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Una política migratoria

El proyecto presentado por la Cancillería es un paso en la dirección correcta.

Editorial .
Los retos que trae la llegada masiva de ciudadanos venezolanos al país obligan a realizar ajustes, pero también transformaciones de fondo. Esfuerzo que debe comenzar por las políticas estatales al respecto. Esto es, la normativa vigente y el diseño institucional. Un proyecto de ley que el propio canciller Carlos Holmes Trujillo radicó ante el Congreso la semana pasada busca trazar la hoja de ruta que permita adelantar esta tarea, sin lugar a dudas inaplazable.
La iniciativa es meritoria en la medida en que da cuenta de conceptos –apátrida, migrantes pendulares, derecho a la unidad familiar– y problemas específicos –trata de personas– que han surgido o se han agudizado de la mano con la crisis venezolana y la forma como esta ha llevado a millones de personas a abandonar el país. Por lo menos 1’300.000 de ellas están ya en territorio colombiano. Es un fenómeno, no sobra recordarlo, con muy pocos precedentes conocidos en la historia reciente.
No cabe duda de la necesidad de una ley marco como la propuesta en el proyecto de marras. Actualiza el Sistema Nacional de Migraciones y con él, numerosos procedimientos y trámites. Todo con el fin de sintonizar la normativa con la nueva realidad en este terreno, una muy diferente de la que se vivía en 2011, cuando se aprobó la Ley 1465, antecedente inmediato en la materia. Hay que valorar también que esta sigue en la línea de acoger a quienes llegan al país con el fin último de que aporten “a la cultura, economía, ciencia y diversas facetas del desarrollo de las naciones”.

La discusión de esta necesaria hoja de ruta no puede terminar contaminada por las pasiones y
las tensiones propias de esta época electoral

Es importante que en la discusión de esta iniciativa no se pasen por alto asuntos llamados a enriquecerla y, fundamental, tomar muy en cuenta la lectura que del asunto tienen las autoridades locales de las zonas de frontera.
Otros proyectos en el mismo sentido contemplan dichas cuestiones, por lo que es factible que tarde o temprano se unifiquen los textos. Está, en primer lugar, facilitar tanto como sea posible el acceso de los migrantes al mercado laboral de una manera razonable, eficaz y digna, lo que, entre otras ventajas, permitiría reconocer los estudios realizados en el país de origen. De nuevo surge el desafío del acceso a los servicios sociales del Estado, en particular a la salud y la educación. En este último, la ley debe procurar que la inserción de quienes llegan sea armónica y con menos traumatismos, tanto en lo académico –nivelación– como en la convivencia en las aulas: evitar el matoneo. En el marco del debate que ya está en curso se ha hablado incluso de la necesidad de que el reparto de los recursos del sistema general de participaciones en estos dos terrenos reconozca a los migrantes que han llegado del otro lado de la frontera.
Dicho lo anterior, cabe recomendar que la discusión no termine contaminada por las pasiones y las tensiones propias de esta época electoral, lo cual sería gravísimo. Debe preservarse el esfuerzo de este gobierno y el anterior por mantener el asunto lejos de los vientos populistas y, peor, xenófobos. No se puede bajar la guardia frente al acecho de quienes saben que la exacerbación de estos sentimientos es un atajo para cosechar apoyos.
editorial@eltiempo.com
Editorial .
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