La participación en política de los exguerrilleros de las Farc, el tema más polémico de la justicia para los actores del conflicto armado y que fue atacado por distintos sectores, quedó a salvo este lunes en el Congreso.
El hecho se dio en medio de una sesión en que las mayorías acompañaron al Gobierno en gran parte de los 163 artículos del proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el más importante de la implementación normativa del acuerdo de paz.
Esta iniciativa fija las reglas con las que serán juzgados los excombatientes y militares que hayan cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en medio del conflicto armado.
Hasta el momento faltan por votar algunos artículos que tienen que ver, entre otros temas, con las condiciones que tendrán que cumplir quienes se acojan al sistema para permanecer en este.
En una corta discusión, que no tomó más de una hora, la Cámara de Representantes determinó que los excombatientes podrán ser elegidos al Congreso, posesionarse y mantenerse en sus curules, cumpliendo algunas condiciones.
Desde que fue acordado este punto entre las delegaciones del Gobierno y de las Farc, en La Habana, el asunto había levantado polvareda entre varios partidos políticos.
Aunque expertos han dicho reiteradamente que la participación en política de los excombatientes que se sometan a un proceso de paz es uno de los imperativos, en Colombia hubo varias voces que se levantaron en contra.
El uribismo, principal opositor al acuerdo de paz, trató de introducir obstáculos a esta posibilidad de muchas maneras.
Incluso, uno de los referendos que está impulsando el Centro Democrático para modificar lo acordado en Cuba está enfocado en limitar la participación en política de quienes dejaron las armas y decidieron tomar el camino de la democracia.
A estas voces se sumaron sectores de Cambio Radical y del Partido Conservador en el Congreso.
Pese a estos vientos en contra, el Gobierno logró que las mayorías de la Cámara de Representantes apoyaran esta posibilidad, y la prueba de ello fue la aplastante votación a favor: 88 votos por el sí y 7 por el no.
De acuerdo con el artículo 31 del texto estudiado este lunes en Cámara, las condenas que tengan los exguerrilleros quedarán “suspendidas” para que los que así lo deseen puedan inscribir sus nombres para participar en las elecciones.
Según lo acordado en La Habana y que ya pasó por el Congreso, los exintegrantes de las Farc tendrán derecho a cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, por dos periodos.
Para posesionarse como congresistas, “la presidencia de la JEP certificará” que “el candidato elegido ha iniciado su respectivo trámite” en ella, el cual consiste en acogerse al sistema y entregar verdad sobre los hechos del conflicto.
Si los exintegrantes de las Farc son condenados mientras ejercen sus curules, deberán dejarlas en caso de que sus penas sean privativas de la libertad y deban cumplirse en establecimientos penitenciarios. Y si solo son restrictivas, la JEP definirá si el castigo es incompatible con su labor en el Congreso.
Finalizando el debate, se aprobó una propuesta que tuvo el apoyo de todos los partidos políticos, incluido el Centro Democrático: los exguerrilleros que sean culpables de delitos sexuales contra menores no serán sancionados con las penas de la JEP sino con el Código Penal.
A las 4:30 de la tarde de este lunes, el senador Mauricio Lizcano, de ‘la U’, corría presuroso por los pasillos del Capitolio buscando firmas de sus colegas de todos los partidos para hundir la reforma política. En ese momento ya tenía 25 respaldos.
A esa misma hora, en el segundo piso del edifico, en la oficina de la presidencia del Senado, los conservadores sostenían una reunión. Y la conclusión fue la misma: hundir el proyecto.
Entre tanto, el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, a sabiendas de lo que se estaba moviendo, intentaba en el recinto del Senado salvar esta iniciativa.
Por su parte, el senador Álvaro Uribe parecía como ajeno a este asunto. Se salió de la plenaria y se ubicó en un pequeño escritorio, de frente a una ventana, de espaldas al recinto del Senado, y se dedicó a estudiar unos documentos.
La reforma política, concebida para acabar con algunas de las malas prácticas electorales, contempla entre otros puntos la posibilidad del transfuguismo cuando un partido decida hacer alianzas, las coaliciones de partidos para aspirar al Congreso y que los movimiento políticos puedan avalar candidatos cuando tengan un determinado número de afiliados.
Pasadas las 5 de la tarde, la situación era evidente; el proyecto no tenía los votos necesarios para ser aprobado. Como en un acto de reanimación médica, la única alternativa que les quedó al Gobierno y a los defensores de la iniciativa fue pedir su aplazamiento para que sea discutido hoy. Como en el fútbol, fue una jugada para ganar tiempo.
A esa hora, Lizcano, orgulloso, mostró que ya tenía más de 30 firmas. “Y faltan los 10 liberales que ya dijeron que no la votan y los 20 uribistas”, dijo mientras exhibía las dos hojas de su propuesta.
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