Las horas contadas de las objeciones a la JEP en el Congreso

Las horas contadas de las objeciones a la JEP en el Congreso

Las cifras son claras: los reparos presidenciales no serían aprobados en Senado.

Magistrados de la JEP

Los reparos a la ley estatutaria de la la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no pasarían en el Senado.

Foto:

Mauricio Dueñas / EFE

Por: Juan Francisco Valbuena G.
28 de abril 2019 , 06:18 a.m.

Si no sucede nada extraordinario y las cuentas que hay en el papel no fallan, este lunes sería el último día para las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Congreso, donde han suscitado un encendido debate jurídico y político en los últimos días.

El Capitolio ha vivido ocho semanas intensas debido a estos reparos que el presidente Iván Duque presentó a seis aspectos puntuales de esta norma, parte del aparato normativo de la justicia con la cual se está procesando a los excombatientes.

Y, aunque el acuerdo con las Farc siempre ha generado un intenso debate entre quienes defienden su integridad y quienes quieren modificarlo, las cuentas favorecen esta vez a los primeros, los cuales se anotarían este lunes otro triunfo sobre los críticos del proceso de paz.

El pasado 11 de marzo, y después de varios días de especulaciones, el presidente Duque envió al Capitolio un documento en el cual consignó sus seis reparos a esta ley estatutaria.

Entre los artículos objetados por Duque está el que le quita a la oficina del Alto Comisionado para la Paz la facultad de filtrar los listados de quienes son cobijados con los beneficios de la JEP y el que define hasta dónde llegan las facultades de la jurisdicción ordinaria sobre los excombatientes que se acojan a la justicia para la paz, entre otros.

Pero hay una objeción que tiene pensando a más de un senador y es la que tiene que ver con la extradición. Según la ley estatutaria, quienes ofrezcan verdad al sistema –aunque no hayan participado de manera directa en el conflicto armado– podrían evitar ser extraditados, aunque sean requeridos por las justicias de otros países.

Este sábado, cuando el jefe de Estado les hizo un último llamado a los senadores a la “reflexión” al respecto, afirmó que a la ley de la JEP “se le entró no un mico, sino King Kong”.

El ‘articulejo’

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha venido alertando sobre los efectos negativos de sancionar la norma con este “articulejo”, como lo ha denominado. Para él, los beneficiados con esa disposición serían los narcotraficantes que evadirían de esta forma su extradición a Estados Unidos, donde deben responder por sus delitos.

El asunto es tan delicado que el gobierno de Estados Unidos también ha puesto su atención sobre él, y, esta semana, el expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático, planteó la necesidad de un “acuerdo mayoritario en el Senado” para aprobar “por lo menos” esta objeción y la que tiene que ver con los terceros en la justicia para la paz.

Salvo este punto, el de la extradición, el resto de las discrepancias no parecen tener futuro en el Senado, donde se espera que las cifras sean similares a las de la Cámara de Representantes, corporación en la cual las objeciones sufrieron una paliza cuando fueron derrotadas por 110 votos en contra y solo 44 a favor.

Pese a que las cuentas en el Senado son un poco más apretadas, lo cierto es que existe un bloque de partidos políticos que parece dispuesto a cerrarle el paso a la posición presidencial y que la derrotarían este lunes.

Este grupo está conformado por los movimientos políticos declarados en oposición (Alianza Verde, Polo y Coalición Lista de la Decencia), a los que se suman los partidos Liberal, Cambio Radical y ‘la U’, cuyas bancadas decidieron –desde hace tiempo– que no acompañarán los reparos a la justicia de paz.

No obstante, fuentes del Gobierno le dijeron a EL TIEMPO que el Ejecutivo se la jugará a fondo hasta el último momento para cambiar la suerte de las objeciones en el Congreso y salvar al menos la de la extradición.

Estrategia

Este diario supo que esta semana el presidente Duque se comunicó telefónicamente con el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, para explorar la posibilidad de lograr su apoyo. No obstante, el exmandatario le manifestó que el liberalismo se mantiene firme en su posición contraria a los reparos.

Igualmente, Duque se reunió con el senador por Cambio Radical Germán Varón, uno de los más cercanos al jefe natural de ese partido, Germán Vargas Lleras, con el mismo fin, pero hasta el viernes pasado no había respuesta del exvicepresidente. Ni afirmativa ni negativa.

La esperanza del Gobierno, entonces, está en los 14 senadores de ‘la U’, que se declaró aliado del Ejecutivo, pero que en este tema está aplicando lo que su jefe, Aurelio Iragorri, denomina “independencia crítica”.

Adicionalmente, el Gobierno sostiene que cuenta con el apoyo de al menos seis senadores de Cambio Radical, los cuales le habrían manifestado que lo acompañarían en esa votación.

Y, este fin de semana, varios ministros y funcionarios del Gobierno se han dedicado a llamar, uno por uno, a los senadores para tratar de conseguir su apoyo.

Sin embargo, esta estrategia choca también con otra realidad: las sanciones contempladas en la ley de bancadas, la cual se les aplicaría a los rebeldes liberales, de Cambio Radical y de ‘la U’ que voten a favor de las objeciones, que son rechazadas por las mayorías de esos partidos.

Si los desacuerdos presidenciales con la ley estatutaria de la JEP son negados mañana en el Senado, como todo parece indicar, se abrirían dos caminos: el primero, que el presidente Duque tendría que sancionar la norma y esta entraría en vigor. Y, el segundo, que la Judicatura se pronuncie sobre la tutela que presentó el presidente del Congreso, Ernesto Macías, contra la votación en la Cámara.Macías sostiene que los reparos debían votarse primero en Senado, y es posible que el alto tribunal frene el trámite de la norma mientras define el tema.

Si la ley estatutaria entra a regir, comenzaría a aplicarse todo lo relacionado con el presupuesto de la JEP, al igual que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como garantías al debido proceso para quienes se sometan a esa justicia, entre otros principios.

Aunque el debate de este lunes en Senado será para alquilar balcón, la votación parece cantada y, si no hay sorpresas, la JEP comenzaría a funcionar como se acordó en La Habana.

JUAN FRANCISCO VALBUENA G. 
Redacción Política
fraval@eltiempo.com
En Twitter: @juanfvalbuena

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