La plenaria de la Cámara de Representantes se alista para debatir y votar, desde este miércoles, el proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto, en el cual hay una novedad que reforzaría las obligaciones de los exguerrilleros con el sistema: el nuevo régimen de condicionalidades.
El régimen de condicionalidades es una serie de seis requisitos que tendrían que cumplir los exguerrilleros que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para mantener los beneficios del sistema.
El representante a la Cámara por ‘la U’ y ponente del proyecto de ley que reglamenta la JEP, Hernán Penagos, explicó que el alto tribunal, en su pronunciamiento sobre el acto legislativo que le dio vida a este modelo de justicia, “creó” estas “obligaciones adicionales”.
De acuerdo con la Corte, dentro de ellas están la “dejación de armas”, la “obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación a la vida civil” y de “aportar verdad plena” sobre los hechos del conflicto. Nada nuevo hasta ahí.
Las novedades vienen en la parte de “garantizar la no repetición” de hechos violentos y delitos “después del primero de diciembre de 2016, en particular, conductas asociadas con cualquier eslabón de la cadena de producción de los cultivos de uso ilícito y sus derivados”.
Esto significa que los jueces de la JEP deberán verificar que los exguerrilleros han roto todo tipo de vínculo con el narcotráfico, incluida la tenencia de cultivos ilícitos. De lo contrario podrán expulsarlos del sistema y perderán los beneficios de este modelo de justicia.
Adicionalmente, el nuevo régimen de condicionalidades impone que dentro de la reparación a las víctimas se debe verificar que digan “la verdad en relación con los procedimientos y protocolos para inventariar todo tipo de bienes y activos”.
Esta condición es un refuerzo en lo que tiene que ver con los exguerrilleros a los que se les descubra que ocultaron bienes a través de testaferros, para quienes está claro que perderán los beneficios del sistema y serán procesados por la justicia ordinaria.
La sexta condición es que los excombatientes entreguen “los menores de edad”.
Para observadores, estas nuevas condiciones les quitarían discrecionalidad a los magistrados y jueces de la JEP, quienes en varios aspectos de la aplicación de este modelo de justicia podían basar algunas de sus decisiones en su propio criterio.
Con este régimen de condicionalidades, estos servidores deberán verificar que los exguerrilleros cumplan con estas condiciones para permanecer en la JEP. Si no cumplen todos estos seis requisitos, no podrán estar en esta justicia especial.
Para Penagos, “el incumplimiento de estos requisitos simplemente dará para que la persona salga del sistema, pierda los beneficios y sea la justicia ordinaria la que lo investigue, así se le haya impuesto sanción en la JEP”.
Este miércoles se espera que la plenaria de la Cámara comience el estudio del proyecto de ley, que incorpora este régimen de condicionalidades, el cual debe estar listo la próxima semana cuando termine la vigencia del procedimiento especial con el que el Congreso ha tramitado la implementación del acuerdo.
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