursos para adecuar un nuevo campo santo, con lo que se evitó el decreto.

Hace poco, la alcaldía de Aguazul, Casanare, emitió un decreto en el que anunciaba multas de entre cinco y diez salarios mínimos a quien “no ice la bandera nacional en lugar visible al público”en la conmemoración del 20 de julio.

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Más curiosa resultó una norma expedida en Montería en 2014. Para el partido del Mundial de Fútbol de ese año entre Colombia y Brasil se prohibió la circulación de burros, pues el animal fue señalado como responsable de los accidentes de tránsito.

JAVIER FORERO ORTIZ
Redacción Política
gerfor@eltiempo.com

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