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Acuerdo de Escazú: la deuda ambiental del Congreso

La iniciativa se pondrá en marcha en el mundo sin la participación de Colombia.

Los Balcanes occidentales poseen algunos de los ríos más salvajes de Europa. Pero la deficiente infraestructura para el tratamiento de desechos amenaza el medio ambiente y la salud pública.

Los Balcanes occidentales poseen algunos de los ríos más salvajes de Europa. Pero la deficiente infraestructura para el tratamiento de desechos amenaza el medio ambiente y la salud pública. Foto: AFP

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El 22 de enero México y Argentina ratificaron el Acuerdo de Escazú ante la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Con estos países ya son 12 Estados Partes, lo que implica que el próximo 22 de abril, Día Internacional de la Tierra, este tratado empezará a regir. ¿Y Colombia?
El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento jurídicamente vinculante para América Latina y el Caribe que busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando a las personas tres derechos fundamentales:
Por un lado, busca el acceso a la información, oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables; la participación ciudadana, que debe ser abierta, inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el ambiente o la salud.
Así mismo, incluye el acceso a la justicia en materia ambiental frente a daños al ambiente y los derechos humanos. Adicionalmente, el Acuerdo incluye por primera vez medidas concretas para la protección y defensa de las personas defensoras del ambiente.
A pesar de que Colombia firmó el acuerdo, este debe ser ratificado por el Congreso de la República, hecho que aún no ha ocurrido, y eso que el proyecto que busca que el Legislativo le dé el aval a esta iniciativa fue radicado desde el 20 de julio del año pasado. Ni si quiera se le ha dado el primero de los cuatro debates que requiere para completar su trámite.
Si el acuerdo no es ratificado en Colombia, pese a que entre en vigor, el país no tendrá ningún compromiso a la hora de cumplir sus directrices.
La iniciativa fue radicada con mensaje de urgencia, lo que indica que las comisiones segundas del Senado y la Cámara, encargadas de analizar este tipo de iniciativas relacionadas con tratados internacionales, deben sesionar de manera conjunta, lo que en teoría agiliza el trámite del proyecto.
Sin embargo, el proyecto se ha encontrado con todo tipo de obstáculos, al punto que se han hecho cuatro intentos por intentar darle el primer debate sin que hasta el momento se haya logrado un consenso entre los congresistas de estas comisiones para si quiera arrancar el trámite.
El último acuerdo al que se llegó fue el de convocar primero dos foros regionales para escuchar más voces sobre el tema, antes de darle el primer debate al proyecto. No obstante, por la pandemia, ha sido difícil la convocatoria de estos espacios.
Congresistas de oposición temen que esto sea “una estrategia dilatoria” de los sectores de gobierno.

Críticas al proyecto

Hay que tener en cuenta que varios sectores políticos e incluso voceros del partido del Gobierno han manifestado su rechazo a este acuerdo.
La iniciativa ha sido criticada igualmente por gremios como la Federación Nacional de Avicultores Y Fedegan, que argumentan que se estaría afectando el desarrollo económico y no establece claridad sobre las consultas previas y los procesos que necesitarán de una licencia ambiental.
Igualmente, congresistas del Centro Democrático afirman que se “pone en riesgo la soberanía”.
El texto que se quiere ratificar genere unos vacíos jurídicos en nuestro país que puedan generar una violación de nuestra soberanía jurídica
“El principal riesgo es que el texto que se quiere ratificar genere unos vacíos jurídicos en nuestro país que puedan generar una violación de nuestra soberanía jurídica. Es decir, que cualquier organismo internacional puede intervenir en los desarrollos productivos del país”, aseguró Juan David Vélez, presidente de la Comisión Segunda de la Cámara.
En este contexto, hay que tener en cuenta que los presidentes tanto de la Comisión Segunda de la Cámara como el del Senado pertenecen a partidos de gobierno: Juan David Vélez (Centro Democrático) y Juan Diego Gómez (Partido Conservador). Y en manos de ambos está organizar la agenda de discusión.
Además, hoy el Acuerdo de Escazú no está en el plan de priorizaciones legislativas del Ministerio del Interior, que es el que lleva la vocería del Gobierno en temas legislativos.
POLÍTICA

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