'Hay 20 millones de colombianos sin internet de banda ancha': Asomóvil

'Hay 20 millones de colombianos sin internet de banda ancha': Asomóvil

Samuel Hoyos, quien representa al gremio de los operadores de celulares, explicó la Ley de las TIC.

Samuel Hoyos

Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, el gremio de los operadores de celular.

Foto:

Carlos Ortega. EL TIEMPO

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
01 de agosto 2019 , 09:35 a.m.

Hasta hace unos meses, Samuel Hoyos era un representante a la Cámara por el Centro Democrático que, a pesar de su corta edad (35 años), llegó a ocupar dignidades como la Presidencia de la Comisión Primera de la Cámara y la precandidatura a la Alcaldía de Bogotá por el uribismo.

Luego de este paso por la política, Hoyos fue elegido como presidente de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), un cargo por el que han pasado reconocidos líderes políticos como el actual senador por Cambio Radical Rodrigo Lara y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Desde su nuevo cargo, Hoyos ha emprendido una defensa de los usuarios de telefonía móvil la cual pasa por cuestionar anuncios como el que hizo recientemente el secretario de la CAN, el exsenador Jorge Pedraza, sobre la posibilidad de un rooming internacional gratuito para quienes visiten los países de ese bloque andino.

Hoyos le habló a EL TIEMPO sobre el posible impacto para los usuarios de esa medida y explicó cómo se aplicará la Ley de las TIC, una de las principales apuestas del Gobierno Nacional para aumentar la conectividad de los colombianos. 

¿Cómo fue ese salto de la política a un gremio de la empresa privada?

Ha sido un cambio muy interesante, sin duda un reto para mí, pero ha sido muy natural en la medida en que desde la actividad política siempre tuve la firme convicción de que el sector privado tiene que ser el motor del desarrollo de una sociedad y que la mejor política social es la generación de empleo y eso es propio de la empresa privada. Y, además, siempre he buscado la manera de que el sector privado y el público trabajen de la mano.

Usted fue precandidato a la alcaldía de Bogotá, ¿cómo está viendo esa contienda por fuera de la política?

No me hagan hablar de política, pero lo que espero para la capital de los colombianos es que sea una ciudad donde se garanticen derechos para todos, que se continúe por el camino del desarrollo y se nos mejore la vida a todos los ciudadanos. Ojalá la ciudad no vaya a caer en manos del populismo y de discursos que buscan echarla para atrás.

Ojalá la ciudad no vaya a caer en manos del populismo y de discursos que buscan echarla para atrás

¿Cómo quedaron los operadores de celulares en la ley de las TIC, sancionada hacer unos días?

Esa ley es un paso fundamental que ha dado el Gobierno en la dirección correcta. Es un habilitador que puede significar para Colombia un aumento significativo en las inversiones para el sector, porque necesitamos reducir la brecha. Hay 20 millones de colombianos sin internet de banda ancha y en zonas rurales eso es mucho mayor. Según el Dane, solo el 13 por ciento de la gente en estas partes tiene acceso a internet móvil. Necesitamos conectar a esos colombianos. No hay inclusión social sin inclusión digital y no podemos insertar a los colombianos que hoy están excluidos del sector productivo.

¿Cómo se aplicará esa ley de las TIC?

La ley no es lo único que se necesita para estimular el crecimiento del sector. La política pública tiene un criterio, a mi juicio, acertado, que es la maximización del bienestar social. Es decir, con la ley lo que queremos es que más colombianos estén conectados y mejor conectados con un servicio de mayor calidad. Sobre esta norma y acerca de la subasta de 700 megahertz que el Gobierno ha programado para el tercer trimestre del año nosotros necesitamos claridad en lo que el Ejecutivo entiende por maximización del bienestar social.

¿Cuál será la ruta para poner en funcionamiento esta norma?

Después de sancionada le ley hay que trabajar en una reglamentación adecuada, lo cual hace el Ministerio de las TIC con el criterio de trabajar de la mano con la industria. Luego viene la subasta, en la que, para que sea exitosa y logre atraer inversiones, necesitamos tener claridad en el criterio de maximización del bienestar social. Y para llegar a esos territorios apartados, hoy desconectados y marginados de la digitalización, necesitamos ir de la mano del Estado, en un proceso en el que este haga un esfuerzo adicional para que la conectividad llegue donde el mercado no lo permite.

¿Qué necesita el sector para avanzar en lo que implementa la ley?

Esta industria, como cualquier otra, necesita de unos temas fundamentales: seguridad jurídica, reglas del juego claras y permanentes, aliviar la excesiva presión fiscal que hoy recae sobre el sector y que es una de las más altas de la región, garantizar que llegue a distintas regiones del país para poder darles cobertura, infraestructura vial y energética, fortalecer los modelos de asociación público-privada para que la industria, de la mano del Estado, pueda llegar a esos rincones donde el mercado no lo permite y necesitamos la simplificación normativa.

¿Qué opinión le merece el anuncio del secretario de la CAN, Jorge Pedraza, de implementar el rooming gratuito en los países de este bloque?

Como industria nosotros apoyamos los procesos de integración regional. Nos parece positivo el ingreso de Colombia a la OCDE, el avance que ha habido frente a la Alianza del Pacífico, a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre otros, pero la industria ha hecho grandes esfuerzos de autorregulación y para ofrecer mejores servicios a sus usuarios en materia de rooaming internacional y que van mucho más allá de los países miembros de la Comunidad Andina. Hoy hay planes que permiten acceder a servicios muy baratos de rooaming que ofrecen las empresas sin necesidad de imponer obligaciones. Me parece que una regulación o imposición de obligaciones por parte de la CAN a particulares puede ser un precedente peligroso. Es que los programas tienen que ser costoeficientes y deben tener una utilidad razonable. Ahora, si el Gobierno quisiera subsidiar esto en medio de sus acuerdos con la CAN, pues lo puede hacer, pero las empresas privadas necesitan poder ofrecer planes costoeficientes y con utilidad razonable.

¿Es decir que para los operadores esta sería una imposición?

Una imposición arbitraria, que además es innecesaria por los avances que la propia industria ha hecho de manera voluntaria y porque así se lo ha exigido el mercado. Y puede generar distorsiones como, por ejemplo, un escenario en donde los pobres terminen subsidiando a los ricos y puede afectar a los usuarios locales, todo para poder darles un beneficio o un privilegio adicional a los pocos usuarios de rooaming internacional. Nosotros no nos oponemos a procesos de integración. Las empresas han hecho esfuerzos muy significativos para mejorar su servicio y ofrecer planes que son mucho más baratos en materia de rooaming internacional. Hoy los usuarios utilizan otro tipo de plataformas para comunicarse cuando salen del país, pero nos parece que es un precedente nocivo que se nos impongan obligaciones arbitrarias y por eso esperamos que se instalen unas mesas y buscar la manera en que avancemos en la integración, pero sin afectar la competitividad de nuestras industrias y, sobretodo, afectar a los consumidores que son los que se verían impactados con ese tipo de medidas.

¿Existe un cálculo de cuánto podría costarles a las empresas la implementación de esta gratuidad en el rooaming en los países de la CAN?

Yo creo que sería especular si le doy un número.

¿El Gobierno no se ha comunicado con los operadores móviles?

Hemos empezado a establecer un diálogo y existe una mejor disposición a trabajar de la mano de la industria, tanto por parte del Gobierno, como por parte de la Comunidad Andina de Naciones, para que sea una decisión razonable y una decisión concertada con la industria.

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