El martes 12 de marzo de 2019 quedará inscrito como el día en el que se estrenó -gracias al Estatuto de Oposición que creó el Acuerdo de Paz-, una alocución televisada de los partidos opositores en réplica a un discurso presidencial.
Pasadas las 8 de la noche y en todos los canales nacionales, 14 congresistas -entre Senadores y Representantes a la Cámara- con visiones de país distintas, aparecieron en un video bajo el liderazgo de una mujer de 35 años, abogada y politóloga, experta en Justicia Transicional, ex miembro del equipo negociador de La Habana, hija única, bogotana descendiente de colonos holandeses en Indonesia y orgullosa de ser 'nerda'.
No solo eso. El 12 de marzo ya es histórico por el no menos importante hecho de que quien asumió la vocería fue una mujer. Juanita Goebertus, representante a la cámara por Bogotá por el partido Alianza Verde, irrumpió en el escenario político nacional con un estilo duro pero mesurado, pedagógico pero firme, sereno pero urgente.
Uno a uno rebatió los seis puntos que objetó el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria (lo que significa que es de rango superior) de la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de Justicia Transicional mediante el cual se juzgarán los delitos atroces cometidos durante el Conflicto y se buscará la verdad sobre lo que nos ocurrió en más de 50 años de guerra.
En resumen, la oposición cree que la decisión del presidente Iván Duque “pone en riesgo la separación de poderes, atenta contra la construcción de paz y busca distraer a la ciudadanía de una agenda política nacional que realmente nos una y que nos permita concentrarnos en resolver los principales problemas del país”, fue una de las frases que soltó Goebertus a lo largo de 12 minutos de discurso en los que también explicó por qué, según la oposición, las objeciones presidenciales no solamente implican un “choque de trenes” sino “desacatar una sentencia de la Corte Constitucional”.
El viernes pasado, cuando se produjo esta entrevista, Goebertus se encontraba en una visita en la zona del Catatumbo. Sus seguidores en Twitter se habían duplicado tras la alocución y estaba en un cruce de trinos con Gustavo Petro, quien calificó de “lamentable” que no hubiera sido invitado a participar en la alocución y que, sin consultarlo, se hubiera cambiado la fecha de movilización propuesta, que pasó del 19 a este lunes 18 de marzo.
¿Cómo está la situación en el Catatumbo?
Muy difícil. Contrario a todas las tendencias nacionales donde los homicidios después del 2016 venían cayendo, el conflicto entre el Eln, el Epl y las bandas criminales tiene esto explotado.
¿Es una secuela del postconflicto?
Como dice la gente acá, en esta zona el conflicto armado no se ha acabado, sigue vivo; el Eln está más vivo que nunca, además de las bandas criminales y el EPL. Eso hace que por ahora difícilmente lleguen los beneficios del posconflicto. Gran parte de lo que la gente exige es que se materialicen todos los compromisos.
La lógica diría que a estas alturas deberíamos estar enfocados en la transformación del país después de la guerra. En cambio, asistimos a un episodio complejo con la JEP. ¿En su opinión, cuál es el más problemático de los seis puntos objetados por el presidente?
Para mí, el más grave es el de la selección, el artículo 19. El Presidente dice que hay que investigar, juzgar y sancionar a todos y cada uno de los responsables por todos y cada uno de los hechos.
Lo que acabaría, según ustedes, colapsando la JEP
Exacto. La realidad de lo que pasó con el proceso de Justicia y Paz es que pretender eso colapsa, y además, implica que no conocemos la verdad de los hechos. La visión del marco jurídico para la paz desde el 2012, que está hoy plasmado en nuestra Constitución, es la selectividad. Concentrarse desde un inicio en los crímenes más graves y en máximos responsables.
Aún así persiste la sensación de impunidad, que es algo que se le reclama a la JEP...
En Colombia ha habido más de 7 millones de víctimas de desplazamiento, que es un crimen de guerra. Si tuviéramos que investigar cada uno de esos desplazamientos y frente a cada una de las personas que participó en estos hechos tardaríamos más de 100 años. La visión del marco jurídico para la paz y por supuesto como quedó plasmada en las normas de implementación, es que se juzga a los máximos responsables de los crímenes más graves. Por eso la Jurisdicción inicia por la política de secuestro en el caso de las Farc y por todos los falsos positivos en el caso de la fuerza pública.
La JEP es un gran paraguas que cobija varios delitos graves, incluyendo el de la violación a menores. La idea que está calando es que ahí también habrá impunidad
El presidente hace uso del argumento de los niños y de protegerlos, pero ninguna de sus objeciones se refiere al tema de los niños. Lo usa como un tema de distracción para confundir a la ciudadanía.
¿Por qué es importante garantizar que la JEP conozca de todos los delitos cometidos en el conflicto?
Porque el esquema de Justicia Transicional funciona con incentivos. En los delitos más graves, que es para lo que se creó el tribunal de paz, si la persona reconoce responsabilidad, dice la verdad y contribuye a la reparación, entonces puede tener una sanción alternativa de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad. Allí hay un incentivo. Pero si hay unos delitos que se entiende que no podrán ser nunca de conocimiento de la JEP; el incentivo es perverso, es quedarse completamente callado. En parte, eso empezó a suceder en Justicia y Paz (el proceso de desmovilización de los paramilitares) con la violencia sexual; empezaron a considerar que no era de competencia de Justicia y Paz y los exparamilitares simplemente no contaban nada. Lo importante, y es muy difícil pero esa es la vida real de lo que nos pasó en el conflicto, es que la JEP no es para delitos menores; se creó para los delitos más graves: la desaparición, la tortura, el secuestro, la violencia sexual, los abortos forzados.
