El pasado miércoles, la representante a la Cámara Clara Rojas González radicó un proyecto en el que propone que quienes paguen por servicios sexuales sean sancionados con multas progresivas que irían desde los 98.000 hasta los 780.000 pesos.
La iniciativa ha generado todo tipo de polémica, por ello EL TIEMPO habló con Fidelia Suárez, representante del sindicato de trabajadoras sexuales en Colombia, quien se opone al proyecto y además asegura que la idea suscitará la ilegalidad y la violación a los derechos humanos y laborales.
“Este proyecto es inconstitucional, deprimente, lastimoso y victimizante. La iniciativa desconoce los fallos de la Corte Constitucional y que protege a nuestra población. La idea solo promueve la ilegalidad y la violación de los derechos laborales y humanos”
Por su parte, la Congresista del Partido Liberal explicó que la iniciativa busca desestimular el turismo sexual y reducir el número de personas víctimas de violencia física, además de explotación sexual y violación a los derechos humanos.
No obstante, la representante alega que la congresista desconoce el panorama internacional y confunde el trabajo sexual con la explotación y trata de personas. “La representante no ha entendido que la violencia a la mujer se está viviendo en todo el mundo. Es muy diferente violencia intrafamiliar y la que se vive en otros sectores, ella está confundiendo nuestro oficio”.
Primero trabajo sexual, segundo trabajo sexual y tercero trabajo sexual. No vamos a dejar de ejercerlo, así sea en la clandestinidad
Rojas ha argumento que una de las razonas por las que decidió impulsar el proyecto es eliminar todo tipo de violaciones a las que se ven expuestas estas mujeres. “En el caso de Bogotá, unas 23.426 mujeres se encuentran en situación de prostitución, de las cuales un 85% están en edades entre 27 a 59 años y un 13% edades entre los 18 y los 26”, señaló la representante.
La propuesta del sindicato frente a este fenómeno es totalmente diferente y se basa en la regulación. Fidelia junto con algunos senadores y el Ministerio de Trabajo busca crear un proyecto de ley, con el que además esperar frenar la iniciativa de Rojas, en el que no se elimine este oficio, sino que se ofrezca a las trabajadoras sexuales una salud integral y garantías para ejercer este oficio.
Para Fidelia, la propuesta de Rojas tiene fines políticos y es por eso que la iniciativa fue promovida en época de elecciones, “este proyecto no pasará, se trata de protagonismo, de politiquería, de beneficios económicos propios”, denuncia.
De acuerdo con el proyecto propuesto por Rojas, después de la entrada en vigencia de la ley, cada dos años se irá aumentando el número de salarios mínimos con los que se penalizará a quienes paguen por servicios sexuales. Según ella, el incremento de las multas y las restricciones de este trabajo hará que con el tiempo la demanda del servicio en el país sea muy baja o nula, como ocurre en otros países.
Ante esta premisa, Fidelia asegura que las mujeres no dejarán de prestar los servicios sexuales y que lo continuarán haciendo, incluso en la ilegalidad. “Primero trabajo sexual, segundo trabajo sexual y tercero trabajo sexual. No vamos a dejar de ejercerlo, así sea en la clandestinidad”.
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