Este lunes está citada la plenaria del Senado para decidir si aceptan las objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Todo indicaría que los reparos tendrán la misma suerte que en la Cámara, donde fueron rechazados por la mayoría.
Los senadores José Obdulio Gaviria (Centro Democrático) e Iván Cepeda (Polo Democrático) hablaron con EL TIEMPO sobre la extradición, que es uno de los puntos que objetó el presidente Duque.
¿Cuál es el lío con la el artículo de la extradición en JEP?
Hay un artículo sobre la no extradición de terceros que anuncien a la Jurisdicción Especial de Paz que van a colaborar con las autoridades en cualquier tema, pero específicamente en estos temas del narcotráfico. Creemos que esto es un asunto de política internacional, que incumbe a dos Estados que tienen interés común en el control y la neutralización del narcotráfico y que ese artículo está boicoteando.
¿Esa disposición cómo lesionaría la extradición?
Es que prácticamente cualquiera que anuncie que va a hablar ante la JEP y que sea un tercero, no necesariamente miembro de las Farc o de cualquier otra actividad directamente sometida a la JEP, inmediatamente queda bloqueada, anulada la posibilidad de extradición.
¿Comparte la tesis del Fiscal General en el sentido de que esos terceros son los narcos?
Es que de eso se trata. En general, las peticiones de extradición de los Estados Unidos a Colombia son casi todos por el delito de narcotráfico. Ya se sabe cuál es la política general de la JEP sobre la colaboración con el Estado requirente, en este caso Estados Unidos, y eso tiene mucha importancia porque la política frente al narcotráfico es un conjunto de acuerdo hechos por el Gobierno y las Farc y que explican un fenómeno. No es coincidente que en 2014 había 48.000 hectáreas de coca certificadas en Colombia y hoy día en el solo departamento de Nariño hay 45.000.
¿La aprobación de este artículo podría afectar las relaciones con EE. UU.?
Pues el presidente Donald Trump se ha referido al tema en términos desapacibles e incluso en algunas reuniones, algunos funcionarios estadounidenses han hablado de descertificar a Colombia. Es obvio que los Estados Unidos deben trazar una política contra quienes sabotean, no contra quienes son sus aliados. Los que sabotean pueden ser magistrados, congresistas, exfuncionarios del Gobierno de Colombia e incluso con responsabilidad del gobierno de Barack Obama, que se hicieron prácticamente los de la vista gorda con las consecuencias que nosotros les habíamos anunciado que tendría el acuerdo.
¿Cuál es la realidad del artículo sobre la extradición?
La verdad de todo esto es que el Fiscal ha utilizado el contexto de la discusión de las objeciones a la JEP para comenzar a desarrollar una nueva campaña contra esta jurisdicción, pero esta vez con un argumento que considero perverso, porque es falaz, y es decir que en la discusión de la ley estatutaria se coló o se filtró un artículo en el que prácticamente queda establecido un mecanismo que acaba o destruye la extradición.
¿Qué dice ese artículo?
Que las personas que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz y figuren como terceros, y en este caso serían particulares o agentes del Estado, que decidan colaborar con la JEP y que tengan sobre ellos pedidos de extradición en curso esa sanción estará condicionada al hecho de que terminen de rendir todas las versiones que tengan que dar ante el sistema y satisfacer plenamente el derecho de las víctimas.
¿Ese artículo abre la puerta a que narcos se cuelen en la JEP?
Lo que dice el artículo es que esas personas no serán extraditadas hasta que rindan sus cuentas ante la justicia colombiana. En ninguna parte está señalado que narcotraficantes puedan ser parte de la JEP.
¿Es decir que si un narco se acoge a la JEP y dice que sabe verdad sobre el conflicto no se le aplicaría la extradición?
Lo primero es su admisión en la jurisdicción y eso tiene unos criterios claros. Los que van a la JEP no son simples testigos ni es alguien que tenga información simplemente, sino una persona que es responsable –y con un grado de responsabilidad muy serio– de crímenes de lesa humanidad, de guerra y graves violaciones de los derechos humanos.
¿Eso quiere decir que un narcotraficante que acuda a la JEP y diga que tiene verdad sobre el conflicto que contar no sería admitido en esa jurisdicción a menos que admita su culpabilidad?
Sí y creo que eso está comprobado con todas las solicitudes que han sido rechazadas por la JEP y al mismo tiempo porque la JEP informó hace unos días que de las más de 50 solicitudes que ha recibido para darles a los solicitantes la garantía de la no extradición ha rechazado 43.
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