A pocas semanas de concluir el procedimiento legislativo especial con el que el Congreso ha tramitado el desarrollo de lo pactado por el Gobierno y las Farc, el panorama es crítico.
Un total de nueve proyectos de ley y de reforma constitucional claves para implementar el acuerdo de paz con las Farc están todavía en trámite en el Congreso y no se vislumbra que puedan ser aprobados en tan poco tiempo.
Según algunas interpretaciones jurídicas, el procedimiento legislativo especial (conocido como vía rápida o ‘fast track’) iría hasta el 30 de noviembre, es decir, dentro de un mes.
Sin embargo, el Gobierno ha insistido en que se descuenten las vacaciones que se tomaron los congresistas a mediados de año, con lo que estas herramientas especiales tendrían vigencia hasta finales de diciembre.
En todo caso, los tiempos son cortos, y las mayorías del Gobierno en el Legislativo ya son precarias.
Los congresistas, incluidos los de la Unidad Nacional, no están yendo a las sesiones, varias de las cuales han tenido que levantarse por el ausentismo de los legisladores.
Prueba de ello es que las dos normas más importantes para el desarrollo del acuerdo de paz –la que reglamenta el funcionamiento de la justicia para la paz y la reforma política– han tenido un trámite lento por la falta de quorum.
En el caso del proyecto que reglamenta la justicia transicional, ya cumplió su primer debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara y está pendiente de los dos restantes en las plenarias de ambas corporaciones, en las cuales se espera un debate arduo.
La importancia de este proyecto radica en que a este modelo de juzgamiento acudirán excombatientes, militares y civiles que hayan cometido delitos atroces en medio del conflicto armado.
En cuanto a la reforma política, ni siquiera ha culminado sus dos debates en la Cámara de Representantes, y aún le resta su paso por el Senado.
Un hecho que ha afectado el trámite de los proyectos para la paz fue la decisión tomada en mayo de este año por la Corte Constitucional de permitir que los congresistas pudieran modificar las iniciativas para implementar lo acordado.
Desde entonces, las iniciativas se han visto empantanadas en medio de una lluvia de proposiciones que han entorpecido el trámite.
El viernes pasado, el propio presidente Juan Manuel Santos le recordó al Congreso la importancia de “cumplir” con lo acordado. “Es el nombre de Colombia el que está en juego”, les dijo el mandatario a los congresistas tras reconocer que ellos “entendían” esta responsabilidad.
El cuello de botella más grande para varios de estos proyectos parece estar en la Cámara de Representantes.
El pleno de esta corporación todavía no ha terminado el trámite de la reforma política.
En fila están además el último debate del proyecto de reforma constitucional que crea 16 curules adicionales en la Cámara para víctimas del conflicto y organizaciones sociales de las zonas afectadas por el conflicto y el proyecto de ley que reglamenta la justicia para la paz.
El presidente Santos le hizo el viernes pasado un segundo llamado de atención al presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, para que no sea un obstáculo en el trámite de los proyectos que están implementando el acuerdo de paz con las Farc.
Al ser indagado por el manejo que le ha dado Lara a los debates de iniciativas como la reforma política, el cual ha sido criticado por otros representantes, Santos afirmó esperar que él “cumpla con la palabra” que le “empeñó”.
1. Reforma política
Uno de los proyectos que ha tenido un trámite lento en el Congreso es la reforma política, la cual está a la espera de su aprobación final en la plenaria de la Cámara y de dos debates en el Senado.
El retraso en su trámite ha hecho que esta iniciativa –que busca depurar malas prácticas en las elecciones– ya no se vaya a aplicar para los comicios de 2018 y varias de sus disposiciones se queden para 2019 o 2022.
2. Curules de paz
Otro proyecto vital para el cumplimiento del acuerdo de paz es el que crea 16 curules transitorias que serían ocupadas por representantes de víctimas y de organizaciones sociales de las zonas más afectadas por la guerra.
Estos escaños serían elegidos en las próximas elecciones, razón por la cual su aprobación es vital para cumplir este paso. A la iniciativa le hace falta un debate en la plenaria de la Cámara.
3. Monopolio de armas
Una de las iniciativas más avanzadas para implementar el acuerdo, y que se encuentra en el Congreso a la espera de su aprobación final, es la que refuerza la prohibición de fundar, financiar o impulsar cualquier tipo de organización armada ilegal y confirma el monopolio del uso de las armas en cabeza del Estado.
Aunque la plenaria del Senado ha intentado votar la conciliación durante dos semanas, la ausencia de varios congresistas ha impedido que el proyecto termine su paso por el Legislativo.
4. Los más quedados
Entre los proyectos más quedados en el legislativo está el que crea el sistema de innovación agropecuaria, el cual busca articular varias entidades del Estado para mejorar la productividad y la competitividad en el campo.
Entre los que están pendientes de su primer debate se encuentran: el que crea estímulos a la reforestación, otro que habilita un catastro de los predios rurales, uno más que exceptúa a algunas entidades de la ley de garantías, y el de tratamiento diferenciado para quienes tengan cultivos ilícitos.
En medio del despegue de la campaña electoral y con mayorías cada vez más precarias, el Congreso se apresta a tramitar el proyecto de ley más trascendental de este semestre de implementación del acuerdo de paz: el que reglamenta la justicia para los actores del conflicto armado.
La iniciativa es de vital importancia, ya que se trata de crear las reglas para el esquema de justicia al que se someterán excombatientes, militares y civiles que hayan cometido delitos atroces en medio de la guerra.
La iniciativa tuvo un duro paso por las comisiones primeras de Senado y Cámara, en las cuales se escucharon y atendieron las observaciones de diversos sectores, como las del fiscal Néstor Humberto Martínez.
Ahora, con esas inquietudes ya resueltas, el proyecto se alista para sus dos debates finales en las plenarias de Senado y Cámara.
El prólogo para este paso corrió por cuenta de una carta de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, dirigida a la Corte Constitucional.
Para el representante a la Cámara por ‘la U’ Hernán Penagos, ponente de este proyecto de ley en esa corporación, en esa comunicación hay varias “alertas” de Bensouda que “son muy importantes y de fondo”.
“La Fiscal lo que está advirtiendo es que si el día de mañana se denuncia algún delito grave ante la Corte Penal Internacional y esta evidencia que esa falta no fue investigada por la justicia para la paz, entonces puede activarse bajo el principio de la inacción del Estado colombiano”, aseguró Penagos.
La fiscal Bensouda dedica varios párrafos del comunicado a la Corte Constitucional al juzgamiento de los comandantes militares por los delitos que hayan cometido sus subordinados, lo que en lenguaje jurídico se conoce como la responsabilidad del mando. En ese sentido, las alertas de Bensouda están dirigidas a que la manera como serán juzgados estos comandantes en Colombia no está en sintonía con el derecho internacional.
El otro tema candente pasa por la participación política de los exguerrilleros. Desde el primer debate, varios congresistas insistieron en limitar este ingreso de los excombatientes a la arena política hasta tanto no terminen de pagar sus condenas, así sean penas alternativas.
En ese sentido, la ponencia o texto que se propondrá para el segundo debate trae como novedad que si un exguerrillero es elegido al Congreso en 2018 y luego es condenado por la justicia para la paz, este debería abandonar su curul.
La plenaria del Senado está citada para este lunes a las 11 de la mañana, a fin de comenzar el debate y la votación de esta iniciativa, que seguramente capturará la atención del país en las semanas siguientes.
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