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¿Por qué los sueltan?

¿Por qué los sueltan?

Antes de nuevas leyes antivandalismo, ¿qué tal si revisamos por qué no se cumple lo que hay?

19 de julio 2021 , 08:22 p. m.

En este país en el que, con frecuencia, tienen más garantías ante la justicia los victimarios que las víctimas, conviene darle un repaso a lo que ha ocurrido en los últimos meses con los dichosos vándalos.

Un par de casos muestran lo jodido de la situación. El patrullero Carlos Andrés Rincón, estando en completa indefensión, pues no llevaba el uniforme de policía porque se encontraba de descanso y estaba vestido de civil, fue asesinado y torturado el pasado 3 de junio en Cali. Pese a estar plenamente identificados, dos de los cuatro capturados por estos hechos hoy tienen beneficios judiciales y están dizque en ‘casa por cárcel’, a pesar de que todo el mundo sabe que tienen un riesgo evidente de fuga y de que revisten un peligro probado para la sociedad.

Leidy Londoño, la esposa del patrullero Rincón, no entiende por qué alias la Negra y su compinche están en sus residencias, como si tal. “Solo porque es madre cabeza de familia, cuando mi esposo también tenía un hijo en casa que lo estaba esperando”, le dijo Leidy al periodista Óscar Ramírez, de Noticias RCN.

¡Y Leidy tiene razón! No es que su caso haya quedado archivado, porque la investigación sigue, sino que, por su peligrosidad y la gravedad de la conducta, es increíble que a la ‘Negra’ no le hayan dictado una medida de aseguramiento preventivo y hoy no tengamos certeza de si va a cumplir o se va a volar. Y así, del total de capturados en el Valle del Cauca durante los paros, el 65 por ciento fue dejado en libertad por decisión judicial.

Otro tanto pasa en el Eje Cafetero, según lo reportó la periodista Diana Camacho. De 80 capturados, 61 fueron dejados en libertad en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.

Puede que haya habido errores en las capturas, y la Policía tendría que refinar más estos procedimientos. También puede ocurrir que la fiscalía esté fallando en sus imputaciones y la exhibición de pruebas frente a cada uno de esos casos, aunque ya existen sendas directivas para el manejo de los paros y las medidas de detención preventiva que han contribuido a tomarse más en serio estos procedimientos.
Pero también ocurre –y aquí tenemos que detenernos– que algunos de nuestros jueces están siendo demasiado laxos en sus interpretaciones de la norma y están favoreciendo de manera arbitraria a quienes deberían estar tras las rejas por los delitos cometidos.

Para no ir más lejos, miren este otro caso que fue denunciado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ). El 5 de junio, la Policía capturó a 19 personas que se encontraban bloqueando la Y de Palmira, afectando la movilidad durante 30 días seguidos. Para el juez que conoció el caso, nada pasó. Uno de sus argumentos para dejar en libertad a los que causaron los bloqueos es que había rutas alternas y aunque taparon una vía importante de manera sostenida y persistente, al juez todo ello le pareció inofensivo.

Ante esto, la CEJ presentó una queja formal en la recién inaugurada Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El balón ahora está en su cancha en esta y otras circunstancias que tienen que ser investigadas a fondo para ver si existen faltas disciplinarias e, incluso, delitos de algunos jueces alcahuetes o ideologizados que han pervertido la esencia de su oficio.

El país tiene que tomarse en serio la judicialización de los violentos, no con nuevas leyes sino con la aplicación estricta de las que ya existen. Mientras tanto, pueden capturar a toda la primera línea de todas las ciudades de Colombia, pero si los fiscales y los jueces no hacen bien lo suyo, aquí las normas seguirán siendo letra muerta y los delincuentes reincidirán cuantas veces quieran, abusando de la impunidad consentida que les ofrece el sistema.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

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