Una misión fundamental

Una misión fundamental

La tarea de la Comisión de la Verdad debe contar con la colaboración de todos.

22 de julio 2018 , 12:04 a.m.

Una lección aprendida en todos los conflictos del mundo que han llegado a su fin a través de negociaciones de paz es que la plena verdad, incluso a veces por encima de la justicia, es uno de los mejores bálsamos para los males que ha dejado la guerra.

Ayudar a reconstruir la historia de lo que pasó durante más de 50 años de conflicto es, ni más ni menos, la misión que tiene la Comisión de la Verdad acordada con las Farc en La Habana y presidida por el padre Francisco de Roux, uno de los hombres más respetados del país, precisamente por su trayectoria en defensa de los derechos humanos, sin importar las banderas de los perpetradores.

Esa comisión dispone de tres años, contados a partir de noviembre próximo, para elaborar el informe final (el cual no tiene efectos judiciales) que debe esclarecer los patrones de la violencia en el país, así como las responsabilidades en la guerra, sus causas y las razones por las que esta siguió –y sigue– viva, cuando otras confrontaciones similares en el hemisferio y en el mundo terminaron poco después del colapso de la Unión Soviética y el consiguiente fin de la Guerra Fría.

Con seriedad, desde finales del año pasado, la comisión entró en contacto con diferentes sectores relacionados con el conflicto y ha empezado a esbozar sus derroteros. Reuniones con los altos mandos militares y las antiguas cabezas de la desmovilizada guerrilla de las Farc, con funcionarios del actual gobierno y también con el nuevo presidente, Iván Duque, le han servido al nuevo organismo para cimentar unos contactos que no solo serán claves para garantizar el cumplimiento de su fundamental misión, sino que sirven además para desarmar espíritus y conjurar fantasmas de supuestas parcialidades con los que desde algunos sectores se ha pretendido descalificar la institucionalidad creada por el acuerdo de paz.

En ese sentido, hay que destacar los resultados del encuentro de hace una semana en la Escuela de Cadetes José María Córdova –precisamente, la alma mater de los altos oficiales del Ejército nacional–, en el que la comisión, el Ministerio de Defensa y la cúpula acordaron los mecanismos para tramitar de manera constructiva la solicitud de entregar toda la información de inteligencia militar desde 1953 hasta hoy, así como las identidades de los agentes que recabaron esa inteligencia. También, los documentos de doctrina militar hasta el presente.

Colombia ha sufrido una larga y dolorosa guerra. Hay mucha verdad aún en la oscuridad y que debe salir a la luz, entre otras razones para alivio de las víctimas y para que nunca vuelva a ocurrir

Sobre la base de “generar mecanismos de trabajo conjunto para aunar esfuerzos en favor del esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición”, se acordaron responsabilidades y mecanismos para apoyar la labor de los comisionados. Pero, así mismo, luego de ese encuentro quedó claro que las identidades de los agentes de inteligencia y la información que sigue teniendo relevancia para la seguridad nacional –porque el conflicto claramente no ha terminado– continúan teniendo reserva, en cumplimiento de varias leyes y de la conveniencia de la nación.

No se trata, como algunos podrían pensar, de proteger actuaciones indefensables. De hecho, desde diciembre del año pasado, el ministro Luis Carlos Villegas y el padre De Roux llegaron a un entendimiento para abrir miles de archivos de las Fuerzas Militares, lo cual era impensable hace apenas unos años.

Pero algo va de buscar información útil para establecer eventuales patrones de prácticas discriminatorias o claramente violatorias de los derechos humanos –que, desafortunadamente, han existido en algunas instituciones de seguridad– a poner en riesgo a esos agentes de inteligencia que aún hoy, y claramente apegados a la Constitución y la ley, arriesgan su vida e integridad para proteger a los demás colombianos.

Todo ciudadano tiene la obligación moral –y en el caso de los funcionarios públicos y los actores del conflicto, la obligación legal– de colaborar en la misión fundamental de la Comisión de la Verdad. Eso nadie lo discute. Pero también es un hecho que el país espera, tanto de la comisión como de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que finalmente ha empezado a andar, las señales correctas.

Y estas no son otras que las que demuestran que el acuerdo de paz y toda su implementación apuntan al único objetivo de alcanzar la reconciliación entre todos los connacionales, con plenas garantías, en especial para las víctimas, y sin esguinces que den pie a abrir nuevas y dolorosas heridas sobre aquellas que todavía no hemos terminado de cerrar.

Colombia ha sufrido una larga y dolorosa guerra que ha costado sangre, vidas, bienes y desarraigos. Hay mucha verdad aún en la oscuridad y que debe salir a luz, entre otras razones para alivio de las víctimas y para que nunca vuelva a ocurrir. Tiene que haber resolución y colaboración para lograrlo.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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