Había pasado una hora desde la aprobación de la ley y ya se había convertido en una batalla judicial, una más, entre California y el Gobierno de Estados Unidos. El gobernador del estado aprobó una ley que básicamente restituye las medidas que impuso el presidente Barack Obama para garantizar la neutralidad del servicio de internet, medidas que Donald Trump fulminó el año pasado. El Departamento de Justicia anunció inmediatamente una demanda para frenarlo.
El gobierno de Donald Trump acabó el pasado diciembre con las normas que protegían lo que se conoce como neutralidad en internet. Consiste en el principio de que todos los datos deben ir a la misma velocidad por la red. Para ello, prohíbe a los proveedores de servicio que ralenticen o aceleren unos contenidos frente a otros. Es decir, garantiza un terreno de juego igual para todos los proveedores de contenidos. Ese principio fue convertido en ley por el gobierno de Obama en el 2015.
Trump anuló estas leyes en diciembre y se alineó con grandes proveedores de internet de Estados Unidos, como ATT, Verizon y Comcast. Para estas empresas se trata de una importante vía de negocio. Llevaban años quejándose de que la obligación de tratar a todos por igual afectaba a su capacidad para invertir en mejoras de la red. El presidente del regulador de telecomunicaciones (FCC), Ajit Pai, dijo entonces que se trataba de “restaurar la libertad”.
Lo que se hizo en California, dominada por los demócratas en todas sus instituciones, es revertir esa política al aprobar una ley de neutralidad en internet que la prensa especializada califica como la más estricta de EE. UU. Básicamente, reinstaura la ley de Obama pero a nivel estatal. La neutralidad en la red se ha convertido en uno de los temas de campaña de los demócratas contra la administración Trump. En California, la defensa de la neutralidad en la red ha sido defendida por los dos partidos.
El Gobierno de Washington reaccionó de inmediato. El fiscal general, Jeff Sessions, publicó un comunicado en el que calificaba la norma de “extrema e ilegal” y “dirigida a frustrar las políticas federales”.
California no va a permitir que un puñado de intermediarios poderosos dicten cuáles son las fuentes de información o la velocidad a la que se cargan las webs
La denuncia anunciada por Sessions se basa en que California está regulando sobre comercio interestatal, que rebasa las fronteras del estado, y por tanto se está metiendo en la jurisdicción federal. “El gobierno federal no debería gastar recursos y tiempo valioso en presentar hoy esta denuncia, pero tenemos la obligación de defender las prerrogativas del gobierno federal y proteger nuestro orden constitucional”.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, al que la ley encarga específicamente actuar contra cualquiera que no cumpla, respondió en un tuit: “Mientras la administración Trump continúa ignorando a los millones de americanos que han alzado su voz para apoyar la neutralidad de la red, California no va a permitir que un puñado de intermediarios poderosos dicten cuáles son las fuentes de información o la velocidad a la que se cargan las webs”.
Según datos del estudio Ciberstates, actualmente hay más de 1,7 millones de personas empleadas en empresas de tecnología en California, que es sede de todo el entramado de empresas de Silicon Valley. El segundo estado con más empleos tecnológicos es Texas, a mucha distancia con 960.000. En cierto modo, California es la sede misma de internet. Gigantes como Facebook, Google, Netflix o Twitter, además de multitud de pequeños negocios, habían hecho campaña a favor de la neutralidad en el servicio.
PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL
Ediciones EL PAÍS