El Centro Democrático radicó este miércoles un proyecto de ley para que profesores a los que se les compruebe que constriñen o tratan de involucrar a sus estudiantes en algún tipo de ideología política o desarrollan proselitismo en las aulas de clase puedan ser multados y sancionados.
La propuesta, de iniciativa del representante a la Cámara Edward Rodríguez, pretende darles herramientas a los estudiantes de los colegios cuando sus maestros o directivos docentes "interfieran o trasgredan derechos fundamentales de los alumnos en las decisiones de los estudiantes a escoger su propia ideología, ya sea de derecha o de izquierda".
La controversia no se ha hecho esperar. Desde la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) aseguraron que con la iniciativa “está en juego la libertad de cátedra en las instituciones educativas”.
“Acá (Fecode) lo que siempre ha fomentado es que todos los docentes puedan dar el desarrollo de diferentes actividades pedagógicas, recreativas y artísticas, para que nuestros estudiantes sean críticos y constructivos y puedan tomar sus propias decisiones”, expresó Nelson Alarcón, presidente de Fecode.
La organización emitió una comunicación en la que afirmó que el proyecto “condena a los estudiantes a la ignorancia”.
El proyecto, que tendrá que surtir un trámite de cuatro debates en el Congreso, prohíbe "realizar proselitismo político dentro de los planteles educativos, o usar asignaturas no relacionadas con las ciencias sociales para incitar discusiones políticas".
También prohíbe "manipular alumnos o padres de familia para obtener apoyos en sus ideologías políticas" y "aprovecharse de su condición de docente o directivo para coaccionar a los alumnos a adoptar su ideología, candidato o programa político".
El adoctrinamiento político de algunos profesores hace daño al estudiante, a la democracia y a la ciencia, deberían buscarse soluciones que no sean sanciones legales
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 20 de febrero de 2019
Según la iniciativa, se contemplan diferentes sanciones a los profesores, las cuales incluyen la suspensión del cargo, inhabilidades y multas hasta de cinco salarios mínimos.
Obviamente que para emitir una sanción previamente debe mediar una investigación disciplinaria de la respectiva secretaría de Educación.
"Primero un llamado de atención, segundo una suspensión de la cátedra; luego suspensión del trabajo y posteriormente inhabilidad y multa, y si continúa reincidiendo, el despido", dijo el representante Rodríguez.
De acuerdo con él, esto "nace de los propios padres, profesores y alumnos para lograr un acuerdo social sobre no politizar las cátedras" y que "los niños de los colegios públicos y privados no sean ideologizados o sufran bulliyng por su pensamiento".
Según Rodríguez, también se quiere evitar que existan "incentivos perversos" como que hayan motivaciones de algún docente a sus estudiantes por asistir o no asistir a marchas.
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