Una apuesta decisiva

Una apuesta decisiva

Implementar el catastro multipropósito es un paso que el país debe dar cuanto antes.

Por: Editorial
20 de julio 2019 , 11:42 p.m.

Hay decisiones que en materia de políticas públicas se toman lejos de los reflectores, no obstante su carácter decisivo y trascendental para el futuro del país. Tal es el caso de la reciente aprobación por el Conpes de la nueva política catastral para el país. Es un paso que, de concretarse según lo previsto, sería clave para que Colombia pueda avanzar en la dirección correcta en múltiples campos: desde la infraestructura y el ordenamiento del territorio hasta la obligatoria y urgente lucha contra la deforestación.

Es imperativo subrayar que, para las administraciones y las distintas instituciones, es fundamental contar con información oportuna y actualizada del territorio a fin de tomar mejores decisiones y diseñar políticas y programas que en realidad transformen positivamente la vida de la gente. Sin un catastro actualizado y multipropósito, como es el objetivo de esta política, se compromete, incluso, la seguridad jurídica y se hace mucho más complejo contar con herramientas que hagan posible priorizar el gasto público.

Así las cosas, el principal salto que permitirá la nueva política consiste en que este registro no se limite, como ha sucedido hasta la fecha, a la información de los predios necesaria para el recaudo del impuesto predial de los municipios (que, por supuesto, seguirá siendo de vital importancia). Como consecuencia de lo dispuesto en el Plan de Desarrollo aprobado por el Congreso en la pasada legislatura y en la mencionada política, que ya tuvo el visto bueno del Conpes, el catastro será un servicio público a cargo de cada municipio –ya no del Instituto Agustín Codazzi– y tendrá una misión que trasciende lo fiscal.

Deberá proporcionar información confiable para el ordenamiento territorial, la planeación y la gestión ambiental, entre otros aspectos. De igual forma, deberá estar integrado a otros registros de información estatal. Para ello se ha dispuesto de un soporte tecnológico consistente en imágenes satelitales de alta definición que, en principio, posibilitarán superar obstáculos de acceso a territorios que en el pasado han truncado esfuerzos en este campo.

Se trata de una transformación que hace tiempo y desde varias orillas se venía pidiendo: está en los acuerdos de paz firmados con las Farc. Para hacerla realidad se cuenta con los recursos de un crédito firmado con el Banco Mundial, por 100 millones de dólares, y otro por suscribirse con el Banco Interamericano de Desarrollo, por 50 millones de dólares. Y esta es la vía para la formalización de la propiedad rural, primordial si lo que se pretende es construir una sociedad más equitativa. Los avances en este rubro permitirán aumentar el acceso a la propiedad, así como a muchos colombianos poder contar con servicios estatales para los cuales es un requisito haber formalizado la propiedad de los predios. También serán la base requerida para conformar de manera robusta el banco de tierras del Estado, contemplado asimismo en los acuerdos.

Esta es la vía para la formalización de la propiedad rural, fundamental si lo que se pretende es construir una sociedad más equitativa

En este frente será vital la iniciativa, pero no menos importante además para la adecuada planeación y ordenamiento del territorio. De cara al crecimiento de los cascos urbanos en tiempos en que los fenómenos climáticos se hacen cada vez más intensos, es fundamental contar con información de calidad para definir los usos de la tierra de tal modo que se evite construir en zonas de riesgo, pero que también garantice la preservación de terrenos que aseguren la provisión de alimentos y los servicios ecosistémicos. En este aspecto son muchos los palos de ciego que se han dado, y a un costo enorme; la información que este registro aportará está llamada a reducir al máximo estos bandazos que con frecuencia dan pie a verdaderas catástrofes.

El reto es enorme. Comienza por el hecho cierto de que a hoy, solo el 5,68 por ciento del territorio nacional cuenta con información catastral actualizada, mientras que el 28,32 no tiene información, no hay predios formalmente constituidos. Las metas planteadas son ambiciosas: se espera que en 2022, el 60 por ciento del catastro del país esté actualizado y dicha cifra llegue a 100 en 2025. Para entonces, de cumplirse el objetivo, existirá un registro actualizado con información precisa de las condiciones ambientales, niveles de productividad y titulación de los predios del país.

Ahora bien, llegar a este punto supone contar con el compromiso firme y decidido de los distintos entes locales para evitar que así se desvirtúe un esfuerzo necesario, bienintencionado y, por lo que se sabe hasta ahora, adecuadamente trazado. Será deber de los gobernantes municipales garantizar que la recolección y el procesamiento de la información se hagan bajo los más estrictos cánones de eficiencia y transparencia. No puede haber lugar aquí para trampas o torpezas.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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