Cambios en la contratación estatal: ¿soluciones o interrogantes?

Cambios en la contratación estatal: ¿soluciones o interrogantes?

La abogada experta Ana María Moncada considera que hay varios puntos y plantea interrogantes.

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Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
20 de diciembre 2019 , 01:02 p.m.

“Importantes serán los cambios que se implementarán en 2020 en la gestión contractual de las entidades estatales y en la “contratación privada en la que se comprometan recursos públicos, nueva expresión que varía el criterio orgánico definido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, según el cual, este aplica a entidades con participación pública mayoritaria (superior al 50 %)”.

Así lo considera Ana María Moncada, socia de Moncada Abogados, quien explica que las leyes anticorrupción que se han venido tramitando en el Congreso representa un cambio normativo en el Régimen de Contratación Estatal.

Según la experta, entre los proyectos de ley anticorrupción que avanzan en el Congreso, se encuentran algunas medidas que impactan ese régimen contractual.

“Por ejemplo, el mayor alcance de los documentos tipo. No bastó que el artículo 4° de la Ley 1882/2018 los contemplara para los procesos de selección de obras públicas, su interventoría, la de sus estudios y diseños y la consultoría; ni que en el tiempo transcurrido, el Gobierno apenas alcanzara a implementar los de la licitación de obra pública de infraestructura de transporte. El nuevo proyecto dispone, entre otros temas, que: Colombia Compra Eficiente elaborará, adoptará y revisará documentos tipo de obligatorio cumplimiento en toda la actividad contractual de las entidades sometidas al Estatuto; se coordinarán en mesas técnicas con las cabezas de sectores a nivel nacional, departamental, distrital y municipal; comprenderán cláusulas, requisitos habilitantes, criterios de evaluación, factores de ponderación. Se escuchan, desde ya, voces autorizadas como las de la Cámara de la Infraestructura y la Sociedad de Ingenieros, según las cuales: “el remedio sería peor que la enfermedad”, aclara Moncada.

El nuevo proyecto dispone que Colombia Compra Eficiente elaborará, adoptará y revisará documentos tipo de obligatorio cumplimiento en toda la actividad contractual de las entidades sometidas...


Otros de los puntos de discusión está relacionado a los contratistas condenados en sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública se les hará exigible la cláusula penal pecuniaria.

“Se entiende que solo aplicaría a personas naturales dada la inexistencia de responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Cambia la naturaleza de la cláusula penal? ¿Cubrirán ese riesgo las aseguradoras? ¿Qué pasará si el contrato termina o se liquida antes de la ejecutoria de la sentencia penal?”, son varias de las preguntas que se hace la especialista.

Siguiendo con algunos de los puntos que se tienen en la propuesta, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicará en procesos de contratación privada en los que se comprometan recursos públicos.

“Esto también genera muchas preguntas. ¿Para quiénes sería novedosa esta decisión? En principio, deberían inquietarse ciertos contratistas, las empresas privadas que administran recursos parafiscales como las cajas de compensación, las EPS, las entidades gremiales (fondos ganaderos, arroceros, cafeteros, avícolas), entre otras”, agrega.

De igual forma, otro de los puntos en el articulado dice que se amplía la inhabilidad por comisión de delitos contra la administración pública.

“Se modifica por tercera vez esta causal, ya de por sí cuestionada porque aplica aun cuando está pendiente la impugnación de la sentencia, omitiendo considerar presunción de inocencia y doble instancia, resultaba desproporcionada por 20 años, y se extendía de plano a las sociedades en que las personas actuaban en calidad de administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o de socios controlantes, a sus matrices y a sus subordinadas. Ahora, sería permanente la inhabilidad, y extensiva a “los grupos empresariales” a los que las personas naturales condenadas pertenezcan cuando la conducta delictiva haya sido parte de una política del grupo. ¿Quién definirá si lo fue?”, se cuestiona la abogada.

Otro de los aspectos que tiene en cuenta la licenciada Moncada, de un total de 12 puntos que le causan preocupación es la inhabilidad de ocho años por infracción al régimen de competencia.

“Para los responsables administrativamente por colusión, distribución de adjudicaciones, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas. Se estudia si la sanción se hará extensiva a las sociedades de las que hagan parte dichas personas (administradores, representantes legales, miembros de junta directiva), a los socios controlantes, sociedades matrices y subordinadas y a las sucursales de sociedades extranjeras. Con ese balance, se espera que, de convertirse en leyes, las aludidas medidas cumplan con el loable propósito “anticorrupción” que las motiva, y que no se conviertan, dados los serios interrogantes que suscitan, en un desincentivo a la hora de fichar talentos en el servicio público, o entre los particulares que aspiran a concurrir con el Estado en la gestión de lo público”, concluye.

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