Luego de tres semanas en las que apenas se ha avanzado en la votación de algunos impedimentos de congresistas, la plenaria de la Cámara intentará este martes comenzar el estudio y votación de la reforma política.
Este proyecto de reforma constitucional es un mandato del acuerdo con las Farc y su intención es eliminar prácticas nocivas para la democracia como la compra de votos y los elevados gastos en las campañas.
Uno de los puntos que ha defendido el Gobierno ha sido la habilitación de movimientos políticos que, tras acreditar un número mínimo de afiliados, puedan avalar candidatos en las contiendas electorales.
Pese a sus buenas intenciones, el proyecto no ha despertado mucho interés en varios partidos políticos, los cuales han cuestionado que se cambien las reglas de juego apenas a cinco meses de las elecciones para Congreso, previstas para el 11 de marzo del próximo año.
Adicionalmente, la semana pasada se presentó una dura polémica por la posibilidad de eliminar la creación de una comisión de aforados que investigue al Fiscal y a los magistrados de las altas cortes.
Representantes a la Cámara, como Angélica Lozano (Alianza Verde), rechazaron esta posibilidad y recordaron el escándalo en el que está envuelta la Corte Suprema de Justicia por los supuestos sobornos a integrantes de ese alto tribunal.
El retraso que ha tenido el trámite de esta reforma política hace que su aplicación para las elecciones legislativas del próximo año sea prácticamente imposible.
Esto, debido a que el próximo 11 de noviembre –en menos de un mes– comienzan las inscripciones de candidatos al Congreso y el proyecto apenas ha superado un debate de cuatro que debe atravesar. La iniciativa debe aprobarse antes de que termine este año y, si se logra, es posible que algunas de sus disposiciones se apliquen a las elecciones presidenciales.
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