¿La ley interpretativa de la JEP sería la primera antipolarización?

¿La ley interpretativa de la JEP sería la primera antipolarización?

‘Había que arrancar por aceptar que desconfianza del Presidente era respetable’: senador Velasco.

Luis Fernando Velasco

Luis Fernando Velasco ha sido senador durante tres periodos, desde el 2006, pero ha estado en el Congreso desde hace 24 años.

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Ana María García / Archivo EL TIEMPO

Por: María Isabel Rueda
10 de junio 2019 , 06:21 a.m.

Prepara usted una ley interpretativa para aclarar un artículo de la JEP. ¿Fue suya la idea?

No. La saqué de un artículo de Héctor Riveros en el que decía: “Si el temor es la interpretación de la JEP, ¿por qué no vamos a una ley interpretativa?”.

Una propuesta ingeniosa del constitucionalista Riveros…

Sí. Y confieso que a pesar de los 24 años que llevo en el Congreso…

¿24 años ya? ¡Un Ph. D.!

Pues sí. Con toda esa experiencia legislativa yo recordaba leyes interpretativas cuando aclaraban normas tributarias, pero nunca había estudiado esa modalidad para interpretar una ley estatutaria, como es la que crea la JEP. ¡Encontré un universo superinteresante de jurisprudencias!

Según De la Calle, este era el mejor acuerdo posible; sin embargo, quedan muchas cosas para interpretar, como lo demuestra esta ley interpretativa…

¿Cuál es el problema? La polarización del país ha llegado a tal extremo que nos hemos olvidado de cuál es la esencia de la política. Creemos que consiste simplemente en derrotar al adversario. Pero la política es más un instrumento para acercar a las sociedades, respetando las diferencias. En el debate sobre las objeciones, yo vi al Congreso, particularmente al Senado, que se preparaba como en dos ejércitos. ‘Voy a demostrar –decían unos– que esos señores que aprobaron la JEP son unos bandidos, narcoterroristas, ta, ta,ta, ta, ta’. Y los otros, ‘vamos a demostrar que ahí lo que hay son unos ‘paracos’ que quieren acabar la paz’. A nadie se le ocurrió pensar ‘bueno, ¿cuál es el problema y cómo lo podemos resolver?’.

Encontrar un punto medio….

El problema es de desconfianza. Uno tiene que arrancar por reconocer que la desconfianza del Presidente, del entonces Fiscal y de las bancadas de Centro Democrático era una desconfianza respetable.

¿Y la confianza del otro grupo, del cual usted hace parte, de que eso estaba lo suficientemente aclarado?

Pues nuestra confianza en que las cosas estaban bien también era respetable. Nadie quiere que se cuelen narcos, ni el Gobierno que expidió la norma ni el Congreso que la aprobó. Entonces venga, interpretemos auténticamente cuál es el alcance que el operador judicial, o sea, la Corte y la propia JEP, le tiene que dar a lo que nosotros quisimos hacer.

En sus motivaciones dice ‘interpretar la ley estatutaria de la JEP, pero además tender puentes entre quienes se opusieron al acuerdo de paz y quienes lo apoyaron’. O sea, ¿esta ley tiene esos dos propósitos?

Claro. Los colombianos tienen gran variedad de problemas. Y la clase dirigente se ha quedado en el mismo debate de los últimos ocho años. Con el dólar a 3.300 pesos, deberíamos estar dedicados a traer turistas, exportar comida; hacer un mundo de cosas.

¿Es capaz esa ley de devolverles la confianza a las partes que están tan polarizadas?

Yo creo que sí. Y le voy a contar una infidencia. Cuando se realiza la votación de las objeciones del Presidente en el Senado y son derrotadas, me llamó el exfiscal Néstor Humberto Martínez y me dijo: ‘A ver, venga cuénteme despacio cómo es lo de la ley interpretativa’. Me reuní y le conté, y me dijo: ‘Eso puede resolverlo’. Entiendo yo que él hizo varias averiguaciones, no solo en español, sino también en inglés. Y le dijeron que esa es la salida. Comenzó a acercar a los sectores. Nosotros ya habíamos hecho un avance, con los alternativos e independientes. Entonces fui a hablar con el Presidente y le dije: ‘Aquí tenemos un instrumento que puede ser muy útil’.

