Al Congreso, revolcón político y electoral, fruto de La Habana

Un revolcón político y electoral, que busca combatir la corrupción y la politiquería, fue radicado este miércoles por el Gobierno en el Congreso.

Después de varias semanas de análisis y consultas con los partidos, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, puso un proyecto de reforma constitucional en consideración del Legislativo con el cual se aspira a eliminar los vicios de la política.

"El Gobierno cumple un mandato del acuerdo de paz y ciudadano”, dijo el Ministro, quien resaltó puntos como la renovación que habría entre los elegidos a corporaciones públicas y la financiación “preponderantemente” estatal que se propone para las campañas.

Por ser un mandato de la mesa de La Habana, la reforma política y electoral que se radicó este miércoles será tramitada mediante la vía rápida o fast track, lo que significa que solamente tendrá que cursar cuatro debates antes de entrar a formar parte de la Carta Política.

Uno de los puntos que promete ser más polémico es la propuesta de que haya listas cerradas para Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales, la cual no termina de calar en muchos partidos.

Varios partidos se mostraron optimistas con el proyecto, pero advirtieron que lo mirarán con lupa.

Heriberto Sanabria, representante conservador, dijo que su partido “insistirá” en que “las listas sean cerradas” a partir del 2019.

“‘La U’ está comprometida con esta reforma y la va a acompañar, pero habrá unas líneas rojas que el Congreso está en condición de detener”, afirmó Bérner Zambrano, representante a la Cámara por ese partido.

Las listas de candidatos a corporaciones públicas deben ser cerradas. Significa que los partidos tendrían que presentar planchas únicas. Hoy se vota por un candidato y no por una lista. Varios partidos acompañarán esta propuesta, pero no a partir de las próximas elecciones.

Se propone que las campañas sean “financiadas preponderantemente con recursos estatales, mediante anticipos, reposición de gastos y financiación estatal indirecta de algunos rubros que incluirá, al menos, la propaganda electoral”.

Se limita a dos el número de periodos que una persona puede estar en corporaciones públicas. Esto significa que un congresista, por ejemplo, solo podrá ser reelegido una vez y no indefinidamente, como sucede hoy. Esto busca que haya “renovación” en la política.

Se incorporó la propuesta ciudadana de bajar la edad para que una persona pueda llegar al Congreso. En el caso del Senado, pasa de 30 años a 25, y para ser representante a la Cámara, de 25 años a 21. La idea es estimular la llegada de jóvenes a la política.

Habrá un Consejo Nacional Electoral (CNE) más fuerte y autónomo. Su elección no correría por cuenta del Congreso, como sucede hoy, lo harían las altas cortes y el Presidente. Elegido el primer grupo de magistrados, se comenzaría a aplicar la cooptación. Tendrá autonomía presupuestal y administrativa.

La pérdida de investidura, en caso de que la reforma política y electoral sea aprobada como fue presentada, también sufriría cambios. Se extendería a alcaldes y gobernadores. Este castigo, impuesto por el Consejo de Estado, tendría doble instancia ante ese alto tribunal.

El artículo primero de la reforma política desató una serie de consultas en organismos de control, pues creen que debilita los castigos a servidores públicos. La norma señala que para que queden en firme las limitaciones de los derechos políticos, deben ser confirmadas por la jurisdicción contenciosa. Esto afectaría los fallos de la Contraloría y de la Procuraduría.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el artículo se incluyó cumpliendo la Convención Americana de DD. HH. y el Pacto de San José y confió en el carácter “demócrata” y “garantista” del procurador Fernando Carrillo. “Se ha discutido con él que tener procuradores y contralores que inhabiliten 20 años a funcionarios elegidos popularmente no tiene ningún sentido”, afirmó Cristo.

La senadora de Alianza Verde Claudia López afirmó que esta fue una petición “expresa” de los partidos minoritarios al Gobierno Nacional y dijo que al Ministerio Público se le está “limitando no una función, sino un abuso que tenía”.

“Queremos que quede claro que la Procuraduría y la Contraloría pueden imponer sanciones administrativas, pero si van a imponer una inhabilidad política, queda vigente si una autoridad judicial, en segunda instancia, la ratifica”, dijo.

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