Un informe publicado en este diario el domingo pasado le recordó al país las dimensiones de la economía subterránea en Colombia, un paraguas que abarca tanto la informalidad como la ilegalidad. De acuerdo con cifras recopiladas por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), su tamaño alcanza los 304 billones de pesos anuales. Tal dimensión no solo equivale a más del 30 por ciento de la producción anual del país, sino que puede, incluso, equipararse con la del sector agropecuario.
Y hay más: según el mismo estudio, actividades ilegales que incluyen el narcotráfico y el lavado de activos alcanzan el 1,9 por ciento del PIB, esto es, 16 billones de pesos. Y si estas cifras inquietan, las de la informalidad obligan a revisar el tema con lupa y contener la respiración. Se trata, nada menos, que del 33,5 por ciento del PIB: 288 billones de pesos. Atadas a esta están la del empleo informal –64 por ciento del total de la población económicamente y activa– y la empresarial –54 del total de las empresas–.
Aunque ha habido avances –la tajada total de la economía subterránea en el PIB cayó del 49,6 por ciento en 1985 al 35,1 actual–, este diagnóstico sigue siendo preocupante, sobre todo a la luz de un país que quiere saldar su deuda social y pretende, entre otros objetivos, ser admitido en organizaciones como la Ocde. En general, en tiempos como los que corren, de vientos de cola para la economía, el peso de este lastre aumenta y obliga a redoblar los esfuerzos para alivianarlo.
Las cifras de la informalidad obligan a revisar el tema con lupa y contener la respiración. Se trata, nada menos, que del 33,5 por ciento del PIB: 288 billones de pesos
Recetas hay varias. La Anif, en su estudio, subraya la necesidad de disminuir el uso del dinero en efectivo fomentando la formalización transaccional, la cual crearía un círculo virtuoso que llevaría también a la formalización laboral y tributaria. Por esta vía se puede esperar un aumento de la producción y, en consecuencia, del empleo. Hay que tomar nota.
Pero, cualquiera sea el camino que se elija, lo necesario a estas alturas es dejar claro que, de cara al futuro, este es el gran reto del país. Plantear el desafío de disminuir el tamaño de la economía subterránea es hablar de garantizar la inclusión de millones de colombianos en el ámbito formal. Esto, ante todo, implica muchas mayores probabilidades de acceso a bienes y servicios que mejoren duradera y sustancialmente las condiciones de vida de millones. También es la vía para disminuir la desigualdad, para garantizar que el tejido social se haga más robusto.
Tan importante como lo anterior es que este esfuerzo supone, así mismo, dar fin a un caldo de cultivo en el que hoy crecen y se reproducen distintos males, entre ellos el clientelismo y, de su mano, la corrupción en el ejercicio de la política. Un auténtico círculo vicioso. Y es que cuando la informalidad es ley, el clientelismo es para millones la única manera de arañar algún grado de bienestar. Y este se convierte en dádiva, no en derecho, como debe ser.
En suma, cuando se habla de presencia estatal, muchas veces se pasa por alto que esta, más allá de hospitales y colegios, necesarios, claro, se decide en el hecho de que la gente en su vida cotidiana no prefiera el atajo sino el camino de la formalidad. Aquel que debe tomar cualquier sociedad que quiera garantizar un mejor futuro para las generaciones venideras.
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La informalidad representa el 95 por ciento del tamaño de la economía subterránea.
Juan Pablo Rueda / Archivo EL TIEMPO
