La plenaria del Senado tiene previsto este jueves tomar una de las decisiones más trascendentales de los últimos tiempos en el Congreso: si envía el proceso contra el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt (funcionario con fuero y acusado de corrupción) a la Corte Suprema de Justicia o si lo archiva. (Lea también: Un escándalo de 18 meses)
Se trata de una función que el Senado no ejercía desde el 29 de septiembre de 1958, cuando acusó al expresidente Gustavo Rojas Pinilla, ante la Corte, también señalado de actos de corrupción.
En los despachos de los 102 senadores está desde este miércoles el informe de la comisión instructora que estudió el caso, y la cual recomienda a la plenaria trasladar la acusación contra Pretelt al alto tribunal para que allí se le haga un juicio penal, algo que el país no ha visto en varias décadas.
Por corrupciónPretelt es procesado por el Legislativo por supuestamente haber pedido 500 millones de pesos a cambio de que sus colegas de la Corte Constitucional –de la cual era presidente cuando fue denunciado– fallaran a favor de la firma Fidupetrol en una tutela.
Por estos mismos hechos ya fue condenado a dos años y cuatro meses Víctor Pacheco, abogado de Fidupetrol, quien hizo un preacuerdo con la Fiscalía y aceptó su participación en el delito.
En el Congreso, el magistrado no ha contado con el apoyo de los partidos políticos, los cuales –en su mayoría– han votado en su contra en todas las decisiones sobre este caso. (Además: Así será el juicio a Jorge Pretelt en el Senado)
El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, al explicar este miércoles algunos aspectos de la sesión de este jueves, dijo que lo que está previsto es decidir si se admite o no el informe “mayoritario” de la comisión instructora.
“Si se acepta la recomendación que propone enviar el caso a la Corte Suprema, el primer efecto, según la ley, es que a Pretelt se le separará de su cargo”, aseguró Lizcano.
Esto quiere decir que en caso de que los senadores acojan la propuesta, Pretelt será suspendido automáticamente como magistrado de la Corte Constitucional y juzgado por la Corte Suprema por concusión, es decir, porque en su calidad de funcionario público hizo una exigencia en provecho propio. (Lea también: Esta es la acusación contra el magistrado Jorge Pretelt)
Si esto ocurre, el país vería por primera vez en tiempos recientes a un magistrado de las altas cortes tener que responder por sus conductas ante un juez, última instancia en materia penal.
El juicio políticoEl senador Guillermo Santos, uno de los integrantes de la comisión instructora y quien lideró la propuesta para que el caso avanzara hacia el alto tribunal, explicó este miércoles que adicionalmente se propondrá iniciar un juicio político contra Pretelt en el Senado.
“En el juicio penal en la Corte Suprema se le podría juzgar y condenar a lo que ese alto tribunal determine y en el juicio político se le podrá declarar la indignidad política. Este último realmente es un formalismo al que obliga la Ley 600 de 2000”, afirmó Santos.
A estos hechos habría que sumar que el respaldo político para Pretelt en el Congreso ha sido casi nulo hasta el momento. (Las horas contadas del magistrado Jorge Pretelt)
En la Comisión de Acusación de la Cámara, la votación contra Pretelt fue unánime entre 11 representantes presentes en la sesión; en la plenaria, la determinación para que se le acusara ante el Senado la tomaron 96 congresistas contra 45; en la comisión instructora, los tres senadores uribistas, aliados de Pretelt, fueron derrotados.
Se teme que este jueves las cosas tampoco estarán de su lado en la plenaria del Senado.
Las tres posibilidades1. A la Corte, pero cesa en Congreso
El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, explicó que una de las posibilidades es que el caso pase a la Corte Suprema y cese la labor del Congreso, es decir, que no haya juicio político. Pero el senador Guillermo Santos, miembro de la comisión instructora, afirmó que, “según la Ley 600, este paso se debe cumplir”.
2. El proceso va a la Corte Suprema
Otro de los escenarios para el magistrado Jorge Pretelt es que la plenaria del Senado admita el informe de la comisión instructora que propone enviar el proceso en su contra a la Corte Suprema.
En ese caso se suspenderá automáticamente a Pretelt de su cargo y comenzará también un juicio político en el Senado por indignidad.
Para que esto ocurra, el Senado debe decidir por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes en el recinto, siempre y cuando haya ‘quorum’ decisorio.
3. Archivo de la acusación
Una tercera posibilidad es que el Senado rechace el informe de la comisión instructora. En ese caso se archivará el proceso.
Hasta tutelas, en plan de la defensaEl abogado Abelardo de la Espriella, quien defiende al magistrado Jorge Ignacio Pretelt, aseguró que el proceso contra su cliente “está lleno de vicios jurídicos”.
Por la supuesta vulneración del debido proceso afirmó que no descarta presentar tutelas contra la Comisión de Acusaciones y la Comisión de Instrucción del Senado.
Según De la Espriella –quien le pedirá al Senado que vote desfavorablemente la ponencia que pide la destitución del magistrado Pretelt–, el caso está “viciado porque no se han resuelto las nulidades que la defensa ha presentado durante la investigación”.
Además, solicitará que los senadores “que han emitido juicios de valor” sobre Pretelt se aparten de estudiar el proceso. En abril pasado, la Comisión de Ética del Senado ya había negado la recusación que la defensa interpuso contra 11 senadores.
“Esto es un adefesio jurídico, el proceso se ha hecho de manera atropellada y el ponente, Julián Bedoya, no tiene la formación en derecho para manejar el tema. Voy a pedir que se revisen las nulidades y que se decreten las recusaciones. Como está planteado, el proceso contra Pretelt es un linchamiento y no un juicio reglado”, dijo De la Espriella.
En mayo pasado, la defensa de Pretelt presentó una queja disciplinaria contra Bedoya afirmando que “cerró antes de tiempo la etapa de instrucción del proceso”, lo que le impidió presentar pruebas.
Desde el año pasado, cuando se inició la investigación, Pretelt ha negado haber pedido dinero para favorecer a Fidupetrol en la tutela que estudiaba la Corte Constitucional.
Pretelt ha insistido en que el caso se trata de una “persecución por parte del ente acusador” y ha calificado de mentirosas las declaraciones del abogado Víctor Pacheco, condenado por este proceso.
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