Las próximas elecciones a Congreso tienen un componente particular: más de 650 candidatos están recogiendo firmas para inscribirse y competir por un escaño en el Legislativo. Este fenómeno es algo que nunca se había visto en unas elecciones congresionales.
De avalarse todas las inscripciones, esta sería la primera vez –desde que existe la figura del aval con firmas– que un número tan elevado de personas aspiran a obtener curules en el Capitolio por fuera de los partidos políticos.
A la fecha, 82 grupos están en la calle recogiendo apoyos para respaldar sus listas a Congreso en el 2018. Dentro de estos hay 7 que van por el voto en blanco.
De acuerdo con la Registraduría, para las elecciones del 2014 se inscribieron 29 comités, en los cuales hubo 100 candidatos a Senado y 140 a Cámara mediante este mecanismo. Este año, sorpresivamente, esa cifra se elevó.
Hasta ahora, solo para Senado, 374 personas de diferentes grupos ciudadanos, entre los que están víctimas del conflicto y de ataques con ácido, cristianos y personas del común, están recogiendo firmas para avalar su inscripción. Otros 280 van por la Cámara.
De acuerdo con el exregistrador delegado para Asuntos Electorales Alfonso Portela, la avalancha de grupos que recogen firmas para el Congreso “tiene el mismo reflejo de lo que está ocurriendo con las candidaturas presidenciales, debido al desgaste de los partidos y a su crisis, que viene desde hace mucho tiempo”.
Sin embargo, sacar adelante una candidatura al Congreso no es una tarea fácil. El reconocimiento, el dinero y, especialmente, los votos son factores claves para lanzarse a competir por esas curules.
Según un estudio realizado por Cifras y Conceptos en convenio con el Pnud y con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, en el 2014, una lista de aspirantes al Senado costó, en promedio, 3.000 millones de pesos. Además de requerirse más de 350.000 votos, que fue el umbral exigido para las elecciones pasadas para llegar al Congreso.
Posicionarse es difícil y de eso son conscientes los grupos que recogen firmas.
Gina Potes, quien fue víctima de una agresión con ácido y quien ha liderado varias campañas contra este flagelo, es una de las candidatas que aspira llegar al Senado avalada por el comité Adelante Colombia.
Potes dijo que la recolección de firmas ha sido “con las uñas” y agregó que se lanzó al Congreso porque la ciudadanía “ya no cree en la política” tradicional.
“Sabemos que es una tarea muy difícil (...). Nosotros lo intentaremos y esperamos que se unan y nos apoyen”, afirmó Potes.
Entre los comités también se destacan sectores cristianos como Fuerza social cristiana y Colombia justa libres.
Este último movimiento, que promovió el ‘No’ en el plebiscito por la paz, inscribió en su lista a Senado a 56 candidatos y a otros 51 a la Cámara, en 8 lugares diferentes del país.
Hay otros comités que tienen registrados solo dos candidatos en sus listas, para quienes será mucho más difícil recoger los cerca de 400.000 votos en los que podría estar el umbral para las elecciones de Senado, en el 2018.
Sin embargo, hay sectores que manifiestan que el simple hecho de recoger firmas meses antes de que se inicie el periodo para hacer campaña pone en la delantera a esos candidatos.
“Avalar las candidaturas por firmas significa mayor tiempo para hacer proselitismo, lo que implica una ventaja competitiva frente a los demás”, aseguró el profesor de ciencias políticas de la Universidad Externado de Colombia, Juan David Velasco.
Para Portela, la polarización que afronta el país también “les da una especie de esperanza” de que puedan llegar al Congreso, pues “al polarizarse la política también lo hace la votación, que se va a regar por los diferentes grupos”.
“Lo que hay (entre los candidatos por firmas) es una alta dosis de ingenuidad y desconocimiento de cómo funciona el sistema electoral colombiano”, afirmó Mauricio Jaramillo, catedrático de la Universidad del Rosario.
Según la magistrada del Consejo Nacional Electoral Yolima Carrillo, “el único partido que ha conseguido su personería jurídica, avalado por firmas, es el Centro Democrático”.
Esta avalancha de candidaturas por firmas –que incluye 31 aspirantes a la presidencia– le implicará a la Registraduría Nacional un operativo sin precedentes, con el fin de darles respuesta a tiempo a los centenares de ciudadanos que aspiran entrar a la democracia por el camino del apoyo ciudadano.
Entre los requisitos para inscribir las candidaturas, los movimientos deben adquirir una póliza de seriedad. Esta exigencia puede dejar en el camino a muchos de los comités que están recogiendo firmas.
En el caso de no alcanzar el umbral para tener derecho a la reposición de votos, la Registraduría hará efectivo el cobro.
“Las listas que obtengan menos de 177.000 votos al Senado -partiendo de la anterior elección- se harán acreedoras a una especie de sanción que significa hacer efectiva la póliza”, afirmó la magistrada del Consejo Electoral Yolima Carrillo.
El tribunal electoral definió el monto por el que deben ser adquiridas las pólizas.
Para las próximas elecciones a Senado ese valor es de alrededor de 280 millones de pesos y para la Cámara varía entre 73 millones de pesos y 258 millones de pesos.
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