Autoridades de Colombia, Brasil y Perú firmaron este jueves un pacto para luchar contra la trata de personas, el abuso y la explotación sexual de menores y mujeres en la zona de triple frontera amazónica. Esto se da tras reconocer que en la región hace falta una mayor articulación entre los tres países para contrarrestar estos delitos.
El acuerdo se dio en Leticia (Amazonas) por invitación de la Procuraduría General de la Nación durante el desarrollo de la cuarta audiencia pública sobre el tema, que adelantan líderes de diferentes instituciones en los tres países, así como habitantes de la región y organismos no gubernamentales que lideran iniciativas por la protección de los derechos de niños y las mujeres.
“Se tiene conocimiento de que las niñas indígenas de la Amazonía colombiana son captadas y transportadas hasta Brasil y Perú para explotarlas sexualmente”, señaló en la instalación de la mesa Adriana Herrera Beltrán, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.
La funcionaria levantó un llamado para que las autoridades regionales lleguen a acuerdos con el fin de prevenir estos delitos. Herrera reiteró que, según informes de este 2018, se evidencia un aumento de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y mujeres indígenas, como el delito de más alto impacto en el departamento del Amazonas, en Colombia.
“Es una realidad que como Estados y Gobiernos de Perú, Colombia y Brasil no podemos desconocer. Debemos reconocer la problemática que se está presentando en la triple frontera. Si no se reconoce el problema es muy difícil ahondar esfuerzos para eliminar estas violencias sexuales que son violaciones de los derechos humanos y la dignidad de la personas”, señaló.
Sobre el tema, prestadores de servicios turísticos de la región presentaron un manifiesto en el que reconocen la existencia de estos delitos en la triple zona de frontera. “Denunciamos que nuestro sector está siendo instrumentalizado por parte de los tratantes, explotadores sexuales y que estos delitos vienen en aumento, en gran medida, por la falta de articulación eficiente de las entidades e instituciones competentes”, señala el documento firmado por los empresarios.
Jineth Bedoya, subeditora de EL TIEMPO y directora de la campaña ‘No es hora de callar’, participó del encuentro y también hizo un llamado para que las autoridades de los tres países realicen acciones que frenen los delitos sexuales en el país.
“Resalto que las instituciones y los integrantes de las instituciones se capaciten, que hagan sus cursos en derechos humanos, que entiendan la explotación sexual y cómo se deben tratar a las víctimas. Pero no nos debemos quedar en los laureles de la capacitación. Tenemos que pasar a la acción, porque mientras nos estamos glorificando con eso a las niñas las están explotando y las están vendiendo”, sostuvo Bedoya durante la audiencia.
No nos debemos quedar en los laureles de la capacitación. Tenemos que pasar a la acción, porque mientras nos estamos glorificando con eso a las niñas las están explotando
Frente al tema, autoridades judiciales en la región reconocieron deficiencias de presencia institucional contra estos delitos. Sandra Paola Hittsher, fiscal de Trata de Personas Loreto de Perú, sostuvo, por ejemplo, que las autoridades de su país tienen que enviar a equipos policiales a la frontera para buscar información de eventuales casos de desaparición, trata de personas y explotación sexual.
“Nosotros tenemos una problemática porque en el lado peruano, nuestra frontera, solo hay un solo puesto policial fronterizo. No tiene una dependencia policial completa con efectivos policiales en una sección de investigación y eso es una deficiencia nuestra. Sin embargo, lo que hacemos actualmente es enviar policías de investigación a esta zona para poder realizar denuncias productivas para buscar casos e iniciar el caso”, dijo la funcionaria peruana.
Al finalizar el encuentro, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, anunció que buscará que el pacto conseguido tenga respaldo político del Gobierno nacional. “Lo que quiero ahora es llevarle esto directamente al canciller de Colombia para que esto haga parte de la política internacional de Colombia, para que esto sea política de Estado”, señaló.
La audiencia terminó con la firma de las autoridades participantes y se acordó que en un eventual nuevo encuentro se revisarán los avances en materia de prevención y control de estos delitos en zona de frontera.
NO ES HORA DE CALLAR
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