Reducir el salario de los congresistas, fortalecer las medidas para que los legisladores rindan cuentas y endurecer los castigos contra la inasistencia en el Congreso son algunas de las iniciativas que han hecho tránsito por el Senado y la Cámara para meter en cintura a los parlamentarios todas con un hecho en común: no han superado el trámite para convertirse en ley.
El ausentismo parlamentario y el alto salario que devengan los legisladores son las mayores críticas que la ciudadanía constantemente expresa sobre el Congreso.
Según la más reciente encuesta Pulso País de Datexco, el Legislativo es una de las instituciones peor calificadas, con un 73 por ciento de imagen desfavorable.
Uno de los proyectos que busca reformas en el Congreso, pero que está a punto de hundirse, es el que endurece los castigos contra los congresistas que se ausenten de los debates sin justa causa.
Su hundimiento es casi un hecho, pues aún debe superar dos debates en la Cámara de Representantes antes de que finalice la actual legislatura, el próximo 20 de junio.
El proyecto fue presentado en el 2015 por la bancada del Centro Democrático. Desde entonces, solo ha superado dos de los cuatro debates necesarios para convertirse en ley, en parte porque la discusión de este proyecto tuvo que ser aplazada varias veces, precisamente por la inasistencia de los legisladores a las sesiones.
Presentar proyectos para disminuir el sueldo de los congresistas se volvió casi que un lugar común, pero hasta el momento ninguna de estas iniciativas ha prosperado.
Prueba de ello fue lo que ocurrió en noviembre del año pasado con un proyecto de reforma constitucional impulsado por la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, el cual buscaba bajar la mesada que reciben los legisladores "de 40 a 25 salarios mínimos”.
La iniciativa se empantanó en la Comisión Primera del Senado debido a que 7 de los 19 legisladores que componen esta corporación se declararon impedidos para discutir el proyecto.
Entre las razones que presentaron los congresistas para declararse impedidos se encontraba un posible conflicto de interés, por tratarse de una decisión que los afectaba directamente, ya que se trata de su propio sueldo.
La misma suerte corrió el proyecto de transparencia legislativa, que obligaba a los congresistas a publicar su hoja de vida, sus conflictos de intereses, una lista de asistencia a los debates, así como un informe detallado de sus viajes internacionales.
La iniciativa, impulsada por la representante a la Cámara Angélica Lozano, se hundió en junio del año pasado a falta de un solo debate, debido a que en ese momento se le dio prioridad a la discusión del Código de Policía.
El proyecto fue presentado nuevamente el 20 de julio del año pasado pero por un voto –necesitaba 18 votos a favor y obtuvo 17– se hundió en la Comisión Primera de la Cámara.
Debido a estas situaciones, algunos congresistas y ciudadanos han optado por acudir a otros mecanismos, como la recolección de firmas, para obligar al Congreso a autorreformarse.
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