El nombramiento de 14 nuevos magistrados para juzgar a los militares en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es el primer resultado de las aproximaciones entre el expresidente Álvaro Uribe y los sectores de izquierda, apoyados por todos los sectores políticos que tienen asiento en el Congreso.
Es también la primera aproximación de Uribe o la más clara a legitimar el acuerdo de paz con las Farc, en la medida de que la JEP es uno de las estructuras orgánicas heredadas de ese proceso.
Que el uribismo decida apoyar la JEP es un hecho político que comienza a cerrar heridas después de años de polarización a raíz del acuerdo con la guerrilla.
El Centro Democrático en cabeza de su máximo líder el expresidente Álvaro Uribe y los defensores del acuerdo de paz, lograron este miércoles un acuerdo en la Comisión Primera del Senado en lo que tiene que ver con el juzgamiento de los militares en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El punto central es el nombramiento de 14 nuevos magistrados para las algunas de las salas de la JEP a fin de que se encarguen de llevar procesos que tienen que ver con los uniformados sindicados de haber cometido delitos graves en el marco del conflicto armado.
La propuesta inicial de los uribistas era que se constituyera una nueva sala en la JEP que se dedicara exclusivamente al juzgamiento de los uniformados, algo a lo que los defensores del acuerdo de paz consideraron como el desmembramiento de la JEP.
Finalmente tras la discusión de este martes que se prolongó por más de siete horas y el debate de esta mañana en la Comisión Primera el uribismo aceptó una fórmula intermedia que es la designación de los nuevos magistrados a la JEP.
El Centro Democrático ha criticado el mecanismo de selección que se empleó para escoger a los actuales magistrados de la justicia de paz pues considera que no le da garantías a los militares.
Por eso se acordó que los nuevos integrantes de esa jurisdicción serán escogidos por la Judicatura y el Procurador, entre otros.
Otro de los reclamos del Centro Democrático tenía que ver con el hecho de que los uniformados que se acogieran a la JEP no terminaran confesando hechos que no cometieron solo para recibir rebajas.
"Para los procesos ante la sección de no reconocimiento la sola confesión de quienes se someten o puedan ser llamados a comparecer ante la JEP no podrá ser prueba suficiente para proferir condena en su contra. La información respecto de quienes sean mencionados en la sección deberá ser contrastada con otras fuentes de información", señala el segundo punto de lo acordado.
POLÍTICA
