Aunque al principio de la sesión fue difícil conformar el quórum, tal parece que el llamado del presidente Juan Manuel Santos a los partidos de la Unidad Nacional para que asistieran al debate del acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) caló en los senadores: con 61 votos a favor y dos en contra esta iniciativa fue aprobada, en último debate, por la plenaria del Senado en la noche del lunes.
La JEP es el sistema de juzgamiento acordado en La Habana para los excombatientes acusados de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra –guerrilleros y militares–, quienes serán investigados y juzgados tras el fin del conflicto con las Farc.
Este sistema será una especie de paraguas constitucional para darles vida a las instancias que conocerán los procesos contra los integrantes de las Farc señalados de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio, entre otros.
Uno de los principales cambios que se introdujo en el último debate de la iniciativa fue un apartado que indica que en la ley estatutaria que se tramitará posteriormente para reglamentar la JEP se deberá determinar cuándo los delitos relacionados con el narcotráfico serán competencia de la justicia ordinaria y cuándo de la justicia especial de paz.
Las sanciones que se contemplan en esta jurisdicción van desde dos años de restricción efectiva de la libertad para quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y reconozcan la verdad, hasta 20 años de privación de la libertad para quienes no reconozcan su participación en delitos graves y sean vencidos en juicio.
La JEP no es sinónimo de impunidad. Será una justicia de transición para un país que sale de un conflicto armado
El acto legislativo incluye un capítulo dedicado al juzgamiento de los agentes del Estado, en el que se incluyeron unas condiciones para que los comandantes sean juzgados por delitos cometidos por sus subordinados y se hizo una diferenciación entre el tratamiento a los uniformados y a los demás civiles que pertenecen al Estado.
La iniciativa aprobada también contempla un capítulo en el que se garantiza la "no extradición para todos los integrantes de las Farc y personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final" y que se acojan a la justicia para la paz.
Igualmente, se establece la creación de una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.
Este mecanismo busca "contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas en el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad".
La bancada del Centro Democrático, opositor al Gobierno, reiteró sus críticas a lo pactado en La Habana y durante sus intervenciones los senadores aseguraron que esta justicia transicional lleva a "la impunidad".
Posición distinta tuvo el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien ha hecho varias críticas al proyecto, pero defendió la iniciativa al asegurar que "la JEP no es sinónimo de impunidad. Será una justicia de transición para un país que sale de un conflicto armado" .
El debate de este acto legislativo contó con la presencia mayoritaria de los miembros de los partidos Liberal, de 'la U', Conservador y Cambio Radical.
Durante sus intervenciones, los senadores de estas colectividades manifestaron su apoyo al proyecto, lo que mostró desde el principio que los partidos de la Unidad Nacional se habrían alineado ya con el Gobierno Nacional para votar positivamente la iniciativa, considerada como la columna vertebral del acuerdo de La Habana.
El miércoles pasado se habló al interior del Congreso de una 'operación tortuga' en el debate de este proyecto, pues se presentaron 25 impedimentos que retardaron la discusión de la iniciativa y fue notable la ausencia de algunos miembros de la Unidad Nacional.
A pesar del buen clima, el debate no dejó de ser intenso. Aún persisten preocupaciones en los congresistas, sobre todo en el punto del juzgamiento de civiles que participaron en el conflicto.
"No puede ser que les demos garantías a los miembros de las Fuerzas Militares y de las Farc, pero no a los empresarios que coaccionados participaron del conflicto", aseguró el senador conservador Hernán Andrade.
Esta es una preocupación que también se ha escuchado por parte de los senadores de Cambio Radical y que fue reiterada por Germán Varón, miembro de esa colectividad.
"Los terceros no pueden tener una condición más gravosa que los protagonistas directos del conflicto", expresó Varón.
La iniciativa pasará ahora a conciliación en las plenarias de Senado y Cámara y posteriormente pasará a sanción presidencial.
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