Se adelanta el debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa, Diego Molano, en la Cámara de Representantes. Partidos de oposición solicitaron el control político por el reciente operativo militar en Puerto Leguízamo (Putumayo), en el que murieron 11 personas, y versiones preliminares plantean que había civiles sin armas, entre ellos un gobernador indígena, una mujer embarazada y un menor de edad. Sobre los resultados, Molano aseguró que "fue una operación legítima".
(En contexto: Congreso estuvo en Puerto Leguízamo, tras operativo militar)
En total fueron 30 representantes quienes solicitaron a Jennifer Arias (presidenta de la Cámara) fijar la fecha para realizar el encuentro de control político y el ministro de Defensa dé explicaciones sobre la operación militar del pasado 24 de marzo.
La primer intervención correspondió a la representante electa por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, quien recordó que este es el tercer debate de control político que se le hace al ministro por posibles violaciones a los derechos humanos.
Además aseguró, de acuerdo con una investigación que realizó la representante, que solamente 1 de las 11 personas estaba vinculadas con algún tipo de actividad delictiva. Dicha persona estaba vinculada con porte de armas.
(Le recomendamos: Los 11 muertos en Putumayo: En lo que no coinciden las versiones)
"El Ejército entró disfrazado con prendas de color negro y diciendo que eran de las disidencias. ¿Está avalado que ustedes se idenficaran con miembros de disidencias? ¿Por qué se cambiaron de uniforme?", afirmó Miranda.
Miranda también dijo que había 2 muertos más, es decir 13 y no 11. Preguntó al ministro Molano por qué la lista que este presentó a los medios de comunicación no concuerda con la lista de la Fiscalía. Estas dos personas que no estaban en la lista de Molano eran oriundos de Puerto Leguízamo y prestaron servicio militar. "No hay prueba alguna de que estas personas fueran investigadas por algún delito", le dijo a Molano.
Ministro @Diego_Molano y qué me dice estás dos personas más asesinadas por el Ejército en Puerto Leguizamo.
— KATHERINE MIRANDA (@MirandaBogota) April 26, 2022
Ya no son 11, son 13 los muertos y los dos nuevos habían prestado servicio Militar al país.
¿También va a decir que eran disidentes de las FARC? pic.twitter.com/AzQar0XEG6
"Yo le pregunto Diego Molano ¿cuántos hombres, mujeres, embarazadas y niños asesinados necesita usted en su hoja de vida para que asuma la responsabilidad y renuncie a su cargo?", afirmó.
Luego continuó la representante María José Pizarro, quien afirmó que la operación militar realizada en Putumayo fue "ilegítima, contraria al derecho internacional humanitario y se cometieron crímenes de guerra", dijo.
Una de las violaciones al DIH, según argumentó Pizarro, corresponde a la no correcta identificación con los uniformes y símbolos de las fuerzas militares, pues estos, según explica la representante, habrían llegado a la comunidad con vestimenta negra e identificándose como miembros de las disidencias de las Farc.
"Asesinaron a tres personas vestidas de camiseta roja y pantalón negro. Se dio la orden de disparar a los que tuvieran esa ropa. No se tuvieron en cuenta principios de prevención", expresó Pizarro.
Aníbal Eduardo Ajon Cuellar, actual Presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto Remanso, "soy víctima de la masacre del 28 de marzo el cual me acusaban con alias 'Bruno', me atropellaron física y psicológicamente porque hombres vestidos de negro me apuntaban con un fusil, yo los vi bajar de una lancha de la Marina. No nos sentimos seguros", expresó.
Isaías Acosta Ledesma, víctima y habitante de la vereda Alto Remanso,
dijo "nosotros no somos guerrilleros, somos campesinos que la única arma que tenemos es un machete para limpiar nuestras fincas. Guerrilleros son los militares que llegaron a decir que eran de las disidencias de las Farc. Somos campesinos y no merecemos el trato que nos están dando".
(Lea también: Iván Duque defiende operación militar en Putumayo frente a cuestionamientos)
Yarley Ramírez Chany, gobernadora actual del cabildo indígena del Bajo Remanso, reclamó que fueran señalados como guerrilleros y reiteró que el gobernador indígena, Pablo Panduro Coquinche, no era guerrillero. "La única arma que portaba el gobernador era su bastón de mando", afirmó. También comentó que hay un gran daño psicológico en la comunidad luego de los asesinatos en la vereda alto Remanso.
