El “impuesto rosa” es una guerra hasta ahora perdida para las mujeres. Los implementos de aseo e higiene femenino han estado en el centro del debate por el impuesto con el que están gravados.
Aunque en 2016, la reforma tributaria logró disminuir el IVA para esos productos del 16 al 5 %, el hecho de que las mujeres tuvieran que pagar más por un bien de primera necesidad era, a todas luces, discriminatorio.
Este miércoles las mujeres ganaron una de las batallas en la Corte Constitucional que tumbó el cobro del impuesto a tampones y tollas higiénicas al considerar que puede ser una forma de discriminación directa.
La decisión fue unánime. Los siete magistrados del alto tribunal apoyaron la ponencia de la magistrada Gloria Ortiz que se basaba en tres argumentos: este es un producto de uso exclusivo de mujeres que se relacionan con la dignidad de ellas, que es un producto insustituible y que las otras alternativas son mucho más costosas, y poner barreras en su acceso puede afectar directamente a la población de bajos recursos.
Al debate habían llegado conceptos como el de la Procuraduría, que se había mostrado a favor del impuesto del 5 por ciento para toallas, tampones y protectores.
Para el Ministerio Público la diferencia entre hombres y mujeres en este asunto es relevante porque "los sujetos no pertenecen al mismo género, y en consecuencia no son comparables en lo atinente a la norma acusada, por lo cual en este aspecto la diferencia de trato es constitucionalmente válida".
En su concepto enviado a la Corte, la Procuraduría afirmó que distinto sería si existiera un bien de primera necesidad utilizado solo por miembros del género masculino, que hubiera sido objeto de un tratamiento tributario marcadamente diferente al ítem de toallas y tampones. Con lo que, según ese organismo, el impuesto sería desigual si a un producto de necesidad básica masculino no se le hubieran cobrado impuestos.
Mientras que en la otra orilla del debate estaba la Defensoría del Pueblo, también un organismo de control y que pedía tumbar ese tributo considerándolo discriminatorio.
En su concepto enviado a la Corte, ese organismo aseguraba que el impuesto a toallas y tampones es discriminatorio ya que "gravar estos bienes implica incrementar su costo y, por tanto, reducir la posibilidad de acceso de los mismos, en particular para las mujeres y niñas con menos capacidad adquisitiva".
En promedio, el IVA a estos productos de higienes podría dejarle al Estado cerca de 184 mil millones de pesos si se tiene en cuenta que una mujer podría pagar desde 900 pesos extra al mes por IVA. O sea, unos 10.800 al año. Actualmente hay unas 17 millones de colombianas en etapa reproductiva.
Sobre este tema dialogó en Degeneradas, Natalia Moreno, promotora de la campaña ´Menstruación libre de impuestos’ junto a Milena Sarralde, redactora de la sección de Justicia de EL TIEMPO y Cindy Morales, subeditora de ELTIEMPO.COM.
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