Pues la verdad, por fin a alguien se le ocurre hacer algo para conciliar dos opiniones tan distantes…

Le dije: ‘Presidente, este instrumento es valioso, pero mucho más en sus manos. Convoque usted. Este no es el gran acuerdo nacional. Es el primer paso, y este país necesita darlo’. En noviembre habíamos logrado otro acercamiento de las opiniones, pero se hundió en la Comisión Primera. También convocados por quien le habla, logramos sentar a la oposición y al partido de gobierno a hacer un acuerdo sobre la JEP, el cual era que en lugar de crear nuevas salas, aumentáramos en 16 el número de magistrados, con un origen distinto a los actuales, y lo firmamos todos. No porque yo descalifique el origen de los actuales, pero sí considero que la JEP tiene un problema político, por lo que una parte del país insiste en desconocerla.

Es más, creo que son menos los que la quieren desconocer y más los que quieren ajustar…

Lo que no podemos es cerrarnos a la banda con el argumento de que es una obra perfecta y que, por lo tanto, no se toca. Más bien hay que preguntar cuáles son esos temores, para ir resolviéndolos.

¿Y qué pasó con la iniciativa?

Que se debatió el mismo día de la definición del acto legislativo para las curules para las víctimas y, claro, la agresividad de ese debate reventó el acuerdo.

¿Qué es lo que pretende esta ley interpretativa?

El artículo 150 de la Constitución dice que el Congreso, mediante las leyes, puede interpretar, reformar o derogar las leyes. Entonces yo me quedo con lo de interpretar y busco el alcance en la jurisprudencia, que es bastante copiosa, de la Corte Constitucional, que dice que cuando se quiere enviar un mensaje a un operador administrativo o a un operador judicial sobre cuál es el espíritu del legislador, lo que tiene que hacer es interpretar auténticamente cuál es ese alcance. El instrumento es una ley que debe tener la misma categoría de la norma que interpreta.

Es decir, ¿sería ley estatutaria?

Claro, porque está interpretando una ley estatutaria. La ley interpretativa no puede ni aumentar, ni derogar ni cambiar el sentido de la ley que está interpretando. Simplemente interpreta el alcance de lo que usted quiso hacer con esa norma, luego las dos normas se fusionan como si fuera una sola y fin del debate.

El miedo de los enemigos de ese artículo de la JEP es que se cuelen personas que quieren evitar la extradición con un ofrecimiento de verdad, así sea mínimo…

Sí. Y no es un miedo menor.

Pero ¿usted cree que esa aclaración es necesaria?

Yo creo que no. La sentencia de la Corte Constitucional, más que la ley, aclara mucho las cosas.

Entonces, ¿para qué ponerse en este trabajo?

Porque es que la mitad del país tiene ese temor, y yo tengo que respetarlo y darle una salida.

O sea, ¿más que un esfuerzo legislativo, es una fórmula política de entendimiento?

Claro. El Congreso tiene que construir salidas políticas a problemas políticos. Hoy el problema, más que judicial, es político. Es un problema de desconfianza. La mitad del país no le cree a la otra mitad. Lo que tenemos que hacer es buscar puntos de acuerdo. Si usted tiene ese temor, se lo respeto, y se lo resuelvo así.

Pero la otra parte dirá que por ahí van a meter otras cositas para acabar con la JEP…

¡No! Ya me lo han dicho.

¿Qué seguridad tiene usted de que a través de esta ley interpretativa no se toquen otros artículos que siguen necesitando interpretación?

La ley interpretativa tiene que referirse al tema que queremos arreglar. No es para arreglar los problemas políticos del país, sino para quitar el temor en el tema de extradición, y estaremos dando el primer paso para descubrir que sí somos capaces de ponernos de acuerdo en algunos temas.