Argermiro Hernández España, padre de Didier Hernández, el presidente de la Junta de El Remanso asesinado en el operativo, y cuya esposa de 24 años también falleció. "Nosotros no somos guerrilleros y no somos narco cocaleros, cultivamos la hoja de coca porque nos toca, porque el Estado nos tiene abandonados", dijo y agregó: "sean justos y digan la verdad, dejamos las tierras abandonadas allá y no podemos volver. El Ejército todavía está allá y no están intimidando".
Rubén Darío Montoya, denunció otros delitos como hurto de bienes de la comunidad y personales, desplazamiento, maltrato físico y psicológico, obstrucción a la justicia.
David Melo Cruz, abogado de las víctimas de El Remanso, afirmó que hay documentos que señalan que hubo manipulación de la escena en la vereda alto Remanso y dijo que de las 11 personas asesinadas y señaladas de pertenecer a grupos ilegales, 7 eran civiles.
Desde la Regional Putumayo, la Defensoría del Pueblo ha venido acompañando a los familiares de los fallecidos.
Defensoría
La representante Juanita Goebertus señaló algunas irregularidades que medios de comunicación encontraron en investigación periodística, como denuncias de retención de la comunidad luego de la operación militar, inconsistencias en recursos incautados y lo que la comunidad dice que tenía y amenazas por parte de miembros de la fuerza pública a la comunidad.
Dijo también que hay "una falla grave de inteligencia" y no se respetó el principio de distinción entre civiles y disidentes.
Continuó luego el representante León Fredy Muñoz, quien hizo un recuento de los reclamos que se han hecho con respecto al operativo militar. Dijo que luego de esto en la vereda ya no quedan más de 20 personas viviendo allí.
"Señor ministro, usted debería hacerse a un lado de la cartera y comprometerse públicamente a encontrar la verdad de los hechos", le dijo al ministro de Defensa, Diego Molano. Y agregó: "¿Cuántos jóvenes no han recibido las órdenes de matar a su propio pueblo? Creo en los soldados, pero cuántos no están en las cárceles por obedecer órdenes a generales".
Siguió el representante David Racero también pidió le salida del ministro Molano. Exigió garantías de seguridad para los ciudadanos del Putumayo que viajaron a Bogotá para presentar su testimonio ante la Cámara. Racero también denunció "posibles montajes, deficiencias en la inteligencia, estigmatización y amenazas".
El congresista Jorge Gómez aseguró que los forenses han dicho que hubo movimiento de los cadáveres y calificó lo sucedido como un crimen de guerra. También reiteró lo ya dicho por la representante Pizarro en cuanto al uniforme y distintivos de la fuerza pública.
Aseguró que el general Zapateiro afirmó en una entrevista que los soldados llevaban camisa y sudadera y no el uniforme. "Si las operaciones militares y de inteligencia son de esta calidad, ¿qué confianza pueden tener los ciudadanos?", afirmó.
Siguió Mauricio Toro, quien reiteró la inconsistencias que señalaron sus compañeros sobre la operación militar. También señaló la "inexperiencia" del ministro Molano para estar en el cargo y pidió su renuncia de la cartera de Defensa.
El representante Germán Navas se centró el levantamiento de los cuerpos que, según él, lo hicieron los mismos militares y, por esa razón, no permitieron que la comunidad mirara lo que sucedía. "Esto es un crimen de guerra. No me venga a decir que esto es una operación limpia", le dijo a Molano.
Cesar Pachón, congresista del Partido Verde dijo que lo que sucedió fue un montaje y se cometió un delito de lesa humanidad. "¿Por qué obligaron a la comunidad a apartarse de la escena? ¿Por qué no hallaron coca? ¿Por qué no hubo ningún capturado?", le preguntó a Molano.
El congresista Omar Restrepo, Fabián Díaz e Inti Asprilla, continuaron con la línea de denuncia de las irregularidades en cuanto al operativo militar en el Putumayo.
El representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, afirmó su apoyo a los integrantes de las Fuerzas Militares.
NOTICIA EN DESARROLLO...
POLÍTICA