Un acalorado debate en la Cámara de Representantes se dio en la noche del martes alrededor del operativo militar del pasado 28 de marzo en el Putumayo y la supuesta responsabilidad política del ministro de Defensa, Diego Molano, en esa acción militar.
El funcionario acudió al debate de moción de censura que citó la oposición por su supuesta responsabilidad política en la operación en la que fueron reportados 11 disidentes muertos, en zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo).
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Pese a este reporte de las autoridades, algunos habitantes del lugar han dicho que en esa acción resultaron como víctimas al menos 5 civiles.
Ante esto, el funcionario explicó varios detalles de la acción militar, de la realidad del Putumayo, departamento afectado por los cultivos ilícitos, y dijo que “las disidencias de las Farc son una amenaza”.
Molano mostró videos y grabaciones de cómo se preparó el operativo e insistió en que entre las 11 personas halladas muertas tras esta acción, algunas estarían vinculadas con este grupo ilegal y otras tendrían “antecedentes judiciales”.
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Y añadió que serán autoridades como la Fiscalía las que determinen si había civiles o no en esta acción.
Las críticasDesde tempranas horas y durante toda la tarde fluyeron las intervenciones de quienes atacaron y quienes defendieron al ministro.
La representante por Alianza Verde Katherine Miranda aseguró que, de acuerdo con una investigación suya, solamente una de las 11 personas muertas estaba vinculada con algún tipo de actividad delictiva. Dicha persona estaría relacionada con porte de armas.
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“El Ejército entró disfrazado con prendas de color negro y diciendo que eran de las disidencias. ¿Está avalado que ustedes se idenficaran como miembros de disidencias? ¿Por qué se cambiaron de uniforme?”, preguntó Miranda.
Otra de las congresistas que intervino fue la representante María José Pizarro, elegida en la Lista de la Decencia. Según ella, la operación militar realizada en Putumayo fue “ilegítima, contraria al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y en ella se cometieron crímenes de guerra”.
Una de estas violaciones, según Pizarro, corresponde a la no correcta identificación con los uniformes y símbolos de las Fuerzas Militares, pues estos, según explicó la representante, habrían llegado a la comunidad con vestimenta negra e identificándose como miembros de las disidencias.
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En este sentido, el ministro afirmó que se determinó la participación de “fuerzas especiales” que utilizan armas y uniformes autorizados por la doctrina militar.
Entre los que defendieron a Molano estuvo el representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui, quien llamó la atención en que “un soldado resultó herido de gravedad” en el operativo del Putumayo y que esto no había sido recordado por ninguno de los congresistas que atacaron al ministro.
Agregó que “en nuestro ordenamiento jurídico toda operación militar se presume legal y legítima y amparada por el Derecho Internacional Humanitario, a no ser que un operador de justicia o un juez determine lo contrario”.
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El representante Buenaventura León, del Partido Conservador, hizo una relación de enfrentamientos en la zona por la presencia de grupos armados ilegales.
León afirmó que la seguridad “siempre será un tema controversial” y que “la pelea o la disputa no debe ser entre nosotros. Deberíamos estar acá todos unidos contra el delito, el crimen organizado, el narcotráfico, la subversión que pretenden arrinconarnos en algunos sectores de la patria”.
Tras el debate, la Cámara debe citar a una votación para ver si los partidos quedaron satisfechos con las respuestas del ministro o si debe irse del cargo.
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