El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, quedó ayer en manos de la Corte Suprema de Justicia para que le realice un juicio penal y, paralelamente, deberá responder ante el Senado, que comenzará un juzgamiento político en su contra.
Así lo aseguró el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, al explicar los alcances de la decisión de la plenaria de esta corporación, que admitió la acusación contra el togado por supuesta corrupción.
“Lo que le decimos a Colombia es que aquí no hay nadie intocable. Por más alta dignidad que tenga un colombiano va a ser investigado y se le puede quitar ese fuero, e incluso, como en este caso, ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia y por el Congreso”, afirmó Lizcano.
La decisión que tomó ayer la plenaria del Senado significa que Pretelt será juzgado penalmente por la Corte Suprema de Justicia, probablemente por el delito de concusión. Un total de 55 senadores votaron a favor de esto, mientras que cinco se opusieron. (Además: 'Demora en decisión sobre Pretelt afectó duramente a la Corte')
Al mismo tiempo, el Senado comenzará un juicio de carácter político el cual podría determinar la indignidad de Pretelt y sancionarlo con la destitución definitiva de su cargo y la suspensión de sus derechos políticos.
Adicionalmente, tras la decisión de ayer el togado quedó suspendido automáticamente de su cargo como magistrado de la Corte Constitucional, lo que sin duda constituye una dura sanción en su contra.
Pretelt es investigado por supuestamente haber pedido 500 millones de pesos a cambio de influir en sus compañeros del alto tribunal en un fallo de tutela relacionado con la empresa Fidupetrol.
Juicio políticoEl hecho producido ayer por el Legislativo no tiene antecedentes en la historia reciente del país. El último juicio político que realizó el Congreso, según Lizcano, fue contra el general Gustavo Rojas Pinilla, quien dirigió el país entre 1953 y 1957. Ese proceso se realizó en 1959, es decir, hace 57 años y, de acuerdo con el Presidente del Senado, “tuvo una duración de ocho meses”.
En este caso las cosas podrían ser diferentes. Según el senador por ‘la U’ Roosevelt Rodríguez, quien asumió la vocería de quienes propusieron admitir la acusación contra Pretelt, el “insumo” con el que se comenzará ese juzgamiento será “el expediente que llegó de la Cámara” con la acusación contra el magistrado.
Rodríguez agregó que en esta nueva etapa que se comenzará en el Congreso habrá espacio “para decretar nuevas pruebas” y que la defensa del magistrado tendrá el espacio para presentar sus argumentos.
En ese sentido, Lizcano agregó que en este juicio “podrá intervenir el representante acusador”, que el proceso será “oral y público” y que se irá “intercalando” con otras actividades de la plenaria del Senado.
Esto quiere decir, en palabras de Lizcano, que proyectos como la reforma tributaria, que según el Gobierno llegaría hacia al Congreso hacia el mes de octubre, o el Presupuesto General, no se verán afectados por el juzgamiento político contra Pretelt.
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El penal
En la próxima Sala Penal que se desarrollará el miércoles 31 de agosto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia podría discutir cuál será el procedimiento por seguir en el caso del magistrado Jorge Pretelt, pues el juzgamiento de un aforado investigado por la Comisión de Acusaciones es un hecho inédito que el alto tribunal no ha desarrollado nunca.
La Corte Suprema se regirá por los artículos 174 y 175 de la Constitución que establecen la competencia del alto tribunal para recibir el proceso de la Comisión de Acusaciones y adelantar el juicio. También por el artículo 75 del Código de Procedimiento Penal.
El alto tribunal está esperando a ser notificado de la decisión del Congreso para determinar cuál será el procedimiento por seguir. En el juzgamiento de aforados, el reglamento de la Corte establece que los procesos deben ser repartidos a tres magistrados, según directrices que sean fijadas por la Sala de Casación Penal. La Sala debe establecer los criterios para determinar cuál será el acusador.
Posteriormente el caso es repartido a magistrados de instrucción, quienes deben adelantar la fase de investigación.
Los argumentos
Previamente a la decisión de ayer, el Senado escuchó al magistrado Pretelt, quien trató infructuosamente de convencer a los congresistas de que no aceptaran la acusación en su contra.
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Pretelt dijo ante el Senado que nunca tuvo “oportunidad” de pronunciarse en la Comisión de Acusación ni en la plenaria de la Cámara antes de que se aprobara la acusación en su contra.
Sin embargo, Rodríguez y Lizcano aseguraron que el proceso “tuvo todas las garantías”.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia dijo que las “nulidades” reclamadas por el procurador General, Alejandro Ordóñez, no fueron “resueltas” por el Senado.
Ante la ausencia de los uribistas, quienes han sido señalados de tener afinidad ideológica con Pretelt, los únicos que votaron para que el caso del magistrado se archivara fueron los senadores Antonio Guerra y Juan Carlos Restrepo, de Cambio Radical, Sandra Villadiego y Miguel Amín, de ‘la U’, y Nora García, conservadora.
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