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Los congresistas que radicaron los proyectos de ley del Comité del Paro
Comité Nacional del Paro

Comité Nacional del Paro llevó al Congreso diez proyectos de ley.

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Twitter: @AntonioSanguino

Los congresistas que radicaron los proyectos de ley del Comité del Paro

Comité Nacional del Paro llevó al Congreso diez proyectos de ley.

50 congresistas de Alianza Verde, Comunes, Liberal, la ‘U’, entre otros, radicaron las iniciativas.

El Comité Nacional de Paro, con el respaldo de alrededor de 50 congresistas de diferentes sectores políticos como Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Ángela María Robledo, Jorge Robledo, Omar Restrepo, entre otros, llevó este martes diez proyectos de ley ante el Congreso, que recogen lo que habían expuesto en el pliego de emergencia radicado en junio de 2020.

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Esto se da luego de varios días de diálogo entre el Gobierno y el Comité del Paro con los que buscaban llegar a acuerdos en medio del paro nacional que atravesaba el país, lo que finalmente no se logró.

“Esperamos que el Congreso sea responsable con las necesidades del pueblo colombiano, frente a la difícil situación de pobreza, quiebre de empresas y de gran deserción escolar que se ha presentado en el país por la pandemia”, aseguró el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés.

El primer proyecto es el de renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual legal vigente por 12 meses para 7,5 millones de hogares que se encuentran en la pobreza.

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La segunda iniciativa es el de la protesta pacífica. “En el proyecto se encuentran reflejados buena parte de las recomendaciones de la CIDH en su reciente informe sobre Colombia y los elementos planteados por la Corte Suprema de Justicia”, advirtió el Comité.

En un tercer proyecto piden derogar de manera definitiva el decreto 1174 para que “se deje de aplicar de manera perjudicial a los trabajadores que perciben menos de un salario mínimo legal y se han visto obligados a salirse de fondos pensionales para pasar a fondo de ahorros y del régimen contributivo de salud para el subsidiado”.
Sobre la matrícula cero, es decir, que el Gobierno garantice la gratuidad universal de la educación superior en todo el país para acceder a los programas de pregrado y posgrado.

Respecto a las empresas, otro proyecto busca ampliar la generación de apoyos en subsidio y créditos también para las microempresas, así como ampliar y crear diversas medidas para la reactivación de las MiPymes en el país.

Para los jóvenes también hay iniciativas. Uno de los proyectos radicados busca fortalecer e incentivar la participación política de la juventud mediante la modificación de la ley 1622 de 2013 que creó el Estatuto de juventud. Para ello el proyecto robustece la figura de los Consejos de Juventud otorgándoles un carácter vinculante en relación con las políticas de juventud y otorga incentivos a la participación política de la juventud.

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Respecto al sector agropecuario, uno de los proyectos pretende favorecer las condiciones de acceso a los beneficios de condonación de intereses corrientes y de mora, así como otros conceptos. Además, busca una política de fijación de precios de los productos e insumos agropecuarios en el mercado nacional.

Un octavo proyecto pide la reforma a la Policía, con el cual buscan fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional modificando y estableciendo lineamientos claros en el uso de la fuerza, parámetros de identificación, fortaleciendo la participación ciudadana y la veeduría sobre la misma. Además, establece disposiciones sobre la necesidad de protocolos y definiciones en la actuación de la Policía Nacional frente a la protesta.

El penúltimo proyecto busca el fortalecimiento e integración de las entidades nacionales encargadas de generar las acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género, asignar presupuestos pertinentes, crear un programa nacional de atención, un protocolo de atención a las violencias basadas en el género.

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El último busca impulsar el proyecto de ley 073 ya radicado en el Congreso en materia de salud. “Busca modificar el artículo 194 y 195, para que el Estado asuma la nómina de los trabajadores de los hospitales públicos en todo el país”, señaló.

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