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‘Colombia necesita abrirse al escrutinio internacional’: Erika Guevara
Paro nacional plaza de bolívar

Bogota mayo 12 de 2021. Paro nacional plaza de bolívar en total calma. Fotos: Milton Diaz El Tiempo

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Milton Diaz / El Tiempo

‘Colombia necesita abrirse al escrutinio internacional’: Erika Guevara

Entrevista con la directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Múltiples voces en el ámbito internacional como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Human Rights Watch, se han pronunciado a propósito de los hechos de violencia ocurridos durante las manifestaciones del Paro Nacional que comenzó el pasado 28 de abril.

Al llamado de alerta se sumó el movimiento global Amnistía Internacional, organización que ayuda a las personas a reivindicar sus derechos y apoya e investiga hechos de abuso en el mundo.

Para la mirada internacional los hechos de violencia en Colombia se suscriben al contexto latinoamericano de descontento social en los últimos años: Chile, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Y preocupa, según su mirada, que al cometerse violaciones a los derechos humanos en dichos países, se escala aún más la violencia y la indignación.

Situación que Colombia ha vivido, porque si bien el Paro Nacional tenía como objetivo inicial tumbar la reforma tributaria —el cual se logró— y, además, el retiro del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; la manifestaciones continuaron con reivindicaciones más profundas y con la llama encendida por los hechos de violencia policial.

Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional explica la importancia del escrutinio internacional en situaciones como la que vive Colombia actualmente. Además de su visión de un estallido social que ya ha dejado múltiples víctimas en todo el país.

¿Qué es lo que más le preocupa del desarrollo de las movilizaciones en Colombia?

Sin duda alguna lo que más nos preocupa ha sido la respuesta del Gobierno ante estas protestas sociales, las cuales muestran un hartazgo acumulado por parte de la ciudadanía colombiana con muchos temas pendientes que las propias políticas han perpetuado. Temas vinculados a la desigualdad, la discriminación, a la fallida estrategia de implementación del acuerdo de paz.

Eso ha tenido nefastas consecuencias en toda la población y que se demuestra con las protestas sociales, que si bien iniciaron por la reforma tributaria, hoy son una expresión más generalizada de ese hartazgo. Con la tensión social que existe, lo que uno esperaría de un Gobierno es que estas protestas sirvan como una oportunidad que genere cambios y es todo lo contrario a lo que hemos visto en Colombia. Ha sido una respuesta militarizada, una respuesta que muestra la incapacidad del Gobierno del presidente Duque para entablar un diálogo con la ciudadanía, para escuchar las demandas sociales y poner una acción contundente. Lo que hemos visto desde el 28 de abril ha sido una respuesta que pone a las fuerzas de seguridad como un instrumento de castigo y de silencio.

¿Qué balance tienen ustedes de los hechos ocurridos durante las protestas?

Amnistía Internacional viene documentando graves violaciones a los derechos humanos que pueden constituir delitos bajo el derecho internacional, con el uso excesivo de la fuerza, con el uso de armas letales para el control de las manifestaciones, con el uso de armas menos letales pero indiscriminadas. Hemos recibido cientos de imágenes que han recorrido todas las redes sociales y tenemos un trabajo de verificación digital de mucha rigurosidad. Y efectivamente hemos podido confirmar por lo menos 38 incidentes graves en diferentes partes del país y en diferentes manifestaciones.

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La Cancillería colombiana señaló que el país rechazará “los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad y que buscan alimentar la polarización en el país” y que “Colombia es un Estado de derecho (...) y seguirá siendo un país abierto al escrutinio internacional”. ¿Cómo perciben ustedes ese escrutinio internacional? ¿Cree que Colombia ha estado abierto a este?

Es en este momento donde Colombia tiene que abrirse al escrutinio internacional como una de las formas para desescalar un conflicto social.

Las declaraciones de la Cancillería nos parecen sumamente impertinentes en un momento en donde Colombia necesita abrirse al escrutinio internacional. Sobre todo de mecanismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas o muchos otros mecanismos existentes, para que estos co-ayuden a los esfuerzos de investigación, documentación sobre la violaciones en derechos humanos y que se pueda garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. Es en este momento donde Colombia tiene que abrirse al escrutinio internacional como una de las formas para desescalar un conflicto social.

