Duro pulso en el Congreso para cambiar acuerdo de paz

Duro pulso en el Congreso para cambiar acuerdo de paz

Defensores de lo pactado con las Farc no se la dejarán sencilla a quienes quieren modificaciones.

Acuerdo de paz con las Farc

El acuerdo con las Farc vive un duro pulso en el Capitolio para sus modificaciones.

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Juan Pablo Rueda / Archivo EL TIEMPO

Por: Política
06 de noviembre 2018 , 06:27 a.m.

Lo sucedido la semana pasada con el proyecto que buscaba crear una sala especial para el juzgamiento de los militares en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue una demostración de que quienes quieran modificar el acuerdo con las Farc tendrán que superar un duro escollo en el Congreso: los defensores de la integridad de lo pactado en La Habana.

La semana pasada, cuando la creación de esta nueva instancia en la JEP estaba a punto de naufragar, se logró un acuerdo político entre el expresidente Álvaro Uribe y varios de sus enemigos políticos que logró salvarlo, pero que también les dio el mensaje a los uribistas de que los cambios al acuerdo negociado en La Habana tendrán una férrea oposición de los defensores del mismo.

Las modificaciones a lo pactado en Cuba ha sido uno de los objetivos del gobierno del presidente Iván Duque y de varios congresistas del Centro Democrático, el partido del jefe de Estado.

Desde finales del Congreso pasado, cuando Duque había sido elegido como el nuevo presidente de los colombianos, varios sectores uribistas anunciaron que avanzarían en intentar estas modificaciones pero, según ellos, sin hacer “trizas” lo pactado con las Farc.

Fue así como la senadora Paloma Valencia presentó un proyecto de reforma constitucional que buscaba crear una sala y un procedimiento especiales para el juzgamiento de los uniformados señalados de delitos atroces en medio del conflicto en el modelo de justicia transicional que se acordó.

Su argumento era que los actuales magistrados de la JEP no darían las “garantías” suficientes para el procesamiento de los miembros de la Fuerza Pública y que era necesario separar su juzgamiento del de los exguerrilleros.

Incluso, el propio Uribe manifestó que aunque se hablara de un tratamiento “diferenciado” para los militares, esa “diferenciación nunca se hizo”.

Sin embargo, en varias ocasiones la iniciativa de Paloma Valencia se quedó sin los votos necesarios para ser aprobada en la Comisión Primera del Senado, lo que provocó una reunión entre Uribe –quien tuvo que acudir de urgencia a la célula legislativa– y varios de sus enemigos políticos para que el uribismo pudiera salvar el proyecto de acto legislativo.

Luego de dos encuentros y varias horas de discusión a puerta cerrada entre Uribe y contradictores suyos, como el excandidato presidencial Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y congresistas del partido Farc, la iniciativa se salvó, pero con profundos cambios, entre ellos que ya no se creará la sala especial para los militares que proponía Paloma, sino que habrá 14 magistrados más en la JEP elegidos por instancias como la Judicatura y el Procurador, entre otros.

El Polo y el partido Farc aclararon que se habían marginado de ese acuerdo político.
Previo a este incidente,

‘Seguridad nacional’

La iniciativa, radicada por el representante por el Centro Democrático Óscar Darío Pérez, buscaba que quien solicitara o entregara material de cualquier índole, en el que se señalara, indicara, mencionara, describiera o especificara “información relacionada con seguridad nacional” incurriría en “falta grave” y podría ser castigado disciplinaria y penalmente.

Esto, prácticamente, limitaba la entrega de información por parte de las víctimas y los victimarios a la Comisión de la Verdad, la cual sentó su voz de rechazo a la norma.

El padre Francisco de Roux, presidente de esa instancia, señaló que el proyecto, en su exposición de motivos, era “falso, injusto y vulnerador de nuestra ética”.

El tema generó una discusión tan fuerte que Pérez no tuvo más opción que retirar el proyecto debido al poco ambiente político.

Para muchos, estos dos hechos fueron una demostración de que los defensores de la integridad del acuerdo de paz no se la dejarán fácil a quienes quieren modificarlo.

Además de la suerte de estas dos iniciativas, hay otra en camino que, seguramente, enfrentarán a unos y otros en los días por venir: se trata de la que habilita 16 circunscripciones especiales y transitorias de paz en la Cámara de Representantes, acordadas en La Habana.

Para esta iniciativa hay una ponencia propuesta por los senadores José Obdulio Gaviria (Centro Democrático) y Juan Carlos García (Conservador) que propone que ya no sean 16 sino 8, dos de las cuales serían para los militares víctimas de las acciones criminales.

La discusión de esta iniciativa, en segundo de ocho debates, está prevista para esta semana en la plenaria del Senado, pero se espera que los defensores del acuerdo intenten modificar los cambios propuestos por Gaviria y García.

Para el senador por ‘la U’ y negociador de paz del Gobierno, Roy Barreras, uno de los elementos más relevantes del acuerdo político de la semana pasada en torno a las modificaciones propuestas al acuerdo de paz fue que el Centro Democrático “reconoció” la “legitimidad” de la justicia para la paz.

La aprobación de este acuerdo y el pacto político que se hizo no implica renunciar a opiniones que tenemos sobre la JEP que son diferentes

No obstante, el senador Uribe dijo tras el acuerdo político alrededor del tema que quedó muy claro que “la aprobación de este acuerdo y el pacto político que se hizo no implica renunciar a opiniones que tenemos sobre la JEP que son diferentes”.

Aunque no se puede desconocer la trascendencia del diálogo político de la semana pasada entre Uribe y sus contradictores, y los frutos que este pueda tener en el futuro, tampoco se puede pasar por alto que los defensores de la integridad del acuerdo de paz no se la están poniendo sencilla a quienes quieren modificarlo.

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