Pero, así como hay esta ley interpretativa, se pueden presentar otras leyes interpretativas sobre otros artículos…

Pero pongámonos de acuerdo primero en una y veamos que funciona. Hasta el Código de Policía puede ser objeto de futuras leyes interpretativas para que no se abuse de la gente.

Es que fueron cinco más los artículos objetados por el Presidente, como usted dice, por desconfianza en su eficacia…

Porque la polarización es de tal grado que si yo trato de resolver todo en una norma, no resuelvo nada. Comenzaremos por definir cuáles son esos terceros que pueden acudir a rendir su verdad ante la JEP. No es un temor menor el de los colados, porque ha pasado en otras circunstancias, como en la ley de Justicia y Paz. Que en la JEP se cuelen unos traquetos para arreglar sus problemas tendría dos efectos malos: un desestímulo a la persecución de esos señores y, segundo, dañar unas relaciones que se tienen con nuestro principal aliado comercial; yo no lo veo tanto como un asunto de subordinación política, sino, hombre, de cómo nos vamos a tirar el mercado con Estados Unidos.

¿Cuáles son los terceros que pueden acudir vía este artículo ante la JEP?

Solo los que dice la sentencia de la Corte Constitucional, que es clarísima. Los militares, los agentes del Estado que estén involucrados en el conflicto y los particulares que cometieron delitos en el marco del conflicto y estén aportando verdad, pero esos delitos tienen que haberse cometido antes de la firma del acuerdo de paz, o sea, del primero de diciembre de 2016.

¿Quién mide si el grado de esa verdad es suficiente para aceptarlos, para que apenas con un poquito de verdad no se brinquen la extradición?

Ni en la norma constitucional ni en la ley estatutaria está graduada esa verdad, y yo no puedo con una norma interpretativa hacer algo que no hizo la norma principal.

O sea, la JEP sigue teniendo gran injerencia en determinar qué verdad es la que le interesa escuchar, así sea poca o mucha…

Así es.

¿Y su jefe César Gaviria está de acuerdo? Porque él es el primero que dice que no se le cambia una coma a nada…

El señor director del partido está de acuerdo… (Risas).

¿Y por qué no puedo decir ‘su jefe’?

(Risas). El señor director del partido, que entre otras cosas, con las diferencias que yo pueda tener con él, ha asumido unas posiciones que han hecho que el partido se esté volviendo a conectar con unos sectores con los que estaba desconectado.

Hablemos un minuto de política. ¿Usted ve posible que el Gobierno se alíe con un sólido grupo parlamentario, o esa posibilidad nació muerta por falta de ‘mermelada’?

Reconozcámosle una cosa al señor Presidente: ha sido consecuente con el tema de no intentar utilizar ni los recursos del Estado ni el poder del Estado para comprar decisiones. Cuando a mí se me han acercado la ministra del Interior y los otros ministros a decirme ‘mire, aquí tenemos esta idea’, no lo han hecho diciendo ‘vea, Luis Fernando, haga esto y le damos esto’. Eso les ha permitido a los partidos actuar más sueltos, y esa independencia, en mi concepto, ha sido buena. Con independencia se le derrotaron al Gobierno sus objeciones a la JEP, porque consideramos que reabrir el debate de la paz no era prudente. Probablemente podemos ajustar los acuerdos, mejorarlos, pero no era a través de las objeciones.

Esa independencia también permitió a los partidos entender los alcances de negarle el ascenso a un comandante del Ejército. Y esa independencia de los partidos también permitió apoyar la polémica ley de las TIC, y claro, con modificaciones. Pero para responder su pregunta, el Presidente sigue cojo, porque Duque ganó la presidencia, pero perdió el Congreso. Y él tiene una agenda, y la agenda no puede circunscribirse a tratar de ajustar los acuerdos de paz.

Ahí es donde el Presidente tiene que sentarse a reflexionar cómo gana gobernabilidad, que no es nombrando ministros. Se gana proponiendo unas políticas públicas a los partidos que no lo acompañan, y si se logran los acuerdos, ahí sí hablar de representación. Este acuerdo sobre la ley interpretativa puede ser un primer acuerdo, chiquitico, pero es un acuerdo que puede ir construyendo otro.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

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