Un pacto urgente

Un pacto urgente

Los partidos políticos deben apoyar el acuerdo propuesto por el Presidente.

Por: Editorial
19 de mayo 2019 , 12:47 a.m.

Conforme se decantan las aguas tras la tormenta de esta semana, es necesario fijar la atención en las alternativas a la mano para superar la grave crisis que, sobre todo en el plano judicial, dejaron los sucesos de los últimos días. No fue solo todo lo acontecido en torno a Jesús Santrich, también fue la salida de dos altos funcionarios: el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.

La que termina fue, en suma, una semana marcada por la tensión y el suspenso como pocas se recuerdan en la historia reciente del país. Todo comenzó el miércoles, cuando se conoció que la sala de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz había decidido concederle a Jesús Santrich la garantía de la no extradición y, al tiempo, ordenó su libertad inmediata. Fallo que se hizo efectivo el viernes tras el ‘habeas corpus’ que su defensa radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá. Pero, una vez en libertad, a los pocos segundos, vino su recaptura por parte de la Fiscalía, que le tenía una orden de captura por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y por narcotráfico.

Lo anterior, en un marco de enorme tensión alimentada no solo por la polarización del ámbito político, sino por hechos puntuales como la aparición de un nuevo video que podría complicar más la situación de Santrich, de un episodio en el que este se infligió lesiones y de la circulación incesante de múltiples versiones –entre miércoles y viernes– sobre eventuales herramientas a las que se dijo recurriría el Gobierno para evitar que el exguerrillero saliera de prisión.

A la espera de lo que ocurra con la situación jurídica del protagonista de esta compleja historia, lo que procede es mirar hacia adelante. Pues no solo está el ya novelesco episodio del exguerrillero en el panorama, sino también el avance de las investigaciones del caso del llamado ‘cartel de la toga’ y las tensiones entre las altas cortes y el Gobierno de Estados Unidos por la decisión de este de quitarles la visa a algunos magistrados.

No hay duda, pues, de que el aparato judicial colombiano vive días de intensa turbulencia, como pocas veces se ha visto en la historia del país. Dicho coloquialmente, el palo no está para cucharas.

Frente a esta inestabilidad, el camino tiene que ser el de un acuerdo político para tratar de urgencia sus principales males y que a mediano plazo permita la tantas veces fallida reforma. Esto es, un pacto como el que propuso el presidente Iván Duque una vez conocida la noticia de la dimisión de Martínez Neira, y al que ya se le han dado algunas puntadas en sentido parecido al que había sido puesto sobre la mesa desde estos renglones hace un par de semanas.

La iniciativa presidencial, que surge en buena hora, y en la que seguirá trabajando esta semana, tiene que convertirse en la hoja de ruta de la salida definitiva de la actual crisis. En su alocución del miércoles, el primer mandatario hizo el llamado en estos términos: “Convoco a los partidos políticos para que adelantemos todas las reformas necesarias que nos permitan cerrarles las puertas al narcotráfico, a la impunidad, fortaleciendo la extradición como uno de los mecanismos que han probado su eficacia en la lucha contra los criminales transnacionales”.

No sobra decir que ante una situación así de compleja es vital que las fuerzas políticas se concentren en los puntos de unión mucho más que en los factores de tensión y división. Es fundamental un voto que renueve la confianza en las reglas básicas de juego, para alejar, por esta vía, el fantasma de ese salto al vacío que se llama asamblea constituyente. Un acuerdo como este sería un mensaje contundente y necesario de que más allá de las tensiones, sigue siendo común y compartido el interés porque los cimientos del Estado de derecho se mantengan protegidos de los temblores y los vientos cruzados que trae hoy la coyuntura.

En términos concretos, dicha hoja de ruta debe lograr que muy pronto haya consenso sobre temas claves de la Jurisdicción Especial para la Paz, que siguen siendo fuente de inestabilidad. De primero en la lista, tal y como lo dejaron claro las palabras de Duque, está el de la extradición. En este asunto puntual, lo deseable sería encontrar el camino legal para cerrar definitivamente cualquier boquete a través del cual responsables del delito de narcotráfico evadan esta valiosa herramienta, recurriendo a lo establecido en los acuerdos de paz. Esto, en plata blanca, significa que el funcionamiento de este mecanismo no cambie, se siga dando en los mismos términos de las últimas décadas y que personas que nada tuvieron que ver con el conflicto no se blinden frente a esta, argumentando estar en condiciones de aportar verdad en procesos bajo el paraguas de la JEP.

Un paso firme que se dé en esta materia deberá generar la confianza y la tranquilidad que se necesitan para los restantes. Que son apremiantes y de ninguna manera pueden terminar en el pantano de la soberbia, el cortoplacismo y la milimetría política.

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editorial@eltiempo.com

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