El ministro de Defensa, Guillermo Botero, defendió este miércoles la aplicación del Código de Policía, principalmente en lo relacionado con la protección del espacio público, a propósito de la polémica que se generó cuando un policía multó a un joven por comprar una empanada a un vendedor informal.
La defensa del Ministro se dio en medio de una pintoresca sesión en la Comisión Primera de la Cámara, donde se realizó un debate de control político sobre las sanciones a esta clase de comerciantes. La discusión tuvo, literalmente, todos los ingredientes, pues mientras Botero intervenía, algunos congresistas comían empanadas. Ese era el picante que le faltaba a una sesión que había iniciado con los ánimos caldeados.
“No podemos caricaturizar el debate, porque eso es lo que están intentando”, dijo el representante del Centro Democrático Gabriel Santos al ver a sus compañeros del Partido Liberal y de la oposición comiendo en plena sesión.
Hay que entrar a analizar medidas para armonizar el espacio público para que la gente pueda trabajar
La respuesta llegó de inmediato. El representante liberal Harry González, uno de los citantes, expresó: “Quienes caricaturizaron el debate fueron ustedes. Ahora, con esa intervención, todas las cámaras de televisión saben que el Ministro de Defensa va a comer empanada”. Incluso, el mayor general William René Salamanca, director de seguridad ciudadana de la Policía, aprovechó para comerse la suya.
Las explicaciones de Botero durante su intervención caldearon aún más los ánimos, especialmente cuando aclaró el sentido de los comparendos que impone la Policía. “El comparendo no es una multa, es una invitación a comparecer (…). Claro que hay una sanción que se puede pagar con la reducción del 50 por ciento”, dijo el ministro.
Botero explicó, además, que los comparendos se imponen es a los vendedores por ocupación del espacio público, no a los compradores.
Prueba de ello es que, según un estudio enviado por el Ministerio de Defensa a la Cámara, desde el 30 de enero de 2017 hasta el 20 de febrero de este año se han impuesto 90.066 comparendos a vendedores ambulantes por “comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público”, mientras que en ese mismo tiempo no figura ninguna sanción para los compradores.
Durante el debate, repartieron empanadas a los asistentes.
Archivo particular
Salamanca dijo, por su parte, que solo el 5,2 por ciento de los comparendos corresponde a infracciones de vendedores ambulantes.
Ante las inquietudes sobre si hay una instrucción para sancionar a estos comerciantes, Salamanca respondió: “No hemos impartido ninguna orden. Lo que hay es un esfuerzo de la Policía por hacer cumplir la norma”.
Los congresistas que hicieron presencia en la sesión coincidieron en que el debate sobre este asunto debe ir mucho más allá del caso de la empanada. “Hay que entrar a analizar medidas para armonizar el espacio público para que la gente pueda trabajar”, expresó el representante de ‘la U’ Jorge Eliécer Tamayo.
Desde Cambio Radical, el representante César Lorduy pidió ver la problemática como una discusión que involucra todo un debate desde la pobreza. “Los vendedores ambulantes no son más que una consecuencia de la pobreza que hay en el país y la alta informalidad, ese el verdadero debate que tenemos que abordar desde ya”, dijo Lorduy.
El representante Inti Asprilla, otro de los citantes, llevó a delegados de los ambulantes para mostrar que las multas impuestas a esta población son “segregacionistas” con “unas personas que necesitan opciones de trabajo”.
Este detalle no cayó bien en el uribismo. El representante Gabriel Santos acusó a Asprilla de “utilizar” a esta población “con fines políticos”.
“Ustedes están siendo utilizados por algunos sectores políticos que buscan sus propios fines”, les dijo Santos a los vendedores informales, al final del debate de este miércoles.
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