La iniciativa que pretendía acabar con la casa por cárcel para los corruptos y esperada con ilusión por muchos sectores, no alcanzó a superar este miércoles su trámite final y le quedó faltando solo la conciliación de los dos textos aprobados en Senado y Cámara.
Pero fue la Cámara donde el proyecto murió, pues su presidente, Alejandro Chacón, no facilitó la votación final.
El proyecto de ley había sido impulsado por la Fiscalía General de la Nación y contemplaba, entre otras disposiciones, el aumento de penas para delitos como la concusión y el prevaricato, dos de las faltas más comunes en la administración pública.
Adicionalmente, se planteaban inhabilidades en contratación para quienes sean condenados por delitos contra el patrimonio público y una dura regulación para los servidores públicos por el mal uso de información reservada.
La iniciativa estaba enmarcada en la lucha contra la corrupción, un propósito de la sociedad que acompañó masivamente la consulta anticorrupción de agosto de año pasado, la cual alcanzó más de 11 de millones de votos. Un récord.
La lucha contra los corruptos también ha sido un objetivo del gobierno del presidente Iván Duque, quien presentó varios proyectos de ley y de reforma constitucional al Congreso en septiembre pasado, algunos de los cuales siguen su trámite y otros han sido archivados.
Uno de estos propósitos, la eliminación de la casa por cárcel, era uno de los logros más grandes del proyecto que se hundió este miércoles en el Congreso, ya que no solamente respondía al punto 2 de la consulta anticorrupción, sino a un reclamo de la ciudadanía para que quienes saquean los recursos públicos cumplan sanciones ejemplarizantes.
Aunque esta disposición logró ser aprobada el lunes en la noche en el Senado, la imposibilidad de votar la conciliación de los textos en Senado y Cámara hizo que todo el proyecto de ley se hundiera y con él las otras normas anticorrupción que contenía.
La conciliación fue el capítulo de este miércoles. El presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, nombró al representante Jairo Cristo como conciliador por esta corporación, y el presidente del Senado, Ernesto Macías, aseguró en la noche de este miércoles haber designado a Germán Varón para lo mismo, pero lo cierto es que todo indica que los dos congresistas nunca se encontraron.
La versión de Cristo fue que él nunca supo quién era su par del Senado y que, incluso, averiguó en esa corporación y no le dieron respuesta.
“Al conciliador de Senado, esta es la hora que no lo conozco”, les dijo el congresista a los periodistas en la noche.
Cristo dijo que le notificaron de su designación por correo electrónico a las 3:43 de la tarde y que en el correo que le enviaron no le adjuntaron “el expediente del proyecto, por lo que tuve que ir hasta la Secretaría para que me lo entregaran. Eran más de mil folios los que había que estudiar”, aseguró.
Macías, pasadas las 7 de la noche, después de esta declaración de Cristo, afirmó que designó a Varón, “quien cumplió con su labor”.
Infortunadamente debo informar –le dijo Macías a la plenaria del Senado- que la Cámara levantó la sesión sin anunciar esta conciliación, por lo tanto nosotros no la podemos anunciar
"Infortunadamente debo informar –le dijo Macías a la plenaria del Senado- que la Cámara levantó la sesión sin anunciar esta conciliación, por lo tanto nosotros no la podemos anunciar”.
Pese a esto, la Cámara de Representantes mostró documentos en los que certificó que nombró a Cristo como conciliador y el propio congresista afirmó que había sido notificado, pero que nunca conoció a su par del Senado.
Incluso, la corporación dio cuenta de que había enviado a la Comisión de Ética tres recusaciones que habían llegado contra la totalidad de los representantes a la Cámara para que votaran este proyecto, algunas de las cuales, según lo estableció EL TIEMPO, argumentaban que ellos se podrían ver beneficiados, eventualmente, de algunas de las disposiciones de la norma.
“Quiero anunciar lo siguiente –le dijo Chacón a la plenaria de la Cámara al levantar la sesión del miércoles–: al día de hoy no ha llegado (la conciliación), y además creo que trataron de violentar la ley, al parecer, trabajando sin la designación que había hecho la Cámara de Representantes desde las horas de la tarde”.
Como haya sido, el hecho es que el proyecto de ley, la eliminación de la casa por cárcel para los funcionarios corruptos y todo lo que esto significa, se hundió en el penúltimo día de un Congreso que, al parecer, no está muy convencido de la lucha contra la corrupción, al decir de sus críticos, por sus resultados.
De los siete proyectos de ley que surgieron de la consulta anticorrupción realizada en agosto del año pasado, cuatro se hundieron y tres están vivos.
Entre las iniciativas que no sobrevivieron se encuentran: congelar el salario de los altos funcionarios, incluidos los congresistas; limitar los periodos a las corporaciones públicas; realizar audiencias públicas para discutir el presupuesto y, la última, eliminar el beneficio de la casa por cárcel para los funcionarios corruptos.
Entre los que seguirán su trámite están el que obliga a los congresistas a hacer pública su declaración de renta, los pliegos tipo para las contrataciones públicas y la rendición de cuentas de los funcionarios ante la ciudadanía.
Algunos dicen que las leyes contra la corrupción nunca les gustaron a los congresistas, lo que se refleja en la suerte que corrieron los proyectos.
Sin embargo, una de las situaciones más evidentes que conspiraron contra el éxito del paquete anticorrupción fue la congestión de los llamados temas gruesos que tuvo que discutir el Congreso en su primer año.
Fueron tantos que, como expresó el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Gabriel Santos, “sesionamos incluso lunes y jueves, algo poco habitual” en el Legislativo.
Entre las iniciativas de gran envergadura que ocuparon varias sesiones en ambas cámaras en este periodo legislativo se encuentran la ley de financiamiento, el Plan de Desarrollo, la ley de las TIC, la reforma política y las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.
La nueva forma de relacionarse del Congreso y el Ejecutivo –en el cual no hay representación para los partidos– y la falta de una coalición de gobierno afectaron el trámite no solamente de los proyectos anticorrupción, sino de buena parte de las iniciativas presidenciales.
Algunos congresistas, como la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), responsabilizan al Gobierno por la “demora” en darles mensaje de urgencia, lo que les habría dado un trámite prioritario. Cabe aclarar que si bien ese mensaje no llegó en el segundo semestre del año pasado, sí lo hizo este semestre, gracias a lo cual se salvaron tres iniciativas del paquete.
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