Con dinero de universidades se podrán pagar demandas contra la Nación

En el marco del Presupuesto General de la Nación para 2020, las plenarias de Senado y Cámara aprobaron un artículo que de inmediato levantó ampolla, por las consecuencias que esto podría tener en la sostenibilidad de las universidades.

Se trata del artículo 44 del texto de presupuesto que permite que las universidades estatales paguen con recursos asignados para educación las “sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación”.

“Este artículo hace referencia a los pagos que deben hacer o los contribuyentes o las universidades por cuestiones de sentencias”, explicó el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla., quien agregó que “este artículo ha venido en las diferentes leyes de presupuesto, es algo que hace parte de una larga tradición”.

Básicamente, lo que busca este apartado, según Carrasquilla, es que “las universidades sujetas a demandas se protejan mejor de dichas demandas”.

El artículo causó todo un revuelo político en la Plenaria de la Cámara, tanto que inicialmente la corporación había hundido este apartado, al considerar que “se está atentando contra las universidades”.

Sin embargo, debido a que el Senado de la República, por su lado, ya había aprobado este artículo en el texto del presupuesto y levantó sesión, obligó a que la Cámara tuviera que reabrir la discusión de este apartado para aprobarlo.

De no haberlo hecho de esta manera, el Presupuesto General de la Nación se hubiese hundido, pues si se aprobaban textos diferentes en ambas corporaciones obligaban a hacer una conciliación, para lo cual no alcanzaba el tiempo debido a que el Senado citó sesión nuevamente para el 29 de octubre, y el presupuesto debía estar aprobado en su totalidad antes del 20 de octubre.

La aprobación de este artículo generó la reacción inmediata de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, que calificó esto como “un orangután”.

Ante el malestar generado, el ministro de Hacienda anunció que el Gobierno objetará el artículo para que pueda ser revisado nuevamente por el Congreso.

Sin embargo, el hecho de que el Gobierno presente una objeción a este artículo no quiere decir que el mismo se vaya a caer, pues las objeciones deben ser estudiadas por el Congreso de la República, que fue el mismo que aprobó esta norma. 

Por el momento el ambiente en el Legislativo es favorable a tumbar este apartado, por lo menos así quedó claro en la Cámara de Representantes, donde le pidieron al Ministro Carrasquilla que presente la objeción lo más pronto posible. 

El monto final del presupuesto aprobado para el próximo año fue de 271,7 billones de pesos, distribuido así: 47,3 billones para inversión, $70,1 billones para funcionamiento y 54,2 billones para deuda.

Leonardo Fabio Martínez, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, advierte que dicho artículo está mal redactado. "Cuando uno lee el texto se genera la interpretación que efectivamente se cogen recursos asignados para la Nación (universidades públicas) para pagar demandas judiciales del Estado. Así como se lee, es totalmente ambiguo", señala Martínez.

"Esto resultaría preocupante teniendo en cuenta la sensibilidad que hay en el país", sostiene.

Para el académico, el artículo resulta confuso en la medida que si se interpreta de otra manera, las universidades públicas ya vienen realizando ese proceso desde hace varios años. 

En una posición similar se encuentra Jairo Torre, director del Sistema Universitario Estatal y rector de la Universidad de Córdoba.

"Ese artículo no es claro y lo que se intuye en la redacción del texto es que los recursos de educación pública, que han sido adquiridos con esfuerzo con movilizaciones durante el último año, serán la caja menor con la que se pagará muchas de las sentencias y fallos judiciales en contra del Estado". 

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