De lo que se trata, en esencia, es de llegar a la verdad...
Yo creo que es duro enfrentarnos a lo que nos pasó a lo largo de tantos años de conflicto armado; hay muchas dinámicas, sufrimientos, intereses que se vieron beneficiados en distintos momentos que hacen que sea una verdad para todos difícil de entender. Sobre todo por una cosa: y es que este conflicto armado está lleno de casos en los que un paramilitar al mismo tiempo fue víctima de secuestro; a un guerrillero al mismo tiempo le mataron a su familia; un miembro de las fuerzas militares o cayó en una mina al tiempo que participó en un falso positivo...
¿Qué le dice su experiencia en conflictos armados en otros países?
Los primeros años de implementación son siempre los más importantes y los más frágiles. El éxito del proceso de construcción de paz depende de que logremos transformar los territorios más afectados por la guerra en estos dos o tres primeros años. La mayoría de los procesos de negociación fracasan en su fase de implementación.
Estamos en el momento más peligroso...
El más peligroso. Genera incertidumbre, genera riesgos de seguridad jurídica; romper la muy débil confianza generada con las comunidades es un riesgo inmenso para la construcción de paz.
¿Cuál es el peor de los escenarios?
Lo peor es que mientras el Estado se concentra en estas discusiones la situación en los territorios explote y nos devuelvan definitivamente a la guerra. Sin embargo, es curioso que por un lado se manda el mensaje de que hay que creer en el proceso, de que la JEP está suficientemente atada constitucionalmente y al mismo tiempo se dan campanazos de alerta y del peligro de volver a la guerra.
¿En qué punto estamos, entonces?
El problema de esto es que cada acción que toma el presidente de la república tiene reacciones y consecuencias a nivel territorial. Para mí, el principal problema es la generación de la incertidumbre para esos 13 mil excombatientes que están en proceso de reincorporación, que dejaron las armas, en el caso de las Farc, y que empiecen a sentir que no tienen garantías y que entonces es mejor irse a una disidencia. Eso está pasando a nivel territorial cada segundo que sienten que no hay suficientes garantías. Que no se está cumpliendo lo acordado, que realmente no hay un esfuerzo por transformar los territorios más afectados por la guerra. Nuestra responsabilidad como partidos de oposición es alertar sobre esa situación al tiempo que mandar un mensaje de confianza en el proceso.
Los escándalos que han sacudido a la JEP también han desatado una crisis de credibilidad...
La mejor manera de lograr que la JEP realmente luche contra la impunidad es dejarla funcionar. Su tarea es investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables tanto de la guerrilla como de agentes del Estado. Y lo que tiene que hacer es empezar a producir decisiones pronto frente a la política de secuestro, en el caso de las Farc, y frente a por lo menos la práctica generalizada de los falsos positivos. Lo que tiene que hacer es poner en marcha medidas concretas de lucha contra la corrupción y de transparencia, seguramente solicitando la apertura de procesos disciplinarios contra todas las personas dentro de la unidad de investigación y acusación que hayan estado involucradas en este tipo de actos de corrupción.
¿Cómo ve a los congresistas frente a la paz?
Veo a una oposición sólida en defensa del acuerdo de paz, veo a un partido liberal absolutamente comprometido, veo a un Cambio Radical al parecer dividido e indeciso; veo sectores del conservadurismo que no están contentos con la decisión del presidente a pesar de la carta de respaldo. Y veo a la U dividida entre la mermelada y la defensa del legado de paz.
En su alocución hablaron de un interés puramente electoral en las objeciones. ¿Qué es, en realidad, lo que hay detrás?
Realmente no puedo entender cuál sería la razón de hacer esto sino un interés electoral porque es evidente que esta estrategia de las seis objeciones no les va a funcionar. Seguramente la Corte Constitucional reiterará lo que es obvio y es que esos temas ya fueron objeto de decisión; están reviviendo discusiones que la Corte ya cerró. Entonces, lo único que puedo entender es que estén usando todo esto como una bandera electoral.
Petro se queja de que no lo invitaron a la réplica y que no le consultaron el cambio de fecha para la marcha (este lunes). ¿Qué pasó?
Como ya aclararon Ángela María Robledo y María José Pizarro, tanto la Colombia Humana como Decentes participaron de todas las discusiones. Petro ha dicho que no tiene WhatsApp; lástima que terminemos en discusiones de este tipo. La fecha se cambió por sugerencia del senador Robledo para que no coincidiera con la movilización de la magistratura. Lástima que Petro no pueda ponerse a la altura de las circunstancias.
El senador Gustavo Petro se mostró inconforme tras la réplica.
Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO
De usted se habla ya como la nueva cara de una oposición renovada y más de centro. Si tuviera que moverse hacia un espectro, ¿centro izquierda o centro derecha?
Yo me autodefino como una persona de centro; tengo una convicción profunda en la importancia del crecimiento económico y la productividad como el motor para poder luchar contra la pobreza y la desigualdad. Estoy convencida de que casi siempre esas categorías y esos rótulos de izquierda y derecha son relativos con respecto a quién. Por supuesto que frente a la foto tomada el día de la declaración quizás estoy más a la derecha de varios de ellos. Y por supuesto que al lado de cualquiera de mis colegas del centro democrático y de varios del partido conservador estoy más a la izquierda.
TATIANA ESCÁRRAGA
Editora de Redacción Domingo
En Twitter: @etatiana1
