Este es el primer informe en contra de las objeciones en el Senado

Este es el primer informe en contra de las objeciones en el Senado

Senadores opositores insisten en que reparos son de inconstitucionalidad y no de inconveniencia

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Senado de la República

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Juan Francisco Valbuena

Por: Política
09 de abril 2019 , 11:40 a.m.

EL TIEMPO conoció las 29 páginas del primer informe que se radicó en el Senado sobre las objeciones presidenciales a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que pide rechazarlas, el cual sería objeto de votación por parte del pleno de la corporación en unas dos semanas.

El estudio fue elaborado por los senadores Iván Marulanda, de Alianza Verde, y Alberto Castilla, del Polo, dos de los nueve integrantes de la comisión que se nombró en Senado para evaluar los reparos enviados por el Gobierno Nacional a algunos aspectos de la justicia para la paz.

De acuerdo con el análisis, Marulanda y Castilla siempre expusieron ante los demás miembros de esa instancia su “rechazo a las objeciones presidenciales” y su “insistencia en la sanción presidencial” de la ley estatutaria de la JEP, la norma que fue objetada por el presidente Iván Duque.

Dejan sentada también la posición que la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia habría expuesto en una primera reunión de la comisión de Senado que estudia las objeciones, el pasado 26 de marzo.

Según ellos, Valencia habló del triunfo de los críticos del acuerdo de paz en el plebiscito de octubre de 2016 y en las elecciones presidenciales y que lo que buscaban esas fuerzas, con las objeciones a la JEP, era “cerrar la brecha que les separa del Acuerdo de Paz, para encontrar un espacio de consensos que permita superar la profunda división que han dejado en la sociedad colombiana esas discrepancias”.

“Explicó (la senadora Paloma) que las objeciones presidenciales al Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP condensan estas diferencias y fueron presentadas a la consideración del Congreso para intentar saldarlas”, reza el informe.

Inconstitucionalidad, no inconveniencia

Ya sobre los temas de fondo, el estudio cuenta con cuatro apartados que argumentan el rechazo a las discrepancias presidenciales a la JEP, entre ellos que no son de inconveniencia sino de inconstitucionalidad, pese a que la Corte Constitucional ya revisó este proyecto de ley que fue objetado por la Casa de Nariño.

“Controvertir decisiones definitivas de constitucionalidad a través de una figura propia del procedimiento legislativo, trae consigo un grave desconocimiento del principio de separación de poderes”, advierten los dos congresistas opositores.

En otro de los cuatro apartados explican, una a una las objeciones presentadas al proyecto de ley estatutaria e incorporan explicaciones que han dado la Corte Constitucional y otras instancias judiciales a cada una de ellas.

En el reparo que pide especificar que las Farc serán las únicas responsables de la reparación e indemnización a las víctimas, dicen que el alto tribunal constitucional “reiteró que el deber de reparar por parte de quienes son sujetos de la Jurisdicción Especial para la Paz hace parte del régimen de condicionalidades que deben cumplir para acceder y mantener los tratamientos penales especiales”.

Y en la objeción que habla sobre la extradición para exintegrantes de las Farc que cometan delitos extraditables después de la firma del acuerdo de paz, el informe señala que la Corte Constitucional “indicó” que la JEP “está habilitada para practicar pruebas “a fin de determinar la fecha precisa de realización de la conducta punible y, de esa manera, decidir el procedimiento apropiado””.

Esto porque en las normas para estos casos se dice que la justicia de paz deberá limitarse a confirmar que los supuestos delitos fueron cometidos después del primero de diciembre de 2016, fecha fijada como de la firma del acuerdo con las Farc.

Finalmente, el informe pide que en caso de que no haya decisión por parte del Senado antes del próximo 20 de junio, fecha fijada por la Corte Constitucional para tramitar esas objeciones, o se presente empate se aplique el artículo 135 del reglamento del Congreso, en el cual se indica que “se hunde la proposición de reformar la ley, y queda vigente el proyecto de ley como se encuentra hoy”.

“En vez de concentrarse en desacuerdos jurídicos, las fuerzas políticas debieran confluir en un Pacto Nacional multipartidista fundamentado en el respeto por las instituciones y los procedimientos democráticos, para superar la polarización, dejar atrás la división que nos dejó el plebiscito de 2016 y contribuir de manera conjunta a la construcción de paz”, reza el informe.

POLÍTICA

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