Con un retraso de dos horas, la Comisión Primera de Cámara comenzó este martes la discusión y votación del proyecto de reforma política y electoral, que busca modificar algunas costumbres en este campo en el país.
El retraso en el comienzo de la sesión se dio, entre otras cosas, por una reunión que hubo entre el Gobierno y los representantes a la Cámara ponentes o que presentarán la iniciativa ante sus compañeros de la Comisión Primera de Cámara.
El propósito de este proyecto es cambiar algunas costumbres para combatir prácticas como la compra y venta de votos, el fraude electoral y la financiación ilegal de campañas políticas, entre otras.
De acuerdo con el representante a la Cámara por el Partido Conservador Telésforo Pedraza, se acordó "votar este martes el informe con el que termina la ponencia y mañana miércoles avanzar en la votación de los artículos".
La ponencia o texto que se someterá a consideración de los 35 integrantes de la Comisión Primera de Cámara pasó de tener 23 artículos a 14.
Entre los artículos eliminados está uno que indicaba que la inhabilidad para participar en política, la cual es impuesta por la Procuraduría y la Contraloría a quienes han cometido faltas, tenía que ser confirmada por el Consejo de Estado. Esto fue eliminado.
Adicionalmente había otro artículo que creaba una doble instancia para la sanción de la pérdida de investidura o muerte política que tienen los congresistas cuando incurren en una serie de faltas.
El cambio más sustancial, según el nuevo texto, está en la forma de elegir al nuevo 'consejo electoral colombiano', el cual reemplazaría al actual Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según la nueva propuesta, sus nueve miembros serían postulados ante el Congreso por parte de los "decanos de las facultades de derecho de universidades públicas y privadas" y luego elegidos por el Congreso en pleno.
En la propuesta original estaba que estos servidores serían elegidos tres por el Presidente, tres por las altas cortes y tres por el Congreso.
Adicionalmente, el nuevo organismo electoral ya no tendría facultades jurisdiccionales. Esto significa que sus decisiones contra los partidos políticos seguirían siendo susceptibles de ser demandadas ante órganos administrativos.
Con estos cambios, el Gobierno espera que las mayorías del Congreso acompañen la iniciativa para que pase a estudio de la plenaria de la Cámara.
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