Una mala noticia

Una mala noticia

Suspender la licitación de TransMilenio por la séptima acarrea unos costos enormes para Bogotá.

Por: EDITORIAL 
23 de mayo 2019 , 07:59 p.m.

La decisión del juez 49, Jorge Luis Lubo, de ratificar las medidas cautelares mediante las cuales suspende la adjudicación de la licitación para la construcción de una troncal de TransMilenio por la carrera séptima de Bogotá se da en un marco preocupante y acarrea, de no prosperar la apelación del IDU, enormes costos para la ciudad en un momento crítico. Aunque la decisión debe respetarse, esto no obsta para calificar sus consecuencias como una mala noticia para la capital, hecho que tiene que llevar a una profunda reflexión.

Entre predios, estudios y distintas pólizas, el monto que se perdería sería cercano a los 400.000 millones de pesos provenientes de los impuestos de los bogotanos. Quedarían también en vilo los 2,4 billones que el Concejo aprobó para la realización de la megaobra y se afectaría la generación de unos 20.000 empleos, según cálculos de la alcaldía.

La principal vía de la zona de mayor dinamismo económico de la capital del país, de no tomar otro rumbo las cosas, va a colapsar definitivamente. Si hoy en día en horas pico la velocidad promedio es de menos de un dígito, al punto de que caminar es ya mejor opción, preocupa mucho imaginarse el escenario en cinco o diez años. No sobra recordar que el parque automotor de Bogotá viene creciendo a pasos acelerados. Y es que cualquier otro proyecto de transporte masivo que se lleve a cabo, en caso de que se halle alguno factible, requerirá necesariamente de un nuevo e igualmente prolongado lapso de planeación previa. Mientras tanto, los costos y perjuicios serán colosales.

Debe discutirse si al país le conviene que un despacho judicial pueda frenar proyectos con probado aporte al bienestar general.

No menos importante es el impacto de esta decisión en la calidad de vida de quienes todos los días se desplazan entre los extremos sur y norte de la ciudad. Ciudadanos para quienes este proyecto era una luz de esperanza, pues se calcula que puede reducir de dos horas a 50 minutos el tiempo de viaje diario. E imposible, así mismo, no referirse a lo que significa para el ambiente, la calidad del aire y la emisión de gases de efecto invernadero el que miles de usuarios de este corredor opten por pasarse a la moto o quedarse en el carro particular, como única alternativa.

Inquietan, por último, las particularidades de la acción popular que condujo a este punto. Por un lado está el que, al parecer, en la balanza del despacho judicial haya pesado más una herramienta como Google Earth que los planos del Catastro. De otro lado, el IDU ha sido claro en que el edificio Altos de la Cabrera, cuyos residentes la promovieron, invadió al construirse una zona de reserva vial, desconociendo el POT del 2004 y un decreto del 2010. Uno de los argumentos del juez fue, justamente, que a esa altura los diseños no respetan el mínimo de metros de ancho de vía exigido. Sobre esto último, el IDU también ha aclarado que dicha exigencia solo se puede aplicar sobre vías nuevas.

Sea cual sea el desenlace de un episodio con ciertos tintes macondianos, sí es claro que estamos ante un argumento más para quienes desde hace tiempo vienen pidiendo que se discuta en los escenarios que corresponde si al país le conviene que un juez tenga la potestad de frenar proyectos de tal magnitud y cuyo aporte al bienestar de una mayoría está suficientemente probado.

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