El polémico revolcón a la justicia que propone el Centro Democrático

El polémico revolcón a la justicia que propone el Centro Democrático

Parlamentarios blindados frente a capturas y con decisión sobre el presupuesto, en la iniciativa.

Paloma Valencia y Álvaro Uribe

Paloma Valencia y Álvaro Uribe, radicaron este martes su propuesta de reforma a la justicia.

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Centro Democrático

27 de septiembre 2018 , 08:34 a.m.

Con la oposición de varios sectores de las cortes por resolver, al Gobierno del presidente Iván Duque se le acaba de aparecer un nuevo obstáculo para sacar adelante su propuesta de reforma a la justicia: el proyecto de varios congresistas del Centro Democrático, apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, que no solo va en contravía en varios puntos con el del Ejecutivo sino que trae además artículos que encenderán polémica.

Al Congreso ya han llegado tres iniciativas: la de la ministra Gloria María Borrero; la de Cambio Radical y la del Centro Democrático. Pero esta situación, que es normal en el trámite legislativo y que normalmente se resuelve mediante la acumulación de proyectos, pone en esta oportunidad en jaque al Gobierno porque los ajustes legales y constitucionales planteados por su propio partido, el CD, hacen poco probables los consensos que se necesitan para sacar adelante una reforma que ha naufragado diez veces en los últimos 20 años.

De hecho, la propia ministra de Justicia ya anunció que el presidente Duque no apoya una de las banderas del proyecto, la eliminación de las Cortes Suprema y Constitucional para crear una especie de supercorte, el Tribunal Constitucional Supremo.

En 41 artículos, tres de los principales alfiles del expresidente Álvaro Uribe -Paloma Valencia, Samuel Alejandro Hoyos y José Obdulio Gaviria- aseguran que la reforma que plantean se requiere para solucionar, por ejemplo, "la utilización, que hacen ciertos grupos de la sociedad, de mecanismos legales para articular, a través de demandas judiciales, distintos intereses económicos, políticos o sociales". Lo que plantean los parlamentarios es que en Colombia se afectó el equilibrio entre poderes en los últimos años, por lo que la mayoría de sus propuestas están encaminadas a fortalecer al Congreso.

Estos son algunos de los puntos más polémicos de la propuesta del uribismo para reformar la justicia:

Iván Duque con presidentes de las altas Cortes

El presidente Iván Duque se reunió con las cabezas de la justicia y órganos de control para buscar consensos frente a la reforma a la justicia.

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Procuraduría

1. Aunque una de las banderas de la consulta Anticorrupción y de los acuerdos liderados por el presidente Duque fue acabar con los cupos indicativos ('la mermelada'). El proyecto plantea que "una quinta parte del presupuesto nacional de inversión se denominará Inversión de iniciativa congresional" y que "el Congreso, por iniciativa de sus miembros y con aprobación de la plenaria, disponga inversiones del presupuesto nacional". Así, los parlamentarios decidirán cómo se usa esa plata.

2. El Senado sería el juez del Presidente, incluso frente a conductas penales. El actual sistema, criticado por su inoperancia, tiene a la Comisión de Acusación como investigador y un antejuicio político (plenarias de Cámara y Senado) que antecede la remisión de un expediente a la Corte Suprema, si se trata de delitos. Como el proyecto desaparece la Corte, los miembros del Senado investigarán y juzgarán los eventuales delitos del Presidente (se acabaría el fuero de Fiscal y magistrados).

3. Revive el fuero parlamentario: Una de las situaciones que llevaron a la Constitución de 1991 fue la virtual impunidad de la que gozaban los miembros del Congreso por la Carta de 1886. Las reglas de juego obligaban a que el Legislativo autorizara las capturas. La propuesta del Centro Democrático señala que "ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara a que pertenezca", incluso en los casos de flagrancia.

4. En manos de las comisiones primeras conjuntas quedaría permitir la captura o llamado a juicio de los miembros del Tribunal Supremo Constitucional. Bajo esas reglas de juego, sacar adelante investigaciones fundamentales como las de la narcopolítica en los 90 y de la parapolítica, hace una década, quedarían amarradas a la decisión política de los congresistas. Los parlamentarios serían juzgados en primera instancia por juzgados del circuito, y en segunda, por tribunales superiores.

5. El Fiscal General sería elegido por el Presidente de la República. Esa elección está hoy en manos de la Corte Suprema, de terna propuesta por el Ejecutivo. Esto se explica entre otras razones porque el Presidente y el Fiscal General son, en ese orden, los funcionarios públicos más poderosos del país y lo que busca el actual sistema es evitar la concentración de poder. La ratificación del Fiscal quedaría en manos del Senado.

6. Para actuar contra congresistas, magistrados del Tribunal Supremo, Contralor, Procurador y generales y almirantes, la Fiscalía debería presentar el caso "ante las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes, que analizarán la acusación y por mayoría absoluta podrán retirar el fuero a Congresistas y Magistrados cuando encuentren mérito para ello".

7. Crea un nuevo Consejo de Estado, del que el Vicepresidente de la República sería presidente por todo su periodo (4 años). Además, los consejeros serían elegidos por el Presidente de la República. Hoy, esos magistrados son elegidos por la misma corporación, de una lista de elegibles elaborada por la Judicatura.

8. Por Constitución, plantea que "nadie podrá ser privado de la libertad mediante una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, por más de un año salvo que medie nueva investigación penal por hechos diferentes". Aunque en esencia ese mandato suena racional, la aplicación a rajatabla de ese límite, sin considerar la realidad del país en materia de criminalidad y de congestión judicial, en la práctica ha permitido la salida a las calles de peligrosos delincuentes.

9. También plantea revivir la figura de los jurados de conciencia, que son ciudadanos haciendo las veces de jueces incluso frente a causas criminales.

En 2015, el gobierno de Juan Manuel Santos logró aprobar una reforma a la justicia que terminó desmantelada por fallos de las altas cortes. Antes, en el 2012, la reforma que aprobó el Congreso terminó objetada por el mismo gobierno ante la inclusión de varios 'micos' legislativos durante las audiencias de conciliación de los textos aprobados por Cámara y Senado.

El actual gobierno, en cabeza de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, ha dicho que si bien la reforma que propuso no fue conciliada con las altas cortes, sus artículos sí les fueron informados a las cabezas de los tribunales y que en todo caso la justicia necesita ajustes de fondo y cuanto antes.


ELTIEMPO.COM

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