Esta semana deberá quedar lista la ponencia o texto que se pondrá a consideración de las comisiones primeras de Senado y Cámara del proyecto de ley que fija las reglas para que funcione la justicia con la que serán procesados los excombatientes y los civiles señalados de delitos atroces, la iniciativa más importante de la implementación del acuerdo con las Farc.
EL TIEMPO habló con uno de los congresistas que elaborará este texto, el representante a la Cámara por ‘la U’ Hernán Penagos, quien explicó quiénes deberán acudir a esta nueva justicia, qué pasará con los integrantes de las Farc que se presenten allí y cuál será el tratamiento para los militares que hayan cometido delitos en medio del conflicto, entre otros aspectos de la norma.
¿Cuándo estará lista la ponencia del proyecto?
Estamos en la construcción de la ponencia, recibiendo argumentos y apreciaciones de sectores interesados como la Fuerza Pública, la Secretaría General de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía y aspiramos construir el texto entre martes y miércoles, para la próxima semana comenzar el debate.
¿Por qué algunos sectores han calificado este proyecto de ley estatutaria como el más importante de la implementación?
Porque pese a que ya se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta no puede operar si no se aprueba esta ley, porque en ella es en la que se define cómo es la estructura de esta nueva justicia, cómo serán las investigaciones y cómo será el procedimiento, entre otros temas. Si no se aprueba este proyecto, no empezará a funcionar la jurisdicción, no empezarán las investigaciones, no habrá sanciones y todo el tema de verdad se perdería.
¿A quiénes se va a aplicar la justicia para la paz?
A toda persona que haya cometido un delito, de manera directa o indirecta, que esté relacionada con el conflicto armado con las Farc.
¿Qué pasará con los que acudan a la justicia para la paz y se compruebe que dijeron mentiras?
La ley es muy clara en señalar que quienes aporten información falsa o digan mentiras para involucrar a otras personas saldrán del sistema y pueden perder todo el tratamiento especial.
¿Qué tan cierto es que habrá una ‘cacería de brujas’ contra los civiles, porque los magistrados de la justicia para la paz serán elegidos por algunos movimientos de izquierda?
Para nada. La forma de elección de los magistrados ya está aprobada: están la Corte Suprema, las universidades, el Instituto de Justicia Transicional, hay instituciones muy competentes y respetables que ya están haciendo un concurso abierto. No veo de dónde se pueda señalar que aquí va a ser gente de la guerrilla o de la izquierda.
¿A esta justicia deben acudir todos los guerrilleros o los señalados de ciertos delitos?
Ya hoy se están aprobando las amnistías y los indultos cuando se trata de delitos como sedición, asonada, porte ilegal de armas, uso de prendas privativas de las Fuerzas Militares y otros. Ahí están cobijados la mayoría de los guerrilleros. Quienes tengan delitos graves, de lesa humanidad, graves crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos tienen que acudir a la JEP.
¿Y cómo será el juzgamiento de ellos en esta justicia?
Allí tendrán tres opciones: la primera, confesar sus delitos, aceptar la responsabilidad y ser condenados entre cinco y ocho años; la segunda, no confesar su delitos, irse a un proceso y antes de que se le acuse, cuando haya pruebas en contra, aceptar la falta y les pueden poner una pena de hasta ocho años; y la tercera, no aceptar ningún delito, irse a un proceso judicial, ser vencidos en juicio y serán condenados a una pena de hasta veinte años en una cárcel común y corriente.
En cuanto al juzgamiento de los militares, ¿exactamente qué quiere decir la responsabilidad del mando, de la que tanto se habla?
En la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz se estipuló cómo debería ser la responsabilidad de los altos mandos militares por los hechos que hayan cometido con ocasión del conflicto, y se dijo que esa responsabilidad depende del grado de conocimiento de la conducta, del nivel de control que se tiene sobre la tropa y de que esa falta hubiera podido ser prevenible. Hay una discusión porque en esa reforma se estableció una responsabilidad del mando fruto de las realidades colombianas y que tiene diferencias con la que se ha establecido en tribunales internacionales.
¿Esta responsabilidad se extiende a jefes de las Farc como Timochenko, Iván Márquez y los demás?
Así es.
“La Fuerza Pública porque lo que quiere es que quede muy claro cómo será la responsabilidad del mando. Y la Fiscalía quiere que el proyecto sea muy preciso sobre su competencia. El Fiscal ha dicho que quiere que le pongan un cerco muy claro de dónde empieza él a investigar y dónde la justicia para la paz”.
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