Hemos visto en otros contextos como en Venezuela, en Nicaragua, en donde el escrutinio internacional es totalmente nulo. No es permitido el ingreso de organismos internacionales a verificar la situación y eso ha tenido ya consecuencias devastadoras para la población. Eso es un ejemplo de lo que pasa cuando no hay escrutinio internacional.

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¿Qué opina del manejo que las autoridades le dan a la protesta?

Hoy,14 días después de las manifestaciones, el presidente Duque no ha tenido una sola declaración pública en la que condene los abusos policiales y las violaciones a los derechos humanos. Lo que sí hemos visto, repetidamente, son declaraciones estigmatizantes, narrativas que promueven la violencia incluso de terceros, de civiles armados en contra de quienes protestan.

Durante las manifestaciones también han ocurrido hechos de violencia en contra de la Fuerza Pública, 15 Policías intentaron quemarlos vivos en el CAI de la Aurora, en Bogotá, así como hay múltiples heridos. ¿Qué tiene que decir sobre estos hechos de violencia?

Es la obligación del Estado investigar, sancionar a los perpetradores de esa violencia

Efectivamente todos los actos de violencia tienen que ser denunciados, pero también hay que entender que hay una gran diferencia entre las violaciones a los derechos humanos y los delitos que tienen que ser investigados, o delitos que se cometen en contra de las fuerzas de seguridad. Siempre hay una narrativa del propio Estado que intenta confundir estas dos importantes componentes en una situación de conflicto social.

Por un lado tienes las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad, en manos del Estado. Es decir, el Estado es el que lleva el monopolio de la violencia y el que tiene la función legal de la detención de las armas. Entonces lo que comete el Estado es una violación de los derechos humanos porque este tiene la obligación, nacional e internacional, de proteger los derechos humanos de las personas. Lo otro que ocurre es la violencia que incitan, ya sean manifestantes u otros grupos de civiles que, aprovechándose de una situación como las manifestaciones multitudinarias en Colombia, cometen delitos. Estos crímenes son penalizados a través del código penal y por ende, las instancias impartidores de justicia tienen que investigar para llevar a esos perpetradores ante la justicia.

Pero intentar mezclar ambas cosas, como si fueran una sola, es sumamente peligroso porque minimiza la obligación que tiene el Estado para atender la violencia, tanto generada por las fuerzas de seguridad, con estas violaciones a los derechos humanos, como la criminalidad de actos de violencia cometidos por terceros. Y por supuesto que Amnistía Internacional, a pesar de que nuestro mandato es de monitoreo de violaciones a los derechos humanos, también condenamos esta violencia porque evita que las personas que se manifiestan pacíficamente, puedan ejercer sus derechos. Es la obligación del Estado investigar, sancionar a los perpetradores de esa violencia y garantizar que las personas puedan ejercer su derecho a la asamblea pacífica sin actos de violencia.

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¿Qué opinión tienen sobre las investigaciones y judicialización de las posibles personas culpables?

Hasta este momento se sabe poco de investigaciones por violaciones a los derechos humanos. El ministro de Defensa anunció, hace algunos días, que algunos policías habían sido detenidos, pero no se conocen avances en las investigaciones. Y eso manda un mensaje de impunidad, eso le manda un mensaje a las fuerzas de seguridad que pueden seguir asesinando, torturando, violando mujeres, desapareciendo personas, deteniendo arbitrariamente. También le manda un mensaje a aquellos civiles o terceros que cometen violencia, de que la impunidad es parte de la norma y que tampoco van a haber investigaciones.

¿Cual es la solución a esta crisis social?

Aquí se tienen que atender temas estructurales que han causado la exclusión social. Pero primero, y más importante, para verdaderamente generar un proceso de diálogo genuino y legítimo es que el Estado y, en este caso el gobierno del presidente Iván Duque, inclusive el mismo presidente, tiene que reconocer las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido. Porque será la única manera en que se garanticen investigaciones imparciales y el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. Hay que empezar a atender las demandas sociales de diferentes sectores, no sólo del Paro Nacional y quienes lo organizan, estamos hablando de temas históricos de discriminación, de racismo, de desigualdad, de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos, de un fallido acuerdo de paz. En la medida en que no se supere esa crisis y se reconozcan estas lesiones, lamentablemente será muy difícil entrar en un diálogo con el presidente Duque.

María Isabel Moreno Muñoz
Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo

POLÍTICA@PoliticaET

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