Duro pulso por posible regreso de aspersión aérea de cultivos ilícitos

¿Debe regresar la aspersión aérea de cultivos ilícitos? Esa es la pregunta que empezó a rondar en el país tras el anuncio del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, de que el Gobierno se está alistando para el regreso de la fumigación aérea, debate que se abre cuando el país superaría las 150 mil hectáreas sembradas con plantaciones ilegales.

La aspersión fue suspendida desde 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), acogiendo una alerta de la Organización Mundial de la Salud. La Corte pide para volver a asperjar “la existencia de una investigación científica que de forma objetiva y concluyente demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente”.

Adicionalmente, la Corte Constitucional estableció seis requisitos para el regreso de esta herramienta de erradicación, entre los requisitos están una consulta previa con las comunidades étnicas, una investigación científica que certifique la ausencia de daño y un monitoreo constante del que deben hacer parte entidades del sector salud y las entidades que conforman el Ministerio Público.

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"Hay que decir con claridad, cumpliendo claro está todos los requisitos de la Corte Constitucional, que la aspersión aérea hoy es más necesaria que nunca antes para continuar con la disminución de los cultivos ilícitos, clave para la lucha contra el nacotráfico", aseguró Trujillo.

Entre los argumentos expuestos por el ministro está que con la aspersión aérea se pueden erradicar diariamente entre 400 y 600 hectáreas de cultivos de coca y que además "genera más condiciones de seguridad para la fuerza pública y los erradicadores", con frecuencia atacados cuando hacen ese trabajo.

El Gobierno también argumenta que la erradicación manual (que es una de las herramientas que se usa actualmente) es 2,65 veces más costosa que la fumigación aérea.

Otra evidencia de la Policía Antinarcóticos, como lo documentó EL TIEMPO hace algunas semanas, es que la aspersión terrestre, que pretendía la utilización de drones y una oruga para realizar la aspersión con glifosato, no dio mayores frutos. Los drones no cubrían las 12 hectáreas por vuelo, y la oruga no resultó viable en terrenos agrestes y de ladera.

No obstante, más allá de las posibles afectaciones a la salud que pueda causar, la aspersión aérea ha sido cuestionada por algunas organizaciones frente a su su efectividad, pues si bien permite afectar mayor cantidad de cultivos ilícitos, la resiembra es mucho mayor a herramientas como la sustitución voluntaria.

Según estimaciones de Dejusticia, “la tasa de resiembra con la aspersión aérea es cercana al 35 por ciento”, mientras que, de acuerdo con el más reciente informe multipartidista de implementación del acuerdo de La Habana, en cuanto a sustitución de cultivos, “solo ha habido un 0,2 por ciento de resiembra en áreas erradicadas voluntariamente”.

“Asimismo, en el marco de investigaciones académicas, particularmente en el trabajo de Daniel Mejía y Adriana Camacho, se ha afirmado que para erradicar definitivamente una hectárea vía aspersión aérea es necesario fumigar 30, lo que pone en entredicho la efectividad de este método”, indica un documento de Dejusticia

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Igualmente, como le dijo a EL TIEMPO la representante Juanita Goebertus con el posible regreso de la aspersión aérea, el Gobierno “acepta que su política de seguridad territorial fracasó porque no son ni siquiera capaces de proteger a los erradicadores y desminadores de la Fuerza Pública”. Goebertus señaló, además, que “el programa más efectivo a largo plazo es la sustitución voluntaria, pero su asignación de recursos ha ido disminuyendo, pasando de 510.000 millones de pesos en 2017 a 191.000 millones de pesos en 2020”

Frente a este tema, el congresista del Centro Democrático Edward Rodríguez aclaró que “el Gobierno está acudiendo a todas las herramientas, la aspersión aérea es una más” y enfatizó en que “las tierras que van a ser objeto de aspersión no son ni siquiera de los campesinos, sino que ya pertenecen a carteles del narcotráfico, que adquieren esos terrenos y ponen personas a cuidarlas”.

El debate, como era de esperarse, se trasladó al Congreso donde se tramita un proyecto, del Partido Liberal, que pretende que la aspersión aérea sea solo la última opción dentro de las herramientas con las que cuenta el país para luchar contra este flagelo. Y este miércoles se conoció de otra iniciativa que busca que se prohíba el uso del glifosato dentro de la política nacional de drogas. Ambos proyectos coinciden en que “afecta la salud de los campesinos y al medio ambiente”.

Tal vez el mayor ‘talón de Aquiles’ que tiene la aspersión áerea con glifosato’ tiene que ver con las posibles afectaciones a la salud que tendría este mecanismo.

De acuerdo con una investigación de la Universidad del Valle, en 19 de esos estudios que fueron hechos en poblaciones humanas, más de la mitad de los mismos reportaron efectos sobre la fertilidad, es decir, demostraron que mujeres en edad fértil y expuestas a la aspersión del glifosato no podían quedar embarazadas.

Otros efectos encontrados son abortos espontáneos y tempranos, además de nacimientos pretérmino durante el desarrollo de la gestación. Pero también, varios tipos de malformaciones, además de daño al ADN, déficit de atención y discapacidad intelectual.

“Tenemos suficiente evidencia para señalar que, desde el principio de precaución no es prudente en este momento usar glifosato en aspersión aérea. Incluso, en otras instancias, como sociedad podríamos empezar a evaluar, tal como se está haciendo en algunos países de Europa y en Estados Unidos, también la prohibición del glifosato para uso agrícola”, indicó Fabián Méndez PhD en epidemiología e investigador de la Universidad del Valle.

En un sentido similar se pronunció el hoy rector de la Universidad de los Andes y exministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien durante una audiencia realizada en la Corte Constitucional señaló que “la regulación de la salud debe tener en cuenta no solo la certeza sino también la potencialidad del daño”.

No obstante, Gaviria señaló, basado en dos estudios realizados después de 2015, que “el glifosato representa un problema relevante de salud pública”.

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